Jueces y fiscales alzan la voz: paro ante la reforma judicial que impulsa el Gobierno Sánchez

Este miércoles 11 de junio de 2025, las puertas de juzgados y tribunales en toda España han sido escenario de una imagen poco habitual: togados y fiscales apartando por unos minutos sus funciones para protestar, juntos, contra las últimas reformas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Bajo el lema de defensa de la independencia judicial, las principales asociaciones del sector han convocado un paro simbólico de diez minutos, un gesto que busca evidenciar su rechazo a los cambios legislativos que consideran una amenaza para el equilibrio de poderes en el Estado.

Las cinco grandes asociaciones de fiscales y juristas —Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— han liderado la protesta. Sin embargo, las asociaciones de izquierda han optado por no sumarse a la convocatoria.

El ambiente se ha tensado aún más tras las recientes declaraciones del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que han mostrado públicamente su inquietud ante unas medidas que consideran precipitadas e insuficientemente dialogadas.

Los manifestantes critican que las reformas “no responden a una demanda social real” y pueden suponer “un grave retroceso” para la independencia judicial. Señalan que se refuerza el poder del fiscal general del Estado –actualmente imputado– sin asegurar autonomía funcional ni suficientes contrapesos internos.

Temen que el nuevo modelo abra la puerta a un mayor control político sobre jueces y fiscales desde el propio Ejecutivo, por esta razón reclaman que se retiren ambos proyectos legislativos antes de su debate en el Congreso. El manifiesto leído durante el paro insistía en desmarcarse “de cualquier uso partidista”.

El origen del conflicto: becas, acceso y poder fiscal

Todo comenzó con la propuesta del ministro Félix Bolaños para modificar el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal. Entre las novedades más polémicas figura la introducción de una prueba escrita en las oposiciones (hasta ahora eminentemente orales y memorísticas), así como la creación de un sistema público de becas destinado a quienes preparan estas durísimas pruebas. El Gobierno defiende que se trata de medidas para democratizar el acceso a la judicatura y acabar con su carácter elitista. Las asociaciones apoyan que existan estas ayudas pero no el marco en el que se establecen.

Pero no es lo único que ha encendido los ánimos. La reforma también prevé regularizar la figura del juez sustituto —la mayoría mujeres— y, especialmente, modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Según el texto presentado, los fiscales podrían asumir competencias instructoras hasta ahora reservadas a los jueces. Para muchos profesionales, esto supondría concentrar demasiado poder en manos del fiscal general del Estado, designado por el Gobierno, sin las garantías ni contrapesos adecuados para evitar interferencias políticas.

El Ejecutivo no ha tardado en reaccionar: ha acusado a parte del colectivo judicial de difundir “bulos” sobre el alcance real de las reformas e insiste en que no hay voluntad alguna de politización. De hecho, se han anunciado 1.440 nuevas plazas para jueces y fiscales en tres años y un refuerzo específico para juzgados especializados en violencia contra la mujer. Pero las asociaciones dudan abiertamente sobre la viabilidad presupuestaria de estas promesas.

Además, desde Moncloa recalcan que facilitar el acceso mediante becas públicas es una cuestión de justicia social y equidad, argumentando que “democratizar” no significa “politizar”. Sin embargo, entre bastidores judiciales crece la percepción de que todo cambio estructural debe contar con mayor consenso y transparencia.

Consecuencias e implicaciones políticas

La protesta llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno Sánchez. Mientras intenta acelerar la tramitación parlamentaria —y rechazar las enmiendas presentadas por PP y Vox— surgen voces dentro y fuera del Congreso que alertan sobre el riesgo reputacional para España si se percibe una pérdida real de autonomía judicial. El tema ha saltado incluso a chats multitudinarios donde algunos magistrados valoran convocar huelgas más contundentes.

Y como si fuera poco, todo esto sucede mientras se acerca una nueva convocatoria electoral autonómica —no hay respiro para los analistas políticos ni para quienes buscan un poco de calma institucional—.