El juez cierra la puerta a negociaciones y ordena al PSOE revelar todos sus pagos en metálico de siete años

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha puesto fin a cualquier duda interpretativa. En un auto emitido este miércoles, el juez ha rechazado de forma contundente la solicitud del PSOE para aclarar el alcance de su requerimiento sobre los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024. Los socialistas intentaban restringir la petición únicamente a los investigados José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, pero el magistrado ha dejado claro que su exigencia abarca todos los movimientos de caja del partido, sin excepciones.

El juez enfatiza que el requerimiento es «suficientemente claro en su contenido» y que no hay «concepto oscuro» alguno que justifique una nueva interpretación. Esta respuesta, alineada con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, elimina cualquier posibilidad de que el partido pueda intentar evadir la entrega de información.

La orden judicial es directa: el PSOE debe presentar «la relación de pagos en metálico realizados durante el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2024 por el Partido Socialista Obrero Español, sin importar quién sea el destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos que respalden dichos pagos». Esta formulación no deja lugar a interpretaciones restrictivas. La documentación deberá incluir, sin duda alguna, los pagos efectuados al presidente del Gobierno, quien ya ha reconocido públicamente haber recibido dinero en efectivo del partido como reintegro de gastos de representación. El plazo otorgado al partido es de diez días para cumplir con lo solicitado, un término que no admite prórrogas.

El PSOE, consciente de las repercusiones políticas y legales que podría acarrear revelar todos sus movimientos de caja durante la era Sánchez, intentó una maniobra procesal para limitar el alcance de la investigación. Argumentaban que investigar todos los pagos en metálico tendría «graves derivaciones» jurídicas, procesales y personales, además de afectar a la protección de datos. Según los socialistas, proporcionar información sobre todos los gastos adelantados por dirigentes, trabajadores, militantes y voluntarios resultaría excesivo e innecesario para esclarecer los hechos investigados. Desde su perspectiva, la solicitud del juez representaba una intromisión desproporcionada en la vida interna del partido y un riesgo para que información sensible cayera en manos de sus adversarios políticos.

Sin embargo, el magistrado ha desestimado estos argumentos con una lógica difícilmente rebatible. Considera que la información solicitada es «trascendente para esclarecer los hechos» y que existe una «enorme gravedad» en las presuntas conductas bajo investigación, tanto desde un punto de vista penal como social. Moreno destaca que la información proporcionada hasta ahora por la Guardia Civil y las pruebas testimoniales presentadas ante el Tribunal Supremo no han logrado explicar adecuadamente el origen del dinero en efectivo disponible en la sede del PSOE en Ferraz para cubrir compensaciones a los investigados y otros posibles beneficiarios. Esta falta de claridad es precisamente lo que justifica la amplitud del requerimiento.

Las incógnitas que persiguen al partido

La investigación llevada a cabo por Ismael Moreno forma parte de una pieza separada dentro del caso Koldo, surgida a raíz de las sospechas planteadas inicialmente por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Durante las declaraciones de testigos como el exgerente del PSOE Mariano Moreno y una empleada del partido, Puente identificó múltiples «incógnitas» sobre la naturaleza de los pagos, el origen del dinero disponible en la sede nacional, las razones detrás de las compensaciones económicas realizadas en efectivo y cómo se llevaba a cabo este proceso. Estas preguntas sin respuesta son precisamente lo que fundamenta la ampliación del requerimiento informativo.

La Fiscalía Anticorrupción también ha cuestionado aspectos concretos sobre estos pagos. ¿Por qué contrataba el PSOE una empresa de seguridad para transportar dinero en efectivo desde el banco hasta Ferraz cuando podría haber optado por transferencias bancarias? ¿Cómo era posible que Koldo García, quien ni siquiera tenía un cargo oficial en la Secretaría de Organización bajo Ábalos, recaudara dinero del entonces ministro y sus subordinados? ¿Por qué no existían comprobantes que verificaran quién había pagado las facturas presentadas? Estos interrogantes van más allá de los investigados principales e indican un sistema financiero cuya gestión presenta irregularidades evidentes.

La posición del partido ante la orden

El PSOE ha manifestado públicamente su voluntad de colaborar con la Justicia y acatar lo decidido por el juez. En un comunicado oficial, han afirmado que «la transparencia no solo se anuncia; se practica» y que atenderán «con total normalidad» la solicitud presentada dentro del plazo establecido. Además, han recordado que sus cuentas están sometidas a fiscalización y auditoría externa, lo cual consideran un aval adicional sobre la regularidad financiera.

No obstante, la amplitud de esta orden judicial y su inclusión para todos los cargos del partido —empezando por el presidente— sugieren que esta investigación podría desvelar un sistema más generalizado de pagos en metálico del que se conocía hasta ahora. Pedro Sánchez ya ha admitido ante el Senado haber cobrado dinero en efectivo del partido ocasionalmente como reintegro por gastos relacionados con su representación pública; sin embargo, esta investigación podría revelar si tales pagos fueron realmente aislados o si forman parte de un patrón más sistemático.

La decisión tomada por el juez Moreno representa un cambio significativo en la investigación relacionada con el caso Koldo ante la Audiencia Nacional. Mientras que el Tribunal Supremo se centra en presuntos delitos como cohecho y tráfico de influencias vinculados a Ábalos y Koldo García, ahora se investiga si este sistema financiero pudo haber sido utilizado para blanquear dinero procedente de actividades irregulares o si constituyó un desfalco contra el propio partido. La ampliación demanda indica que los jueces creen necesario abordar estas cuestiones más allá solo de lo concerniente a los investigados directos.

Para el Gobierno liderado por Pedro Sánchez, esta orden judicial representa un reto adicional justo cuando su estabilidad depende crucialmente del apoyo parlamentario. La revelación completa sobre todos los pagos realizados a dirigentes socialistas durante siete años —incluyendo al propio presidente— podría encender un debate político intenso sobre cómo se gestionan las finanzas dentro del partido y sobre transparencia pública. Aunque desde el PSOE intentan presentar esto como una cuestión meramente técnica vinculada al procedimiento judicial, lo cierto es que esta orden abre una ventana inédita hacia sus movimientos financieros internos.