Eduardo Inda sobre Sánchez y el ‘gran robo’ electoral que se avecina

Pedro Sánchez lleva años construyendo algo que va mucho más allá de ganar elecciones.

Está construyendo un sistema.

Un ecosistema en el que los medios de comunicación públicos le son leales, las grandes empresas no se atreven a contradirle, los organismos reguladores están colonizados por personas afines y el propio sistema electoral puede ser modulado en su favor antes de que nadie vote.

Eduardo Inda, director de OKdiario, lo llama en su columna de hoy  El gran robo electoral que se avecina.

No es una metáfora.

Es una descripción de lo que los datos, tomados en conjunto, permiten anticipar.

El asalto a los medios públicos

Empecemos por lo que ya está consumado.

TVE lleva años funcionando como canal de comunicación no declarado del Gobierno. El Consejo de Informativos de RTVE ha denunciado en múltiples ocasiones la manipulación informativa en los programas de la corporación. Presentadores como Javier Ruiz, que afirma que el apagón es un bulo horas antes del apagón, que disfraza a cocineras de UGT de médicos y que inventa estadísticas sobre violaciones, siguen en pantalla con el respaldo implícito de una dirección nombrada con criterios políticos.

La Agencia EFE, la agencia de noticias de referencia en español, fue intervenida de facto cuando el Gobierno maniobró para controlar su consejo de administración y su dirección editorial. La agencia que distribuye información a cientos de medios en toda España y Latinoamérica está ahora bajo la órbita del ejecutivo que sus informaciones deberían fiscalizar.

El Gobierno no se ha limitado a los medios públicos. La publicidad institucional, distribuida con criterios que responden más a la afinidad editorial que a la eficiencia comunicativa, ha creado una red de medios privados que dependen económicamente de la benevolencia del ejecutivo. Infolibre, Público, eldiario.es y una constelación de medios digitales de izquierda reciben publicidad institucional mientras publican análisis favorables al Gobierno. La independencia periodística, en ese contexto, es un concepto que requiere mucha fe para mantenerse.

El asalto al Ibex

Pero Sánchez no se ha conformado con los medios. Ha extendido su influencia sobre las grandes empresas españolas con una metodología que combina la zanahoria de los contratos públicos y la porra de la regulación punitiva.

Los consejos de administración de varias empresas del Ibex 35 han incorporado en los últimos años a personas con vinculación directa o indirecta al PSOE o a organizaciones afines. Las presidencias y consejerías delegadas de empresas que operan en sectores regulados por el Estado, energía, banca, telecomunicaciones, han aprendido que mantener una relación cordial con La Moncloa tiene ventajas prácticas y que la confrontación tiene costes.

El resultado es un empresariado que guarda silencio ante escándalos que en otros tiempos habrían generado peticiones públicas de dimisión. Que no aparece en los manifiestos de la oposición. Que declina pronunciarse sobre la corrupción que emerge semana a semana en el Tribunal Supremo.

No es neutralidad. Es prudencia interesada. Y Sánchez la ha cultivado con la habilidad de quien entiende que el poder económico y el poder político se necesitan mutuamente y que quien controla la regulación tiene mucho que ofrecer y mucho que retirar.

El aviso más inquietante: gobernar sin parlamento

Pero el elemento más alarmante de la estrategia de Sánchez no está en los medios ni en las empresas. Está en sus propias palabras.

El presidente del Gobierno ha hecho declaraciones en diversas ocasiones que apuntan a una concepción del poder ejecutivo que prescinde del parlamento como contrapeso real. Ha gobernado mediante decretos-ley con una frecuencia sin precedentes en la democracia española, utilizando la figura de la urgencia legislativa para evitar el debate parlamentario en materias que no tenían ninguna urgencia objetiva. Ha mantenido los Presupuestos Generales del Estado prorrogados año tras año, convirtiendo la ausencia de debate presupuestario en una normalidad que ningún otro presidente democrático habría podido sostener sin consecuencias.

Sus declaraciones sobre la posibilidad de gobernar al margen de las mayorías parlamentarias, sobre la legitimidad de ejercer el poder con minorías construidas sobre pactos con independentistas y herederos políticos del terrorismo, sobre la superioridad moral de su proyecto frente a cualquier mayoría numérica que lo cuestione, dibujan un modelo de gobierno que se acerca peligrosamente a lo que los politólogos llaman democracia iliberal.

No es una acusación. Son sus propias palabras y sus propios actos los que construyen ese retrato.

Los nietos del exilio y el censo electoral

Y ahora viene lo que Inda denuncia en su columna de hoy: la ingeniería del censo electoral.

«El Gobierno destina 1,7 millones en acelerar el proceso de nacionalidad para que 2,3 millones de ‘nietos del exilio’ puedan ejercer su derecho a voto».

El Ministerio de Justicia ha adjudicado un contrato de 1,7 millones de euros para mejorar los «sistemas informáticos de Nacionalidad», justo cuando se están concediendo masivamente nacionalidades a hijos y nietos de emigrantes españoles bajo la llamada Ley de Memoria Democrática. Los beneficiarios potenciales son 2,3 millones de personas, muchas de ellas residentes en Latinoamérica, que obtendrían la nacionalidad española y con ella el derecho a voto.

La aritmética es relevante. En las elecciones de 2023, la diferencia entre Feijóo y Sánchez fue de 339.000 votos. Los 490.000 nuevos españoles ya empadronados superan esa diferencia. Y los 2,3 millones potenciales la multiplican por seis.

No todos esos nuevos ciudadanos votarán al PSOE. Pero la probabilidad de que los descendientes de exiliados republicanos, cuya identidad política está construida sobre la narrativa de la memoria histórica que el PSOE monopoliza, voten mayoritariamente al partido que les ha dado la nacionalidad es una hipótesis que no requiere demasiada imaginación.

El voto por correo: el agujero negro del sistema

Inda dedica la parte más detallada de su columna al voto por correo, y los datos que maneja merecen atención.

En 2015, votaron por correo 788.000 personas. En 2016, 1,3 millones. En las elecciones de julio de 2023, la cifra se disparó hasta los 2.471.000 sufragios. Un millón y medio más que en las generales de noviembre de 2019. Un aumento exponencial que coincide, según Inda, con el momento en que todas las encuestas daban a Sánchez por perdedor y que se produjo en pleno verano, cuando media España estaba de vacaciones.

El voto por correo tiene una característica estructural que lo hace inherentemente más vulnerable a la manipulación que el voto presencial: no hay interventores de los partidos presentes en el proceso de emisión y recepción de los votos. La papeleta sale del domicilio del votante y llega a Correos sin ningún testigo político que garantice la integridad del proceso.

Los casos concretos que documenta Inda no son alegatos retóricos. En Albaida del Aljarafe (Sevilla), la investigación apunta a que un 46% de los votos por correo podrían haber sido manipulados. En Extremadura, una caja fuerte con 124 papeletas apareció calcinada. Son casos documentados, con investigación judicial en curso, no especulaciones.

«Cuanto mayor es la cantidad de votos por correo, mayores son las probabilidades de fraude», escribe Inda.

No es una opinión ideológica. Es una afirmación que la experiencia comparada internacional avala: los sistemas de voto a distancia son universalmente reconocidos como más vulnerables a la manipulación que el voto presencial con control de interventores.

La regularización masiva como complemento electoral

A la ingeniería del censo de los nietos del exilio se suma la regularización masiva de inmigrantes irregulares, incluyendo, según denuncia Inda, personas con antecedentes penales. Los irregularizados no pueden votar directamente, pero su regularización es el primer paso hacia la naturalización y, eventualmente, hacia el censo electoral.

En la Comunidad de Madrid, el PP vio caer su porcentaje del 47,3% en las elecciones autonómicas al 40,5% en las generales celebradas pocos meses después. Inda asocia esa caída con la composición diferencial del censo en elecciones locales frente a generales, donde el voto inmigrante, concentrado en determinados barrios de la capital, tiene un peso específico diferente.

El sistema completo

Tomados por separado, cada uno de estos elementos puede tener una explicación razonable. El contrato informático de Justicia es una modernización administrativa. El voto por correo es una facilidad democrática. Las nacionalizaciones son una reparación histórica. La publicidad institucional es comunicación pública.

Tomados en conjunto, configuran algo diferente. Configuran un sistema en el que el partido gobernante controla los medios públicos, tiene influencia sobre los medios privados a través de la publicidad institucional, ha colonizado los consejos de las grandes empresas reguladas, utiliza el decreto-ley para evitar el debate parlamentario, amplía el censo electoral con colectivos que previsiblemente le son favorables y se beneficia de un sistema de voto por correo que creció exponencialmente justo cuando las encuestas lo daban por perdido.

Inda lo llama el gran robo electoral que se avecina. Puede que sea una formulación demasiado dramática para algunos. Puede que no lo sea en absoluto para otros.

Lo que es innegable es que cuando un presidente anuncia que puede gobernar sin parlamento, cuando coloniza los medios públicos, cuando extiende su influencia sobre el tejido empresarial y cuando diseña políticas que amplían su base electoral potencial en millones de personas, la pregunta sobre los límites de la democracia deja de ser académica.

Y esa pregunta merece una respuesta antes de las próximas elecciones generales. No después.

«Si el resultado electoral de 2023 fue una sorpresa para Pedro Sánchez hasta casi una semana antes, tal como confirmaban todas las encuestas, solo él y Dios lo saben; Dios está presente en todas partes y también en esas sacas electorales donde el voto por correo creció exponencialmente justo antes del día electoral del 23 de julio, durante pleno verano, cuando media España estaba de vacaciones y la otra media preparando maletas.»

«La realidad es que el sufragio a distancia es inherentemente más propenso al pucherazo debido a su naturaleza opaca; esto contrasta con el voto presencial donde siempre hay interventores al menos de los dos principales partidos.»

Inda también compara cifras históricas: en 2015 hubo 788.000 votos por correo y en 2016 se alcanzaron los 1,3 millones, subrayando que «cuanto mayor es la cantidad de votos por correo, mayores son las probabilidades de fraude». Ejemplos como el escándalo del fraude en Albaida del Aljarafe (Sevilla), donde se sospecha que un 46% de los votos fueron manipulados en Correos, o la caja fuerte calcinada en Extremadura con 124 papeletas perdidas, refuerzan sus inquietudes sobre un sistema vulnerable.

«Un total de 2.471.000 españoles optaron por votar por correo; esto representa un millón y medio más que en las generales de noviembre de 2019 y un millón más que en las elecciones de abril ese mismo año, cuando tuvimos que ir a las urnas dos veces porque Sánchez y Pablo Iglesias no lograban llegar a un acuerdo.»

El artículo concluye con una clara advertencia sobre el «gran agujero negro» que representa la falta de control sobre el voto por correo.

Se insta a mantener una vigilancia activa ante estas maniobras que podrían decidir el rumbo político de España.