La UCO desnuda al fiscal general de Sánchez: Pillado in fraganti en su intento de borrar las pruebas

En un giro inesperado que ha sacudido los cimientos del sistema judicial español, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, cambió su teléfono móvil apenas una semana después de que el Tribunal Supremo iniciara una investigación en su contra.

Este movimiento, que podría parecer rutinario en otras circunstancias, ha encendido todas las alarmas en el seno de la investigación por revelación de secretos en el caso relacionado con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La UCO, en un informe remitido al magistrado Ángel Hurtado, ha confirmado que García Ortiz estrenó terminal telefónico el 23 de octubre de 2024, justo siete días después de que el Alto Tribunal abriera diligencias contra él.

Este timing no ha hecho más que alimentar las sospechas sobre posibles maniobras de ocultación por parte del fiscal general.

Detalles demoledores

Los investigadores han identificado dos números de teléfono:

• Uno a nombre de García Ortiz
• Otro asociado a la Dirección General de Racionalización de Contratación

Lo más llamativo: «Cero mensajes» en el período clave del 8 al 14 de marzo, justo cuando se produjo la supuesta filtración de información sensible.

Una coincidencia que suena más a estrategia que a casualidad.

El caso, que tiene sus raíces en la filtración de correos electrónicos confidenciales, ha ido escalando en gravedad a medida que avanzan las pesquisas.

La Guardia Civil, tras analizar los identificadores técnicos (IMSI/IMEI) asociados a las tarjetas del móvil incautado durante el registro de su despacho el 30 de octubre, llegó a la conclusión de que se había producido un cambio de dispositivo en la fecha mencionada.

Las trampas y ocultaciones del fiscal general

Lo que más ha llamado la atención de los investigadores es la ausencia total de mensajes en el período clave del 8 al 14 de marzo de 2024, fechas cruciales para la filtración denunciada por González Amador.

Este vacío comunicativo contrasta llamativamente con los mensajes encontrados en el teléfono de Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, también imputada en el caso, donde sí aparecen comunicaciones con García Ortiz durante ese mismo período.

La Fiscalía ha intentado justificar el borrado alegando «protocolos internos de seguridad».

Sin embargo, la UCO ha dejado claro que este argumento suena más a excusa que a explicación legítima.

El cambio de terminal no es la única acción sospechosa atribuida a García Ortiz. La investigación ha revelado un patrón de comportamiento que sugiere un intento sistemático de borrar huellas.

El «cero mensajes» encontrado en su teléfono habitual ha sido justificado por la Fiscalía como parte de un protocolo de seguridad que implica borrados periódicos. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a los investigadores, que ven en ello una posible estratagema para eliminar pruebas incriminatorias.

La complicidad de Sánchez y el cerco de la Guardia Civil

Pedro Sánchez continúa respaldando a su fiscal general, pero cada informe de la Guardia Civil estrecha más el cerco sobre García Ortiz.

Las probabilidades de terminar en el banquillo aumentan por momentos.

A pesar del escándalo, Pedro Sánchez ha mantenido su apoyo al fiscal general, una postura que ha sido duramente criticada por la oposición y diversos sectores jurídicos.

Este respaldo del presidente del Gobierno ha sido interpretado por muchos como un intento de proteger no solo a García Ortiz, sino también los intereses del propio ejecutivo.

Datos sobre el caso

• El cambio de móvil de García Ortiz coincidió curiosamente con el día de la Fiesta Nacional de España, el 23 de octubre, una fecha que ahora quedará marcada en el calendario judicial.
• La Asociación de Fiscales ha solicitado públicamente a García Ortiz que emita un comunicado explicando «sin matices su posición neutral y su independencia respecto del ejecutivo». Hasta la fecha, este pronunciamiento no se ha producido, lo que ha aumentado las especulaciones sobre su verdadera independencia.
• En un giro irónico, el protocolo de seguridad que supuestamente justifica el borrado de mensajes fue establecido en 2019, mucho antes de que García Ortiz asumiera el cargo de fiscal general. Algunos bromean diciendo que es el protocolo más conveniente que podría haber heredado.
• La investigación ha revelado que García Ortiz no solo cambió de móvil, sino que también se aseguró de formatear completamente su antiguo dispositivo. Algunos comentaristas políticos han comparado esto con «quemar el barco después de llegar a la isla».
• El caso ha generado un debate sobre la necesidad de actualizar las leyes de protección de datos en el ámbito judicial. Algunos expertos sugieren, medio en broma, que quizás sea necesario crear una nueva figura delictiva: «destrucción de pruebas por exceso de celo en la protección de datos».