La Audiencia Nacional se hace cargo de la investigación del rescate a Plus Ultra

Este martes, el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ha decidido asumir la responsabilidad de dirigir el caso sobre el rescate público otorgado a la aerolínea Plus Ultra. En un auto que conserva el secreto sobre las actuaciones, ha solicitado todas las diligencias al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que se había inhibido la semana pasada al considerar que el asunto supera las competencias locales por su relevancia tanto nacional como internacional.

Este giro en el proceso judicial no llega sin complicaciones. En 2024, el magistrado Ismael Moreno, titular de la Plaza 2 del Tribunal Central de Instrucción, optó por abstenerse, mientras que Calama –quien ocupa la Plaza 4– inicialmente desestimó una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, decidiendo enviarla a Madrid. Allí, la jueza Esperanza Collazos archivó temporalmente el rescate, aunque posteriormente reabrió nuevas líneas de investigación al ordenar en diciembre detenciones: entre los arrestados se encuentran el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, el CEO, Roberto Roselli, y el empresario Julio Martínez Martínez. Ahora, con la Audiencia Nacional al frente, se amplía el panorama.

En marzo de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una inyección económica de 53 millones de euros para ayudar a Plus Ultra en medio de la crisis provocada por la pandemia. Esta decisión fue polémica desde su inicio. La aerolínea, que cuenta con una flota reducida y rutas limitadas, recibió fondos públicos mientras otras grandes compañías como Iberia o Air Europa solicitaban ayudas más sustanciales. La Fiscalía Anticorrupción denunció un uso indebido: supuestamente, el dinero se destinó a saldar préstamos vinculados a una red sospechosa de blanqueo.

Aquí es donde entra en juego la conexión venezolana, que añade un matiz casi ficticio al caso. Según la denuncia, los fondos irregulares provendrían de malversación en Venezuela, específicamente relacionados con programas alimentarios subsidiados conocidos como CLAP y ventas de oro del Banco central venezolano. Se afirma que Plus Ultra firmó contratos falsos con entidades ubicadas en Francia, Suiza, España, los Emiratos Árabes y Panamá, con el fin de ocultar estas devoluciones. Imaginen cómo relojes lujosos, propiedades y oro circulan entre continentes, con la aerolínea como protagonista principal. Las investigaciones apuntan a una organización criminal compuesta por nacionalizados españoles y un abogado local.

La intervención de la Audiencia Nacional eleva considerablemente la gravedad del asunto. Este tribunal está acostumbrado a manejar macrodelitos como blanqueo transfronterizo y corrupción institucional, lo que sugiere vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. Si se confirma esta relación, no solo se cuestionará la gestión de los fondos europeos destinados a combatir los efectos del covid-19, sino que también podría salpicar al Gobierno con acusaciones sobre favoritismo. Partidos opositores como el PP y VOX ya han utilizado este tema para criticar «los amigos del Gobierno», recordando las conexiones entre algunos directivos y el partido socialista.