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Luis Cueto reclamó en 2006 a Industria un bonus que le fue denegado y se colocó en Exteriores en 2007

El marido de la sobrina de Carmena se embolsó una indemnización de 87.000 euros por trabajar solo ocho meses para la EOI

Fue fichado por la Alcaldesa de Madrid como jefe de Gabinete recientemente

25 Jun 2015 - 08:51 CET
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El marido de la sobrina de Manuela Carmena, Luis Cueto, cuyo nombre ha estado en los últimos días de actualidad por lo que parece un claro caso de enchufismo político–Carmena se pasa la ley por el arco de triunfo y ‘ficha’ como jefe de Gabinete al marido de su sobrina–, vuelve a estar en el punto de mira.

Y es que el sobrino político de la actual alcaldesa de Madrid cobró una escandalosa indemnización de más de 87.000 euros por haber trabajado solo 8 meses en la EOI (Escuela de Organización Industrial), según publica La Razón.

Según una información que firma Pablo Gómez en el diario que dirige Paco Marhuenda, Cueto abandonó la EOI en octubre de 2006, tras ocho meses y dos días de trabajo.

Su indemnización fue de 87.807 euros, que representaban doce meses de lo que era su retribución fija. Le debió de parecer escasa, ya que el marido de la sobrina de Carmena envió una carta al Ministerio de Industria en diciembre de 2006 en la que exigía, además de la indemnización, el cobro de un bonus por haber cumplido con los objetivos firmados en su contrato, aunque le fue denegado por no haber completado un año en el cargo.

En enero de 2007, con su generosa indemnización ya cobrada, empezó a trabajar como jefe de la Unidad de Apoyo al director de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente de Exteriores.

Hay que reseñar que esos 87.807 euros que cobró Cueto de la EOI se ajustaban en ese momento a la legislación vigente aunque ese supuesto no podría darse actualmente tras la reforma legal aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012, que ponía fin al cobro de estas indemnizaciones por parte de funcionarios al considerarlas abusivas.

El Gobierno del Partido Popular introdujo esta modificación legal precisamente para evitar que funcionarios que tienen la posibilidad de regresar a su plaza y que, por tanto, no tienen problemas de reincorporación al mercado laboral, perciban estas indemnizaciones tan elevadas al ver extinguido su contrato de alta dirección en el sector público.

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