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CUESTIONA LA AMNISTÍA DEL PROCÉS ANTE EL TJUE

Terremoto político en Bruselas: la Comisión Europea califica de «autoamnistía» y nefasta la ley pro-Puigdemont de Sánchez

La Comisión Europea acusa al Gobierno español de impulsar una amnistía “contraria al Estado de Derecho” y destinada a asegurar la investidura de Sánchez

Periodista Digital 10 Jun 2025 - 08:19 CET
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El debate sobre la ley de amnistía promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez para los responsables del proceso independentista catalán ha cruzado definitivamente las fronteras nacionales.

A fecha de 10 de junio de 2025, la polémica ha escalado hasta Luxemburgo, donde la Comisión Europea ha remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) unas observaciones demoledoras: califica la norma como una “autoamnistía” y considera que es “contraria al principio del Estado de Derecho”.

Esta toma de posición supone un auténtico terremoto político. Bruselas no solo pone en entredicho la constitucionalidad interna del texto, sino que subraya su posible incompatibilidad con los valores fundacionales de la Unión Europea.

En el documento presentado ante el TJUE, la Comisión Europea desgrana varios argumentos que dejan en mal lugar al Ejecutivo español:

Parlamento Europeo: condena formal e histórica

El dictamen comunitario ha llegado acompañado por otro hito: por primera vez en su historia, el Parlamento Europeo ha aprobado una condena formal contra la ley de amnistía española, recalcando que atenta contra el Estado de Derecho y vulnera la separación de poderes. Esta condena fue posible gracias a una enmienda presentada por eurodiputados vinculados a VOX y al grupo Patriots for Europe. El informe oficial recoge un aumento “repentino” de peticiones desde España alertando sobre los riesgos institucionales tras anunciarse esta medida.

En palabras del texto aprobado:

“Lamenta los ataques al Estado de Derecho y la separación de poderes perpetrados por el Gobierno español”.

La Eurocámara deja así negro sobre blanco su preocupación por lo que considera un intento gubernamental para borrar las consecuencias legales del procés con fines estrictamente políticos.

El Constitucional ante una encrucijada

Mientras tanto, el Tribunal Constitucional español debate sobre la constitucionalidad o no del texto. Algunos magistrados han solicitado suspender cualquier decisión hasta que el TJUE se pronuncie definitivamente. La división interna es patente: hay ponencias favorables al texto gubernamental pero informes técnicos advierten del riesgo para el propio concepto nacional y europeo del Estado de Derecho.

La cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas ante Luxemburgo —con especial énfasis en si puede o no aplicarse esta ley en procedimientos relativos a fondos públicos— añade aún más incertidumbre jurídica.

El pacto político tras la amnistía: votos decisivos y maniobras parlamentarias

Nadie oculta ya en Bruselas ni en Madrid que la ley fue moneda política en las negociaciones para asegurar los votos independentistas necesarios para investir a Sánchez tras las elecciones. El Parlamento Europeo ha sido explícito al vincularla al acuerdo político entre PSOE y fuerzas separatistas, algo que los propios beneficiarios no han dejado nunca de reivindicar como éxito propio frente al Estado.

Incluso las maniobras parlamentarias socialistas para evitar este vínculo han resultado infructuosas: Europa ve claramente esa conexión causal entre amnistía e investidura, lo que debilita aún más el relato oficialista sobre su pretendida finalidad reconciliadora o pacificadora.

Curiosidades y datos insólitos

Si algo está claro es que Europa ya no mira hacia otro lado ante los experimentos jurídicos made in Spain: ahora es Bruselas quien examina con lupa cada coma legal —y cada pacto político— salido del Congreso español. Y mientras tanto, Luxemburgo decidirá si estamos ante una página negra o simplemente un capítulo más en nuestro inagotable serial institucional.

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