El número dos del PSC, Daniel Fernández, ha renunciado a su cargo como secretario de organización del PSC por su relación con la trama corrupta de Sabadell.
Tras ponerse a disposición de Pere Navarro, el primer secretario ha procedido a la suspensión temporal de Fernández mientras dure la imputación.
El número dos no renuncia a su acta en el Congreso por lo que mantiene su condición de aforado.
Daniel Fernández figura en la lista de imputados por su relación la corrupción urbanística y cobro de comisiones en Sabadell que ha sido bautizada como ‘Operación Mercurio’.
Han sido detenidas al menos 12 personas y 26 han sido imputadas, incluido el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, y la teniente de alcalde y diputada autonómica electa Montserrat Capdevila (ambos del PSC) y varios empresarios.
La alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez (PSC), y el jefe de la Policía Local de Sabadell (Barcelona) también figuran entre los imputados.
LA CAÍDA DEL ALCALDE
Alcalde de Sabadell desde 1999, presidente de la Federación de Municipios de Cataluña desde hace 13 años, miembro de la Ejecutiva del PSC como secretario de Política Municipal, presidente del Consell de Governs Locals e integrante de la cúpula de la FEMP.
Y ahora también imputado en un caso de corrupción.
Seguramente ni Alfredo Pérez Rubalcaba ni Pere Navarro seguirán presumiendo de Manuel Bustos, peso pesado del socialismo catalán y de su poder municipal.
El custodio de uno de los pocos fortines que al partido le quedan en el llamado cinturón rojo de Barcelona ha resultado, presuntamente, no ser precisamente un ejemplo.
La noticia de su imputación ha caído como una bomba en el PSC, puesto que además no es la única en la cúpula de la formación. También ha sido imputado el secretario de Organización y número tres, Daniel Fernández.
Así que la operación Mercurio, que así se ha bautizado, apunta directamente al corazón del socialismo catalán, de cuya última campaña electoral fue director Fernández.
«Estoy muy tranquilo, no he cometido ningún delito», afirmó éste en una breve declaración, poco antes de saberse que el partido le suspende de sus cargos ipso facto.
Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama se centraba en la exigencia de constituir, como condición sine qua non para acceder con ventaja a las adjudicaciones de contratación pública, un depósito previo mínimo de 12.000 euros -cantidad que podría variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar-.
Ese depósito inicial era destinado a un fondo perdido que finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos, así como el «pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro» -una vez acabada la obra- sobre el total del presupuesto final, terminando ese dinero en un despacho de abogados.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, Bustos defendió su gestión «honesta, transparente y dentro de la ley» y la de su equipo en el gobierno municipal. Del que forma parte Montserrat Capdevila, teniende de alcalde y también imputada.
Tras la operación dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell y la Fiscalía Anticorrupción, en cuyo marco se efectuó el registro de la sede consistorial, Bustos aseguró que si de las diligencias se desprende que alguna persona familiar, cargo electo o de confianza ha cometido irregularidades espera que «le caiga todo el peso de la ley» y aseguró que él como máximo responsable del consistorio también actuará.
«Mi conciencia está tan tranquila que explicaré todo lo que me pidan».
Bustos asegura que es una situación no esperada, desconcertante.
«No tengo la preocupación de que estas diligencias que están abiertas por el Juzgado número 1 puedan contradecir mis palabras».
Además destacó que se dedicará «en cuerpo y alma» a recuperar la honorabilidad del Ayuntamiento, del equipo de gobierno y la suya propia.
Insistió que quiere que quede claro «a la ciudad, Cataluña, la familia y Sabadell que su alcalde ha actuado siempre con honestidad, rigor y transparencia».
Por lo pronto, sus responsabilidades dentro del PSC como responsable de política municipal están «en suspenso«, aunque negó que vaya a abandonar sus responsabilidades institucionales al frente del consistorio y de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) porque es inocente.
Fuentes del partido informaron de que Bustos ha manifestado su intención de dejar el cargo como secretario de Política Municipal y que todo imputado ve «alterada» su condición de militante mientras dure el proceso.
Bustos puntualizó que esta decisión es para evitar que se ataque al partido a través de su persona:
«No permitiré que se me utilice para atacar al PSC. Se han equivocado».
El alcalde socialista confirmó que la investigación arranca de una denuncia presentada por un partido político en 2010, sin querer especificar cuál.
En ese año ICV denunció el robo de torres de ordenador de su sede en Sabadell, donde la formación guardaba la documentación sobre un presunto delito de corrupción que ya había presentado a la Fiscalía.
Los grupos municipales se reunieron este miso martes por la mañana para conocer de primera mano las primeras informaciones del caso, y según explicó la portavoz del ICV, Carme Garcia, les trasladaron que habría hasta cinco concejales implicados, cargos de confianza y empresarios, además de empresas de suministro de agua, Cassa, y consorcios del Consejo Comarcal.
La operación dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell y la Fiscalía Anticorrupción se ha saldado, de momento, con la detención de 12 personas, la imputación de otras 26, la entrada y registro en el Ayuntamiento de Sabadell, 41 entradas y registros en empresas y sociedades así como 15 en domicilios particulares.
Según la Fiscalía se investiga una «trama político-empresarial dentro del Ayuntamiento» en la que han intervenido, junto a diversos empresarios, miembros integrantes del PSC y un exconcejal del Ayuntamiento, que militaba entonces en el PP.
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