Alegato del Parlamento Europeo contra la corrupción en España

El mismo día (6 de mayo) en el que el Parlamento Europeo advertía que la independencia judicial es “el asunto más sensible” en el Estado de derecho en España, junto a la corrupción y abuso del real decreto ley, el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón Cánovas, hacia un formidable alegato en el juicio del caso Ábalos.

Luzón fue claro: “La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarla”. El fiscal alertó de cómo algunos responsables políticos descalifican a quienes tienen la responsabilidad de perseguir dichas conductas y expuso meridianamente cómo esta corrupción, organizada desde uno de los ministerios con mayor presupuesto –el de Fomento, ahora llamado de Transportes y Movilidad Sostenible (¡qué ironía!)-, está erosionando la confianza institucional.

Es la primera vez en la democracia española que un exministro nombrado por un presidente en ejercicio se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo mientras ese mismo presidente, que llegó al poder en 2018 al ganar una moción de censura prometiendo regeneración democrática, continua en La Moncloa impasible ante las investigaciones por pagos en efectivo a su partido (PSOE), enchufes familiares y laborales, favores urbanísticos y otros beneficios.

En cualquier democracia liberal esta constatación supondría la dimisión del presidente del Gobierno o, cuanto menos, la convocatoria de elecciones generales, pero en la autocracia del Pedro Sánchez Pérez-Castejón supone lo contrario: más tornillo al sillón y ataques a la oposición y a la Justicia independiente porque la “Fiscalía patriótica” y la Abogacía del Estado tienen que obedecer ciegamente al amo, estar a su servicio y defenderle a él y a su familia.

Y como la democracia parlamentaria no va con el autócrata, prescinde del Congreso, al que no ha acudido en 53 sesiones de control, y del Senado, ausente en 13, y gobierna a base del real decreto ley (RDL), que ha utilizado en 120 ocasiones en sus siete años de desgobierno, la cifra más alta registrada en periodos comparables, hasta el punto de que el Parlamento Europeo, en el mismo informe del 6 de mayo, ha llamado también la atención a España por el uso abusivo de este procedimiento, previsto en la Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad, que no requiere la aprobación de las dos Cámaras. El documento pone de relieve que “su uso recurrente, especialmente en reformas políticamente sensibles o de gran relevancia estructural, corre el riesgo de limitar la deliberación y debilitar los mecanismos consultivos, incluido el papel asesor de los órganos judiciales”. Y añade su “preocupación por las tensiones institucionales entre el Congreso de los Diputados y el Senado en relación con los procedimientos legislativos”, haciendo referencia al “bloqueo por parte de la Cámara Baja a las iniciativas aprobadas por la Alta”, lo que puede “menoscabar el papel constitucional del Senado como Cámara de segunda lectura y representación territorial”.

Además, Sánchez ha descubierto que el RDL produce efectos reales porque no sólo permite aprobar rápido, sino porque una derrota posterior puede no deshacer completamente lo hecho ya que una parte de la realidad jurídica ha cambiado, dado que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, ciudadanos y empresas adaptan su proceder, se firman contratos, se ejercitan derechos y se consolidan posiciones jurídicas que se quedan aunque el RDL sea rechazado luego por el Congreso.

Nada de esto preocupa a Sánchez porque, admitido que es un experto en hacer trampas en las urnas y en los censos, piensa gobernar “hasta 2027 y más allá”. ¿Podemos impedirlo por los procedimientos democráticos que él no respeta?

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL