El juez Peinado demanda a Puente, Iglesias y varios tertulianos por injurias y calumnias

Se ha hartado.

Hablamos de Juan Carlos Peinado; más conocido como ‘el juez Peinado‘.

En la España de las tertulias encendidas y las redes sociales en ebullición, el caso judicial que envuelve a Begoña Gómez, esposa del presidente, ha sumado un nuevo capítulo digno de novela política.

Peinado, el juez instructor de la causa, ha decidido abandonar el perfil bajo habitual de la magistratura y lanzarse al ataque legal contra sus críticos más sonoros.

No se trata de un rifirrafe en Twitter, sino de varias demandas de conciliación por injurias y calumnias presentadas contra el ministro Óscar Puente, el exvicepresidente Pablo Iglesias y periodistas como Antón Losada y Ernesto Ekaizer.

Este movimiento, adelantado por El Confidencial, busca evitar la prescripción de los comentarios que, a juicio del magistrado, no solo rozan, sino que saltan a la piscina del insulto intolerable.

La gota que ha colmado el vaso para Peinado son las reiteradas acusaciones públicas de prevaricación, politización y parcialidad en la instrucción del mediático caso Begoña Gómez.

En definitiva, si algo ha quedado claro es que en la política española de 2025, ni los jueces ni los tertulianos se conforman con los papeles secundarios.

Y que la toga, a veces, se sacude el polvo y decide pasar al ataque.

¿Por qué ahora? El contexto de las demandas

A día de hoy, 13 de septiembre de 2025, el ambiente político y mediático sigue agitado por la instrucción sobre la mujer del presidente, plagada de sobresaltos procesales y reproches cruzados entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Las demandas de Peinado, formales y presentadas en tiempo y forma, constituyen el primer paso de lo que podría devenir en procedimientos civiles o penales, si la conciliación fracasa—una posibilidad que nadie en la villa y corte considera remota.

El Código Penal impone un plazo máximo de un año para que el ofendido actúe desde que tiene conocimiento de las injurias o calumnias. El juez, consciente de que el reloj corría, ha decidido mover ficha antes de que la controversia se volatilice jurídicamente. No es solo una cuestión de honor, sino también de calendario legal.

¿Quiénes están en el punto de mira?

Las demandas afectan a perfiles de todo el arco público:

• Óscar Puente, ministro de Transportes, ha declarado en repetidas ocasiones que la instrucción de Peinado es “burda, miserable y una nulidad de libro”, acusándole de “hacer política desde la toga” y de dejar la Justicia “a la altura del betún”.
• Pablo Iglesias, exvicepresidente, le tildó de “prevaricador” en directo en TVE, asegurando que se iría “de rositas porque se pactó la reforma del CGPJ con el PP”.
• Antón Losada y Ernesto Ekaizer, tertulianos de referencia, han deslizado en platós de televisión que el juez está “a milésimas de incurrir en prevaricación” y han insinuado motivos personales y políticos tras su instrucción.

El propio presidente del Gobierno, aunque no figura de momento entre los demandados, no ha escatimado críticas veladas, insinuando falta de imparcialidad en cartas públicas y discursos institucionales.

La instrucción del caso Begoña Gómez: una olla a presión

El caso Begoña Gómez arrancó hace más de un año a raíz de una denuncia de Manos Limpias y desde entonces ha generado una auténtica tormenta política y judicial. Las diligencias de Peinado, con múltiples citaciones y decisiones controvertidas—como la de interrogar a Pedro Sánchez en La Moncloa o intentar la imputación del ministro Félix Bolaños—han sido corregidas en repetidas ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid.

El magistrado se ha visto envuelto en críticas tanto por su forma de instruir como por la aparente falta de indicios sólidos contra los investigados. El propio tribunal superior ha censurado algunas de sus decisiones, como la entrega y difusión de la no declaración de Sánchez, considerando que “carecía de sentido” y utilidad procesal.

Mientras tanto, miembros destacados del Gobierno y la coalición han elevado el tono. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha calificado la instrucción de “anómala” y la portavoz Pilar Alegría acusa al juez de “pedalear en la nada” y de promover una campaña para desgastar al presidente.

La batalla mediática y la presión sobre la Justicia

No es la primera vez que la judicatura responde a las críticas públicas con demandas por injurias o calumnias. Hace solo unos meses, el juez Manuel García Castellón denunció a Ione Belarra por llamarle “corrupto” y “prevaricador” en redes sociales. La escalada verbal entre políticos y jueces no es nueva, pero la decisión de Peinado de judicializar los ataques supone un salto cualitativo en la relación entre ambos poderes.

Entre las frases más repetidas en los medios y tertulias destacan:

• “Hurtado y Peinado son casos claros de jueces que hacen política” (Óscar Puente)
• “La instrucción no está siendo imparcial ni rigurosa” (Puente)
• “A milésimas de segundo de incurrir en prevaricación” (Antón Losada)
• “En su grupito de la hípica alardea de que va a acabar con Pedro Sánchez” (Ernesto Ekaizer)

El debate público se ha polarizado entre quienes consideran que la independencia judicial está en entredicho y quienes creen que el juez es víctima de una campaña de desprestigio orquestada desde el poder.

Consecuencias políticas y jurídicas: ¿y ahora qué?

Las demandas de Peinado abren un escenario inédito en el que un juez instructor se convierte en demandante activo contra miembros del Gobierno y voces mediáticas influyentes. Si la conciliación no prospera, el asunto podría acabar en los tribunales ordinarios y sumar un nuevo frente judicial a la ya enrevesada relación entre la política y la Justicia en España.

Por su parte, la instrucción sobre Begoña Gómez continúa, con nuevas citaciones y la investigación ampliada a delitos como malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La presión mediática y política sigue creciendo, y no se descarta que se sumen más actores a la lista de demandados en los próximos meses.

• El juez Peinado ya ha protagonizado varios episodios mediáticos por sancionar con multas a abogados y testigos, y por su peculiar estilo en las diligencias.
• La instrucción ha dado lugar a situaciones insólitas, como la exigencia de una tarima para interrogar a un ministro o la difusión innecesaria de vídeos procesales.
• La batalla entre jueces y políticos ha alcanzado tales cotas de crispación que algunos juristas hablan ya de “guerra abierta” entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.