‘Mosqueante’ actitud del PP por no denunciar ante la Justicia un amago de chantaje a Bauzá

Corría el 23 de mayo de 2012 cuando la Asociación de Productoras de Baleares, APROBA, presidida por Francisco Berga Picó, que fue condenado en febrero de 2003 a una pena de seis años y nueve meses por un delito de apropiación indebida continuada a raíz del conocido ‘caso Brokerval’, lanzó el órdago: o cejaban unas pretendidas negociaciones por parte del Ejecutivo balear con una empresa nacional con el ánimo de privatizar el Ente Público de Radiotelevisión, IB3, o se encargarían de sacar a la luz unas cintas que comprometían muy seriamente al presidente del Govern, José Ramón Bauzá.

Esgrimían para el amago del grave chantaje ‘razones’ laborales ya que, al parecer, y según se recogía en una nota que redactaron, no estaban dispuestos a que su sector se quedara «en situación terminal» a consecuencia de lo anterior.

La asociación, que según su página web aglutina a 22 productoras de Mallorca, Menorca e Ibiza, no se cortó un pelo. Su comunicado, publicado por Mallorca Diario en su edición del pasado 23 de mayo, quedaba así:

«Los últimos rumores e informaciones que nos llegan conducen a pensar que la decisión está prácticamente tomada, una productora de ámbito nacional será la beneficiada de la anunciada privatización de IB3, que hizo el otro día el President Bauzá.

Parece ya una realidad, realidad pertrechada a traición e incumpliendo compromisos adquiridos con el sector audiovisual de nuestra Comunidad. Una decisión más, tomada entre las tinieblas del oscurantismo y bajo la sospecha de presiones allende de nuestra industria y de nuestras fronteras.

Antes de que se cometa este error, antes de que la decisión esté definitivamente tomada apelamos al sentido común y a la responsabilidad de nuestros políticos. El sector audiovisual quiere colaborar con el Govern para encontrar la mejor solución.
Por ello, si la decisión se mantiene, y ante el inminente final en el que se verá inmerso nuestro sector, la Asociación de Productoras de Baleares – APROBA – quiere a través de este comunicado poner en conocimiento de la opinión pública  lo siguiente:
 
1.-Tenemos noticias de reuniones del Presidente Bauzá y del Sr Fons con representantes del mencionado grupo audiovisual, al tiempo que nuestras peticiones de ser recibidos por ellos han sido, como casi siempre, ignoradas.
2.- Una vez desmantelada la Televisión de Mallorca y reducida a la mínima expresión el sector audiovisual de Baleares, es intolerable que se pueda plantear una operación en IB3 con empresas ajenas a nuestra comunidad autónoma.
3.- En Baleares existen empresas  con la capacidad suficiente y dispuestas a asumir la tarea de llevar adelante IB3 televisión en las mismas, o mejores,  condiciones que  pueda plantear cualquier grupo no balear.
4.- Es difícilmente asumible que, después de años de aguantar deudas cuantiosas con la administración, se pretenda favorecer a grupos externos una vez saneada la televisión, dejando en una situación de dependencia a las empresas locales.
5.- APROBA  se ofrece, una vez más, al Govern para dialogar, buscar y proponer soluciones que eviten la desaparición de nuestro sector audiovisual.
6.- APROBA entiende que es su deber poner en alerta al Sector Audiovisual  y a la opinión pública, por lo tanto, emprenderá todas cuantas acciones legales considere oportunas para defender  los derechos que se puedan ver atacados, usando de toda cuanta información dispone para dar a conocer la realidad de la mencionada operación de privatización.
 
Son momentos de grandes tensiones en el mundo audiovisual porque, históricamente, los gestores públicos encargados de dirigirlo han mostrado sobradamente su incapacidad.
Es posible que las declaraciones de un antiguo responsable de IB3, que explican claramente la manipulación y el favoritismo imperante en los dirigentes actuales, puedan hacerse públicas en un futuro inmediato y pongan luz en este extraño asunto.
Cuando uno atiende a las explicaciones de un ex gerente de IB3 y escucha determinadas grabaciones se le ponen los pelos de punta y se pregunta muy seriamente  cual es el significado real del término «PREVARICAR».
 
Debemos por tanto esperar y mantenernos atentos en la defensa de nuestros intereses, así como los del colectivo de trabajadores que aún se mantienen en él. No pretendemos amenazar a nadie queremos que quede claro que en el sector audiovisual no cambiamos deudas de vino por programas ni otras prebendas, a buen entendedor pocas palabras le bastan, pero disponemos de todas las informaciones  por si hace falta que alguien no enterado quiera o pueda saber».
 
La misiva finalizaba con derroteros más duros si cabe:

«Ante esta situación terminal del sector queremos hacer saber que no vamos a parar pase lo que pase. Defenderemos nuestros intereses al nivel que sea necesario. Y si alguien piensa que nos va a quitar nuestro trabajo y nuestra comida por la cara, que se beba entera la vinoteca de su prepotencia y su soberbia porque iremos, en defensa de nuestros legítimos intereses y de nuestros trabajadores hasta el límite de nuestras legales posibilidades de defensa y con todas las consecuencias que ello conlleve».

Las «deudas de vino» hacían clara relación al exgerente de IB3, Francisco de Borja Rupérez, con quien presuntamente el presidente del Govern había contraído una deuda a raíz de un negocio que compartían en Calvià, la vinoteca ‘El Divino’.

DENUNCIA EN FISCALÍA

Así constó al menos en la denuncia que presentaron los econacionalistas del PSM-IV-ExM ante la Fiscalía el pasado mes de agosto, donde se acusaba a Bauzá de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. En la misma se afirmaba que el presidente habría nombrado gerente de IB3 a Borja Rupérez a cambio de la compra de su parte en la mencionada vinoteca. Rupérez no habría culminado al parecer esa operación, y fue destituido.

Extraña ahora que dos días después del comunicado de APROBA el consejo de Govern acordara, raudo y veloz, autorizar a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a ejercitar «en representación y defensa del presidente del Govern las acciones legales que correspondan».

Desde entonces un para muchos sospechoso silencio ha envuelto el caso. Tan sólo ha sido roto en el Parlament en cuatro ocasiones, cuando el conseller Antoni Gómez ha sido interpelado por esta cuestión por parte de la oposición socialista.

Su respuesta ha sido siempre repetitiva y concisa: «se están estudiando las circunstancias de las manifestaciones del comunicado, y una vez concluido el estudio de las mismas, se procederá, si corresponde, a ejecutar el acuerdo del consejo de gobierno». Han pasado ocho meses y ningún ‘popular’ o representante ha pisado los juzgados a tal fin.