El plan de Sánchez para ‘salvar’ a Begoña: alargar el proceso con recursos hasta la jubilación del juez Peinado

La tercera vista convocada por el juez Juan Carlos Peinado sobre el caso de Begoña Gómez ha terminado como las anteriores: sin los investigados, con la Fiscalía y las defensas pidiendo el archivo y con las acusaciones populares reclamando seguir adelante.

Todo ello porque la principal investigada se ha ido de vacaciones de Semana Santa a Doñana.

El reloj judicial marca el compás del caso Begoña Gómez, con el juez Peinado corriendo contra el tiempo en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

El magistrado cumplirá 72 años el 27 de septiembre de 2026, momento en que deberá jubilarse obligatoriamente tras haber agotado la prórroga legal de dos años.

La instrucción, prorrogada hasta abril de ese año a pesar de la oposición de la Fiscalía, acumula indicios de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación en relación con la esposa de Pedro Sánchez.

Como detalla la periodista María Jamardo en El Debate, mientras el magistrado se apresura a resolver diligencias pendientes –que incluyen informes de la UCO sobre convenios de la Universidad Complutense, correos electrónicos de empresas como Google o Telefónica, y el análisis del correo electrónico de Begoña Gómez en Moncloa–, las defensas han respondido con una avalancha de recursos.

Cuestionan tanto la prórroga como el examen de correos durante un periodo de siete años y tildan algunas diligencias de desproporcionadas. La Audiencia Provincial de Madrid ha limitado ciertos actos, pero cada decisión abre nuevas oportunidades para impugnaciones, incluso hasta llegar al Tribunal Supremo.

Este laberinto judicial, descrito en un análisis profundo sobre cómo las defensas buscan alargar la instrucción hasta que otro juez tome el relevo, convierte los meses venideros en cruciales.

Si Peinado concluye su labor antes de septiembre y la Audiencia da luz verde al juicio, Begoña Gómez podría enfrentarse a un jurado popular en 2027, justo cuando la política esté más agitada. De no ser así, un nuevo instructor heredaría miles de folios y decidiría si continuar con el camino trazado o introducir cambios inesperados.

El Gobierno mantiene una postura vigilante. Ha decidido congelar la reforma destinada a retrasar la jubilación de los jueces hasta los 75 años, medida prevista para cubrir vacantes, hasta después del retiro del magistrado Peinado. Fuentes cercanas a Moncloa prefieren no actuar por ahora, conscientes que esto podría extender su mandato hasta 2029 y prolongar una causa incómoda. Recientemente, el ministro Óscar López defendió una ley sobre transparencia que excluye a familiares directos de altos cargos en conflictos de interés, lo cual beneficiaría indirectamente a figuras como Begoña Gómez o su hermano David Sánchez.

Estrategias en juego y plazos críticos

La defensa no se rinde: ha presentado recursos contra la integración del caso por malversación –relacionada con la asesora Cristina Álvarez, contratada con fondos públicos pero al servicio personal de Gómez– y contra los registros informáticos. La Fiscalía, por su parte, rechazó la última prórroga solicitando archivo por falta de indicios; sin embargo, Peinado decidió imponerla para poder acomodar las investigaciones pendientes.

• Diligencias clave por resolver:
  • Informes elaborados por la UCO sobre los convenios relacionados con la cátedra que ocupa Gómez en la Complutense.
  • Análisis provenientes de repositorios pertenecientes a empresas como Google, Telefónica, Flat 101, Minsait y Devoteam.
  • Correos electrónicos provenientes tanto de la Escuela de Gobierno como de Amazon.
  • Contenido del buzón oficial en La Moncloa.

Peinado ha agrupado todas las piezas en un procedimiento destinado a un jurado popular, justificando extensamente los indicios encontrados, como el «cambio radical» que experimentó la trayectoria profesional de Gómez tras la investidura de su marido . El Ejecutivo no oculta su deseo por un cambio en este asunto y critica abiertamente el «daño» que considera provoca el juez a la carrera judicial.

Tensiones entre poderes

La causa ha generado una notable tensión entre el ámbito del Poder Judicial y el del Ejecutivo. Los masivos recursos presentados, junto a nulidades alegadas por supuesta indefensión y críticas hacia resoluciones –como desestimar dieciséis recursos simultáneamente– alimentan este debate candente. La propia Audiencia ha reprochado al juez ignorar recursos durante meses y asumir diligencias sin fundamento claro.

En este complejo tablero judicial, peinado acelera: un auto reciente une piezas y presenta argumentos más sólidos sobre los delitos investigados. Sin embargo, el tiempo apremia. Si los recursos terminan llegando al Supremo, podrían transcurrir meses adicionales que forzarían un cambio en quien lleve las riendas del caso.

Entre algunas curiosidades del proceso: es notable que Peinado multó con 5.000 euros a los abogados defensores de Gómez, así como 500 euros a letrados vinculados a partidos como Vox y organizaciones como Hazte Oír, debido a conductas procesales inapropiadas. Además, aún queda pendiente que directivos relacionados con cinco empresas declaren respecto al software «altruista» vinculado con la cátedra. Y mientras tanto, irónicamente, el Gobierno ha decidido paralizar su ley sobre jubilaciones justo cuando más urge cubrir vacantes dentro del poder judicial.