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Eduardo Inda: «El Alzamiento de Pedro Sánchez»

El modus operandi de este indeseable es tan aparentemente sutil como en el fondo cantoso

Periodista Digital 27 Sep 2020 - 07:13 CET
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En contra de lo que la historiografía ha sostenido secularmente, la sublevación de los nacionales contra los republicanos no se inició el 18 de julio de 1936 sino el 17 y no en suelo español sino en el protectorado de Marruecos. Allí llegó Franco en el célebre avión Dragon Rapide, pagado por Juan March, para situarse al frente del golpe en el Norte de África.

Como quiera que la LOGSE ha hecho tanto daño, Juan Español también desconoce que él no era el jefe del autodenominado “Alzamiento Nacional” sino más bien Emilio Mola, apodado por estas mismas razones El Director. Y el segundo de a bordo era José Sanjurjo, venido del exilio —allí se encontraba tras ser condenado por la sanjurjada de 1932— para echar una mano a sus compañeros de armas.

El ferrolano, pese a ser el general más joven de la historia de Europa junto a Napoleón, no accedería a la cúspide hasta la muerte en sendos accidentes de avión —así se escribe la historia— de sus teóricos jefes, cinco y 20 años mayores que él.

El Alzamiento devenido tras la victoria en la Guerra Civil en dictadura se ejecutó tras las tropelías de un Frente Popular que robó las elecciones de febrero de 1936, instauró un régimen de terror con los paseíllos, las checas y el asesinato de 6.800 curas y monjas. La legalidad, lógicamente, se fue al carajo.

El Estado de Derecho ni estaba ni se le esperaba hacía mucho tiempo, exactamente, desde la mal llamada Revolución de 1934 que técnicamente fue un golpe de Estado como la copa de un pino. Tal y como recordaba la semana pasada, el punto culminante fue el asesinato el 13 de julio de 1936 del diputado monárquico y abogado del Estado José Calvo-Sotelo por los escoltas del criminal socialista Indalecio Prieto. Y aquello desencadenó esa contienda de malos contra malos que representó la Guerra Civil.

Entonces los que rebasaron la legalidad eran unos y los que dieron el golpe de Estado eran otros. Aunque, de momento, no estamos en las mismas ni de lejos, ni es mi intención trazar identificaciones sino paralelismos, ahora los roles del incumplimiento de la legalidad y la perpetración de un golpecillo silencioso los desempeña la misma persona: Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

El tipo que quiere ser jefe de Estado, cueste lo que cueste, va erosionando las instituciones, el pacto del 78 y las normas poco a poco, sin prisa pero sin pausa, con el indisimulado objetivo de acabar siendo el Azañilla —comparar a este indocumentado con don Manuel es un delito de lesa españolidad— de nuestro tiempo.

El modus operandi de este indeseable es tan aparentemente sutil como en el fondo cantoso. Consiste en jibarizar los actos del monarca, su visibilidad, para hacerlo desaparecer de la escena pública con el fin de que quede como un muñeco inservible, como ese jarrón chino del que hablaba Felipe González, “un objeto de valor que nadie sabe dónde ponerlo y que corre el riesgo de recibir el codazo de un niño y acabar en la basura”.

Esta metáfora empleada por el ex presidente para definir el estatus efectivo en el que quedan los ex presidentes viene que ni pintado para definir el que quiere otorgar el presidente menos votado de la democracia al jefe del Estado. Ni más ni menos, ni menos ni más.

No sólo son cesiones a sus socios de Gobierno o gobernabilidad, que también, es algo más.  Es aprovechar las exigencias de los unos y su deseo psicopático de no tener a nadie por encima el que le conduce a este golpecillo silencioso.

Tan cierto es que con estas chulerías al monarca contenta a Podemos, que reclama la abolición de facto —lo del reférendum es una excusa de mal pagador— de la monarquía parlamentaria, y a sus socios golpistas de ERC, que le exigen que Don Felipe, la Reina Letizia, la Princesa Leonor o la Infanta Sofía no se acerquen por Cataluña.

Lo de esta semana, prohibiéndole presidir la entrega de los despachos a los jueces recién salidos de la Escuela Judicial de Barcelona, es el colmo de los desplantes. Esta gentuza alega razones de seguridad, un motivo más falso que un duro de madera, entre otros elementales motivos porque cada vez que el Rey acude a un acto público le acompañan no menos de 50 guardaespaldas de Zarzuela y alrededor de 200 agentes, bien sean policías nacionales, guardias civiles, mossos d’esquadra o ertzainas. La posibilidad de altercados o sustos graves oscila, por tanto, entre cero y ninguna.

Claro que esto no es una anécdota. Menos aún un error. Ni siquiera una casualidad. Que esto forma parte de una estrategia premeditada lo certifica el hecho de que no es la primera vez que sucede, ni la quinta, desde luego no la décima y con toda seguridad tampoco será la última. Es la penúltima.

Ahí va una retahíla de desplantes, chulerías y macarradas del sujeto malencarado que ocupa La Moncloa. Hay más pero les enumero las que se me han ocurrido a vuelapluma sin un orden cronológico que, desde luego, no altera el producto:

Cuando te propinan una bofetada la culpa es del agresor. Pero cuando pones repetidamente la otra mejilla, la responsabilidad acaba siendo tuya por no responder al matón del barrio. Esta es la película de terror democrático que estamos viendo los españoles de un tiempo a esta parte con dos protagonistas de excepción: el pendenciero de Moncloa y el elegante inquilino de Zarzuela. Con una peculiaridad: las instrucciones del presidente a su involuntario oponente son un acto de prevaricación de primero de Derecho Penal.

Felipe VI debía haberse plantado esta semana y haber anunciado no que “le hubiera gustado estar en Barcelona” sino que, “como siempre”, viajaba a la Ciudad Condal. Vamos, que debería haber mandado a tomar por todos los vientos a nuestro prevaricador presidente. La llamada a Carlos Lesmes es un recadito al Gobierno socialcomunista que quiere acabar con nuestras libertades. Pero se antoja insuficiente. Porque luego volvieron a asustarse calificando de “gesto de cortesía” el telefonazo al presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Tengo la mejor de las opiniones no sólo de Don Felipe sino del jefe de su Casa, Jaime Alfonsín. En el terreno intelectual, en el legal, en el personal y no digamos ya en el ético. Pero no estaría de más que convenza al de arriba de la necesidad de pasar al contraataque.

Tan cierto es que todos los actos de la Jefatura del Estado han de someterse al refrendo del Gobierno como que el legislador constituyente se refería a actuaciones cuando escribió “actos”. ¿Es un acto protocolario una actuación? Sea como fuere, nuestro ordenamiento jurídico, como el de que cualquier democracia de pro, obliga a desobedecer órdenes ilegales.

A propósito de la reciente muerte de la juez del Supremo estadounidense Ruth Gingsburg, alguien decía que “la justicia no llega como un rayo sino más bien a través de una tenaz persistencia, día a día”. Lo mismo puede aplicarse a esa injusticia absoluta que es violar las leyes para transformar un régimen democrático en uno autocrático o directamente tiránico.

Eso es, sin espacio alguno para el matiz, lo que se vivió en Venezuela: la nación más rica y libre del Cono Sur no pasó a ser una narcodictadura y un país paupérrimo en un pispás. Fue un proceso de lluvia fina.

Lo mismo ocurre con la jibarización de nuestro Rey. Lo quieren reducir a la insignificancia para, más pronto que tarde, largarlo con viento fresco. Y lo que vendrá no será una república democrática sino un paraíso del pensamiento único.

Han asaltado el poder ejecutivo, asimismo manejan a su antojo el legislativo merced al pacto bastardo con golpistas y proetarras y, poco a poco, como se vio esta semana con el blackout del Rey en Barcelona, irán invadiendo ese otro que constituye su gran asignatura pendiente: el judicial.

El día que eso ocurra, estaremos ya en Españozuela. Y, como sucedió con el Frente Popular, los muy malos se impondrán a los menos malos y a los buenos. Y la vida democrática volverá a ser sueño, que diría el gran Calderón.

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