Podemos en apuros: Pedraz imputa a ex altos cargos por malversación y contratos con consultoras afines

Otros que tal bailan. Y sin cortarse un pelo.

Porque a la hora de la verdad, como han dejado patente su macho alfa Pablo Iglesias y su prima donna Irene Montero, el dinero, el lujo y los oropeles les gustan más que a un chivo la leche.

Todo eso, envuelto en una permanente sensación de impunidad.

El partido morado vuelve a ocupar portadas por motivos ajenos a la política institucional y más cercanos al ámbito penal.

El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha acordado la imputación de varios ex altos cargos de Podemos por un delito de malversación en relación a contratos electorales firmados en 2019 con consultoras consideradas afines.

La investigación ha supuesto un duro golpe para la formación, que en los últimos años había intentado dejar atrás la sombra de las causas judiciales y centrarse en su papel como socio de gobierno.

La instrucción, que ha ido tomando cuerpo en las últimas semanas, se centra en la supuesta adjudicación irregular de trabajos de asesoría electoral a empresas próximas al partido, lo que podría constituir una desviación de fondos públicos de carácter electoral.

El auto de imputación, notificado este lunes, ha provocado un seísmo en la sede de la calle Princesa y ha dado alas a los adversarios políticos de Podemos, que no han tardado en exigir explicaciones a sus antiguos dirigentes.

El modus operandi bajo lupa: consultoras, campañas y fondos públicos

El foco de la investigación se sitúa en la campaña de las generales de 2019, cuando Podemos recurrió a varias consultoras para diseñar su estrategia electoral. Según el juez Pedraz, existen indicios suficientes de que los contratos, por valor de varios cientos de miles de euros, podrían haberse adjudicado a dedo y sin justificación objetiva del gasto, lo que abre la puerta al delito de malversación.

Las consultoras señaladas habrían facturado servicios “difícilmente comprobables o inflados”, según las primeras diligencias judiciales. En este sentido, se investiga si existió un reparto de fondos entre personas del entorno del partido a través de sociedades interpuestas.

El caso, según fuentes jurídicas, podría desembocar en la citación como imputados de ex responsables del área de finanzas y campaña.

La sospecha sobre los contratos con consultoras no es nueva en la política española, pero en este caso, la relevancia radica en la naturaleza de los fondos presuntamente desviados: dinero público destinado a la financiación electoral y, por tanto, sujeto a estrictos controles legales.

Antecedentes: de Neurona al presente, una saga de escándalos

Para entender la magnitud del escándalo, conviene recordar que Podemos ya estuvo bajo la lupa judicial por el llamado caso Neurona, en el que se investigó la contratación de una consultora mexicana para la campaña de 2019. En aquel expediente, finalmente archivado por la Audiencia de Madrid tras descartar irregularidades en el precio y los servicios prestados, se exoneró a varios exdirigentes, entre ellos Juan Manuel del Olmo y Daniel de Frutos.

Sin embargo, la sombra de la sospecha nunca se disipó del todo, y la aparición de nuevas pruebas sobre la adjudicación de otros contratos a consultoras afines ha reabierto el debate sobre la transparencia interna del partido y la utilización de fondos públicos. A diferencia del caso Neurona, la actual investigación apunta a que los contratos bajo la lupa serían más difíciles de justificar por la escasa documentación aportada y por la vinculación directa de los adjudicatarios con antiguos cuadros de Podemos.

Reacciones políticas y consecuencias inmediatas

El terremoto judicial ha tenido efectos inmediatos en la arena política. Los socios de gobierno han guardado un perfil bajo, conscientes de la sensibilidad del asunto y de su potencial para desgastar la imagen del Ejecutivo. Desde la bancada popular y otros partidos de la oposición, las peticiones de dimisión y de apertura de comisiones de investigación han sido inmediatas.

En la sede de Podemos, el ambiente ha pasado rápidamente de la incredulidad al cierre de filas. Los actuales portavoces han denunciado una “persecución judicial orquestada” y han recordado que otras investigaciones similares han terminado archivadas. Sin embargo, la presión mediática y política es máxima, y no son pocos los que vaticinan que este nuevo caso podría tener consecuencias directas en la ya menguante capacidad de influencia del partido en el Gobierno.

Posibles consecuencias para el partido morado

1. Desgaste de imagen: La imputación de ex altos cargos refuerza el relato de la corrupción política, un campo en el que Podemos siempre había intentado presentarse como alternativa regeneradora.
2. Tensión interna: El caso podría acentuar las divisiones entre las distintas corrientes internas, especialmente entre los antiguos dirigentes y los actuales responsables.
3. Complicaciones judiciales: La instrucción penal podría derivar en la apertura de juicio oral y, en función de los resultados, en condenas que afectarían al núcleo histórico del partido.

La corrupción, un mal endémico y transversal

El caso de Podemos, si se confirman las sospechas, vendría a sumarse a una larga lista de procedimientos por corrupción política en España en los últimos 25 años, donde partidos de todos los signos han visto desfilar a sus dirigentes ante los tribunales. El propio PSOE sufrió en Andalucía el varapalo de los ERE, con condenas a expresidentes autonómicos por malversación y prevaricación. El Partido Popular no se libra, con casos como Gürtel o Lezo, donde la malversación de fondos públicos ha sido el eje central de las condenas.

En este contexto, la novedad radica en que Podemos, partido surgido como reacción a la “vieja política”, se ve ahora atrapado en los mismos fangos que denunció con tanta vehemencia. El círculo parece cerrarse con una cierta ironía trágica para quienes hicieron de la lucha contra la corrupción su bandera fundacional.

Entre la investigación judicial y la batalla mediática

No es menor el papel de los medios y de la opinión pública en la evolución de estos casos. La espectacularización de las imputaciones, la filtración de sumarios y la utilización política de los procedimientos penales se han convertido en una constante en la vida pública española. En el caso de Podemos, el eco mediático es aún mayor, dada su condición de socio imprescindible en la coalición de gobierno.

• La cobertura mediática, especialmente en plataformas como YouTube y programas de debate político, ha alimentado el interés del público en los pormenores del caso.
• Se espera que, en los próximos días, se multipliquen los especiales y análisis sobre la corrupción en los partidos que han apoyado a Pedro Sánchez, en lo que ya algunos analistas califican como “el juicio paralelo de la opinión pública”.