Otra semana que inicia mal para la esposa del presidente de Gobierno.
La Fiscalía ha rechazado que se admita a trámite la querella por prevaricación contra el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que pretendía interponer la defensa de Begoña Gómez, en un nuevo intento por apartar al magistrado que dirige la investigación que la señala por presunto tráfico de influencias. Esta es la segunda derrota judicial para la esposa de Pedro Sánchez: el viernes pasado el Tribunal Superior de Madrid tumbó el primer recurso contra el magistrado.
De esta manera, la propia Fiscalía -que se ha convertido en parte de la defensa de Begoña Gómez – considera que el recurso en el que se acusaba al juez por presuntos delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretos y/o de revelación de secretos o informaciones que no deban ser divulgados, no tiene ningún asidero. Y ante la previsible derrota en la Audiencia Provincial, determinaron que no tiene recorrido judicial.
El Ministerio Público indica que “en este momento y con los indicios y argumentos jurídicos que se aportan en esta querella (…), no se dan los presupuestos legales exigidos para su admisión a trámite”, de acuerdo a la información difundida al emitir su resolución. Señala que “solo puede predicarse la injusticia” cuando las actuaciones y sentencias no son sostenibles “mediante ningún método aceptable de interpretación de la ley”.
De esta forma, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid toma la misma posición que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su resolución emitida el pasado viernes, 11 de octubre, contra la querella presentada por Máximo Pradera contra el juez Peinado, en la que le acusaba de lo mismo.
La Fiscalía de la Comunidad de Madrid tomó la misma posición contra el recurso interpuesto por el periodista y en la que se apoyó el TSJ para rechazar la acusación contra el magistrado. En esa acusación, Pradera criticaba que Pradera que se hubiese dado a conocer a los medios de comunicación, a través el gabinete de prensa del TSJ madrileño, la investigación contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El ente judicial señala que en la información difundida, «tan solo se da cuenta de la incoación de las diligencias, los indicados delitos que dan pie a ello, la persona investigada, quien formula la denuncia y el secreto de las actuaciones».
Irónicamente, la Justicia afeó al periodista al defender en su resolución que «comunicar, simplemente, que se sigue un proceso penal sin los citados datos dejaría vacío dicha naturaleza pública del proceso, especialmente cuando tensiona con el derecho a la información, constitucionalmente reconocido».
