Los jueces y fiscales plantan cara a Félix Bolaños: «Etiquetar de bulos nuestras críticas es deslegitimar la discrepancia»

La tensión entre el Gobierno y los representantes del poder judicial ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. Cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales han salido en bloque a responder a las acusaciones del Ejecutivo, que ha calificado de «bulos» sus críticas a la reforma de acceso a ambas carreras, conocida popularmente como «ley Bolaños».

En un contundente comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han plantado cara a lo que consideran un intento de silenciar sus legítimas discrepancias.

«Consideramos que recurrir a la etiqueta de los ‘bulos’ es una forma burda de deslegitimar la discrepancia en democracia», señalan las asociaciones en su comunicado, donde defienden su derecho a valorar las reformas legislativas «en la medida en que afecten a nuestras condiciones profesionales y a la independencia y autonomía del ejercicio de nuestra función».

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El origen del conflicto se encuentra en el proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, aprobado a mediados de mayo por el Consejo de Ministros. Según el ministro Félix Bolaños, esta reforma -la mayor del sistema en 40 años- persigue la igualdad de oportunidades. Sin embargo, para las asociaciones firmantes, supone «un retroceso en el respeto a principios constitucionales como el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, con grave riesgo para la independencia judicial».

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha respondido acusando a estas asociaciones de «no apostar por el rigor» y «no ajustarse a la verdad», llegando a calificar sus críticas directamente como «bulos». Una postura que ha soliviantado aún más a los colectivos judiciales, que exigen «un trato respetuoso» por parte del Ejecutivo.

Los puntos de fricción de la reforma

El principal punto de controversia se centra en el proceso de regularización de jueces sustitutos. Las asociaciones denuncian que la reforma pretende incluir en el sistema a «jueces afines al Gobierno», reduciendo «notablemente» la exigencia de conocimientos, lo que en su opinión «vulnera los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad».

«El necesario reconocimiento de los derechos profesionales de jueces y fiscales sustitutos no exige su integración en las carreras judicial y fiscal, y menos por una puerta creada al efecto y sin garantías. Retamos al Gobierno a que publique esos requerimientos de Europa para que convierta en jueces y fiscales de carrera a los sustitutos», señalan en su comunicado.

Desde el Ministerio defienden que la reforma es necesaria porque la Comisión Europea ha advertido a España sobre la necesidad de evitar el nivel de precariedad actual, negando que el proceso vaya a servir para introducir jueces afines a la carrera judicial.

Otro aspecto polémico es la prohibición de financiación privada de las asociaciones judiciales. El Gobierno considera que va contra «la apariencia y el prestigio» de estas organizaciones que reciban financiación de entidades privadas sobre las que después tienen que dictar sentencias.

Movilizaciones en marcha

La respuesta del colectivo judicial no se ha limitado a comunicados. A pesar de que por el momento se ha descartado ir a la huelga general, como pedían numerosos profesionales a través de un movimiento espontáneo, se ha convocado un paro de diez minutos para el próximo 11 de junio a mediodía a las puertas de todas las sedes judiciales de España.

Este gesto, lejos de ser meramente simbólico, representa una protesta contundente contra unas reformas que, según los convocantes, suponen «un serio retroceso en el Estado de derecho» y una amenaza directa a la independencia judicial.

Es significativo que las únicas asociaciones que no se han sumado a esta protesta sean las de corte progresista: Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, lo que ha llevado a algunos críticos a cuestionar si existe una división ideológica en la valoración de estas reformas.

Un conflicto que trasciende lo jurídico

Este enfrentamiento entre el Gobierno y la mayoría de asociaciones judiciales y fiscales se produce en un contexto de creciente tensión institucional. Algunos analistas ven en estas reformas un intento del Ejecutivo por aumentar su control sobre el poder judicial, especialmente en un momento en que varios casos judiciales afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez.

Las asociaciones han ido más allá de la protesta nacional y han remitido cartas a partidos políticos y organismos europeos para denunciar lo que consideran un ataque a la independencia judicial. Su mensaje es claro: «Expresar nuestra opinión y transmitirla responsablemente a la sociedad y a las carreras alertando de los riesgos implícitos en la norma proyectada no supone difundir información falsa».

En su comunicado, los jueces y fiscales han querido desmontar uno por uno los argumentos del Gobierno, acusando al Ejecutivo de «tergiversar» sus objeciones a las reformas «con manipulación interesada». Solicitan que se les mantenga «al margen de calificaciones o etiquetas como bulo, fango o similares» y que se les permita «seguir realizando nuestra función recibiendo el trato respetuoso que dispensamos».

Datos curiosos sobre la reforma judicial

La reforma propuesta por Bolaños representa la mayor transformación del sistema de acceso a la carrera judicial en cuatro décadas. Paradójicamente, mientras el Gobierno defiende que busca modernizar y democratizar el acceso a la judicatura, las asociaciones reconocen como positivo el sistema de becas para aspirantes sin recursos, pero rechazan frontalmente el mecanismo de integración de jueces sustitutos.

Actualmente, España cuenta con unos 5.400 jueces en activo, una ratio de 11,5 jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media europea que se sitúa en 17,6. Esta escasez ha provocado que el sistema dependa en gran medida de jueces sustitutos, cuya situación de temporalidad es precisamente uno de los argumentos que esgrime el Gobierno para justificar la reforma.

El conflicto ha generado un movimiento espontáneo entre jueces y fiscales, con más de mil profesionales que inicialmente impulsaron una propuesta de huelga general, algo inédito en la historia judicial española. Aunque finalmente se ha optado por una protesta más moderada, el mero planteamiento de una huelga judicial muestra la profundidad de la crisis institucional que atraviesa uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho español.