El caso que investiga las presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha dado un nuevo giro este lunes 9 de junio de 2025. La jueza instructora, Beatriz Biedma, ha calificado como «fraude de ley» el reciente aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura y uno de los principales investigados en esta causa.
En un contundente auto, la magistrada considera que «el aforamiento repentino» de Gallardo, producido apenas 20 horas antes de que ella dictara la apertura de juicio oral, no solo atenta «contra el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley», sino que además «causará perjuicios a la propia tramitación de la causa». La jueza advierte que este movimiento provocará inevitables dilaciones tras «la peregrinación de la misma a órganos superiores para decidir sobre la competencia».
La maniobra del aforamiento
Los hechos que han desencadenado esta situación se remontan al pasado 21 de mayo, cuando Miguel Ángel Gallardo, hasta entonces presidente de la Diputación de Badajoz, recogió su acta como diputado en la Asamblea de Extremadura. Esta condición le otorga automáticamente el privilegio del aforamiento, lo que significa que solo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJExt) tendría competencia para juzgarle.
Lo que ha levantado sospechas es el momento elegido para este movimiento: apenas un día antes de que la jueza Biedma firmara la resolución que enviaba al banquillo a todos los investigados, incluidos Gallardo y David Sánchez. Para que el líder socialista extremeño pudiera obtener su credencial de diputado fue necesaria la dimisión de una parlamentaria, Maricruz Vegazo Rodríguez, estrecha colaboradora de Gallardo que había sido su jefa de prensa y de gabinete.
Un caso con múltiples ramificaciones
La investigación judicial, también conocida como «caso Diputación de Badajoz» o «caso Azagra», se inició en 2024 a raíz de una denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias. El foco se centra en presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez por la Diputación de Badajoz, así como en posibles delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
David Sánchez, que profesionalmente utiliza el nombre artístico de David Azagra, fue contratado en julio de 2017 como Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música. Posteriormente, en 2022, su puesto fue modificado y pasó a denominarse Jefe de la Oficina de Artes Escénicas. La investigación sostiene que esta plaza fue creada específicamente para él, sin seguir los procedimientos legales establecidos para el acceso a empleos públicos.
En febrero de este año, David Sánchez presentó su dimisión como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación Provincial de Badajoz, señalando en el documento que se trataba de un «preaviso de extinción de contrato». Sin embargo, esta renuncia no ha detenido la investigación judicial.
La respuesta de la jueza Biedma
Ante la nueva situación procesal, la magistrada Beatriz Biedma ha decidido elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pero no sin antes dejar clara su postura sobre lo que considera una maniobra para entorpecer la investigación.
En su auto, la jueza realiza un extenso relato sobre lo que supone el aforamiento en España y subraya que «lo relevante en el presente procedimiento no es el momento en el cual se ha adquirido la condición de aforado, sino la forma en que ha tenido lugar y la finalidad buscada con la misma».
Biedma considera que esta maniobra sería contraria a lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que «los jueces y juezas, así como los Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal».
Implicaciones políticas y judiciales
Este nuevo episodio del caso añade presión sobre el PSOE de Extremadura y, por extensión, sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que involucra directamente a su hermano. La defensa de Gallardo ya había solicitado previamente que se trasladara la competencia del caso al TSJExt, a lo que la jueza Biedma respondió que lo haría «cuando debiera».
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del teniente coronel Antonio Balas Dávila, ha estado al frente de la investigación. En mayo de este año, se filtraron audios en los que personas vinculadas al PSOE presuntamente intentaban obtener información comprometedora sobre Balas Dávila para desacreditarlo, lo que generó una ola de críticas por parte de asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Un caso con aspectos personales controvertidos
Más allá de las implicaciones políticas y judiciales, el caso ha dado pie a especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. Según publicó el medio digital Mil21, citado por El Distrito, el vínculo entre ambos no sería únicamente profesional, sino que podría tratarse de una «relación amorosa» mantenida durante varios años.
Esta información, que no ha sido confirmada oficialmente, añadiría un nuevo elemento a considerar en la investigación, ya que podría haber influido directamente en la adjudicación del puesto, en las condiciones laborales y en el supuesto blindaje institucional del hermano del presidente.
Mientras el caso continúa su curso judicial, ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, queda por ver cómo afectará esta nueva situación al desarrollo de la investigación y qué consecuencias tendrá para los implicados, especialmente para Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez.
El papel de la UCO en la investigación
Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil descartó el supuesto enriquecimiento ilícito de David Sánchez, una de las acusaciones iniciales que apuntaba a un patrimonio valorado en dos millones de euros, que se calificaba como desproporcionado en relación con su sueldo y su vida laboral anterior. Sin embargo, la investigación se ha centrado en las posibles irregularidades en su contratación y en el desempeño de sus funciones.
La magistrada apunta a la posible existencia de indicios de arbitrariedad tanto en la creación y adjudicación del puesto a David Sánchez, como en la posterior modificación de las funciones de este. El hermano del presidente, que estuvo desde 2017 hasta febrero de 2025 en el cargo, aseguró durante su declaración que encontró en internet la oferta laboral de coordinador de actividades de los conservatorios de la provincia de Badajoz, una versión que contrasta con la tesis de la acusación que sostiene que el puesto fue creado específicamente para él.
