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El diario ‘El Mundo’, que desde hace meses y bajo el impulso de Pedrojota lleva a cabo una inclemente campaña contra la Casa Real, dedica este 4 de abril de 2013 su portada y cinco páginas al asunto.
Incluye, como no podía ser de otra manera, un editorial, que reproducimos a continuación:
La imputación de la Infanta Cristina era un hecho cantado. La hija del Rey era la única de las cuatro personas que formaban parte del consejo de administración de Nóos que no había sido encausada.
La tardanza del juez en dilatar esa decisión sólo se explica por discretas gestiones institucionales plasmadas en la reiterada negativa de la Fiscalía a dar ese paso.
De hecho, el Ministerio Público ya ha anunciado recurso ante la Audiencia Provincial. Está claro que el Gobierno ha intentado que no se produjera la imputación, en la creencia equivocada de que así protegía la institución monárquica y evitaba dar una mala imagen de España en el exterior con una noticia que tiene una evidente repercusión internacional.
Sin embargo, postergar la imputación de Doña Cristina ha generado el efecto contrario al esperado. Ese aplazamiento ha dotado de especial dramatismo un paso procesal que se derivaba naturalmente de la instrucción.
La sensación que deja ahora la resolución de José Castro es que se han descubierto nuevos elementos incriminatorios contra ella.
Nada más lejos de la realidad: la mayoría de indicios que el juez expone en el auto existían desde un principio, y apenas hay referencias a lo largo de los más de 15 folios de su escrito a los nuevos correos aportados por Diego Torres.
Por otra parte, la tardanza en acordar esa imputación ha proporcionado argumentos durante meses a quienes, como el propio socio de Iñaki Urdangarin, decían que la Infanta recibía un trato especial «por ser quien es».
La resolución de Castro es encomiable en el sentido de que demuestra que en nuestro Estado de Derecho la ley es igual para todos, si bien resulta extraordinario que un magistrado razone una imputación tan profusamente y que lo haga en tono autojustificativo.
Tal vez se ha visto empujado a hacerlo así, al ser consciente de que estaba tomando una decisión sin precedentes.
La noticia de encausar a la Infanta por «un supuesto de cooperación necesaria» en los posibles delitos cometidos por el Duque de Palma y Torres, llega en el peor momento para la institución monárquica, sacudida por escándalos en los últimos tiempos y en sus horas más bajas de popularidad.
La Casa del Rey se limitó este 3 de abril de 2013 a expresar «sorpresa» por la decisión judicial y a mostrar conformidad con la postura de la Fiscalía al recurrir. Quizás hubiera sido un buen momento para que transmitiera su confianza en la imparcialidad de la Justicia, tal y como hicieron las principales formaciones políticas, pero la comunicación no es últimamente el punto fuerte de La Zarzuela.
Pese a que nunca hasta ahora había sido investigado un miembro de la Familia Real española en un proceso penal, y aun cuando la Infanta será interrogada sobre un caso de corrupción, es obligado recordar que la imputación no implica una condena, y que ni siquiera existe una acusación formal contra ella.
El propio Castro subraya que sigue sin acreditarse que Doña Cristina interviniera en la gestión de Nóos.
Más aún, la base probatoria que el sumario contiene sobre posibles actos delictivos de la Infanta es tan frágil a día de hoy que, a menos que surjan nuevos elementos, difícilmente habrá razones para sentarla en el banquillo.
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