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La Internacional Socialista atraviesa uno de los momentos más turbulentos de su historia tras la denuncia presentada en Londres por Benedicta Lasi contra Pedro Sánchez, a quien acusa de acoso laboral y de haber impulsado prácticas irregulares durante su liderazgo.
La jurista ghanesa, elegida secretaria general en 2022 junto al presidente del Gobierno español, asegura haber vivido durante meses un entorno laboral cada vez más hostil. En una carta detallada, describe un progresivo aislamiento dentro de la organización, marcado por decisiones que, según sostiene, recortaron sus competencias hasta dejar su cargo sin contenido real.
El punto de inflexión llegó en 2023 con el traslado de la gestión financiera desde Londres a España. Lasi cuestiona la falta de transparencia en este proceso, especialmente tras la apertura de una cuenta en el Banco Santander para centralizar las aportaciones de los partidos miembros, una medida que generó fuertes fricciones internas.
A esto se suman las sospechas que, según denuncia, se vertieron sobre su gestión económica, así como su exclusión de reuniones clave. Entre ellas, una cita de alto nivel celebrada en enero de 2024 a la que no fue convocada pese a su responsabilidad institucional. Semanas después, el 24 de febrero, fue destituida de forma abrupta.
La crisis no se limita al conflicto con Lasi. El PRI mexicano decidió abandonar la organización tras más de dos décadas de pertenencia, denunciando una deriva autoritaria y opaca bajo la presidencia de Sánchez. La formación incluso estudia acciones legales por posibles irregularidades financieras.
Entre las principales críticas figura la ausencia de informes económicos desde finales de 2022, a pesar de que las cuotas de los partidos podrían haber generado ingresos millonarios. También se señala un clima interno marcado por presiones y el control de voces discrepantes.
Este escenario coincide con otras investigaciones en España que afectan al entorno político del PSOE, donde se analizan posibles vías de financiación irregular. En algunos procedimientos, la Internacional Socialista ha aparecido mencionada como un posible canal, lo que ha intensificado la controversia.
A la tensión se suma la reclamación del exsecretario general Luis Ayala, que exige una indemnización superior al medio millón de libras, añadiendo más presión sobre una estructura ya debilitada.
Mientras tanto, diversas decisiones adoptadas durante el mandato de Sánchez, como nombramientos sin respaldo formal o cambios en la estructura interna, son interpretadas por algunos sectores como intentos de reforzar su control sobre la organización.
Con denuncias cruzadas, salidas relevantes y amenazas judiciales en varios frentes, la Internacional Socialista se adentra en una etapa de máxima inestabilidad que pone en cuestión su gobernanza y su futuro inmediato.
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