¡Vaya día para el PSOE! El TSJ de Extremadura desmonta el aforamiento exprés de Gallardo y devuelve la causa del hermano de Sánchez a la juez

En una jugada que ha dejado a más de uno con el ceño fruncido y a otros aplaudiendo con las orejas, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dado un golpe sobre la mesa: no reconoce el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y presidente de la Diputación de Badajoz, y devuelve la causa sobre la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón (hermano del presidente del Gobierno) al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, bajo la batuta de la jueza Beatriz Biedma.

La decisión, fechada a 30 de junio, viene cargada de reproches hacia lo que califica abiertamente como un “apresurado” y “concatenado” proceso para dotar a Gallardo del privilegio judicial justo cuando se avecinaba la apertura del juicio oral. No es poca cosa: el tribunal habla abiertamente de fraude de ley para intentar eludir al juez natural predeterminado por la ley.

El caso: nepotismo, influencias y un puñado de renuncias sospechosas

La historia arranca en 2017, cuando David Sánchez Pérez-Castejón, conocido también como David Azagra en el mundo musical, es contratado como coordinador de actividades para los conservatorios musicales en la Diputación pacense. Según la instrucción liderada por Beatriz Biedma, no fue un proceso precisamente transparente: se sospecha que se creó una plaza “ad hoc” para él, que luego mutó en 2022 a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. El sindicato Manos Limpias denunció el caso, y desde entonces se investiga si hubo prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

La investigación apunta además a que correos electrónicos intervenidos sugieren que incluso se facilitó la contratación posterior de un amigo personal, Luis Carrero. La magistrada subraya en sus autos que estos delitos suelen dejar pocos rastros directos, dado su carácter reservado y discreto.

La maniobra exprés del aforamiento

El verdadero giro novelesco llegó cuando, justo antes de dictarse el auto para sentar a Gallardo en el banquillo, éste anunció su incorporación como diputado autonómico. Para lograrlo, una diputada socialista dimitió y los cuatro siguientes en lista renunciaron al escaño, todos ellos por “motivos personales” el mismo día… y ante notario desplazado a la sede regional del partido. Una coreografía política tan bien ensayada que ni en Eurovisión.

Este movimiento otorgaba a Gallardo el aforamiento ante el TSJEx —y no ante el juzgado ordinario— según estipula el Estatuto autonómico. Sin embargo, la sala ha dejado claro que no estamos ante una adquisición legítima sobrevenida por las elecciones, sino ante una concatenación apresurada de actos para cambiar el destino judicial del caso.

Reacciones políticas e implicaciones

La decisión supone un revés importante para las estrategias defensivas dentro del PSOE extremeño. Desde fuentes gubernamentales se insiste en que están “absolutamente convencidos” de que todo quedará en nada, pero lo cierto es que tanto Gallardo como David Sánchez vuelven a estar en manos del juzgado original y bajo la lupa mediática más intensa.

El asunto ha provocado tensión interna en el partido y ha alimentado las críticas sobre el uso político del aforamiento parlamentario —ese escudo jurídico tan español— para sortear responsabilidades judiciales incómodas.

Tablero político: protagonistas clave

Curiosidades y datos llamativos

• El sueldo anual declarado por Gallardo como presidente provincial asciende a más de 84.000 euros brutos anuales.
• La secuencia notarial para facilitar su entrada como diputado autonómico fue tan orquestada que tres candidatos firmaron su renuncia casi simultáneamente estando a decenas de kilómetros entre sí.
• El caso ha puesto en entredicho los límites éticos (y legales) del aforamiento parlamentario en España.
• La jueza Beatriz Biedma se ha convertido en figura clave por su firmeza frente a presiones políticas.
• Aunque Gallardo prometió dejar la Diputación “en unos meses”, lo cierto es que sigue ostentando hasta tres cargos públicos simultáneamente.

En definitiva, lo ocurrido es un recordatorio —no exento de cierta ironía— sobre cómo las viejas prácticas políticas aún encuentran nuevas formas (y fórmulas notariales) para desafiar los controles institucionales. El tablero sigue abierto: ahora le toca mover ficha otra vez al juzgado ordinario… y quizás al propio PSOE extremeño.