Los trapos sucios del clan Pujol y sus prácticas tipo mafioso al estilo siciliano

Si no pagabas, te venían los problemas. Así pueden resumirse algunos de los testimonios que aparecen en el informe de sesenta y dos páginas remitido por la Udef al juez Pablo Ruz el pasado mes de junio 2014, según El Mundo.

El documento, un exhaustivo informe sobre la forma de operar de Pujol junior y su esposa, Mercé Gironés -ambos, como imputados, tendrán que comparecer ante el juez el próximo 15 de septiembre-, pone de manifiesto que al menos dos testigos aseguraron sentir miedo ante posibles represalias si no pagaban al hijo mayor de Jordi Pujol.

Los «favores» de los que se beneficiaba Pujol junior estaban marcados por el terror a que se les hiciera la vida imposible a través de las influencias políticas del clan.

Si los grandes hoteles y otras empresas operativas en Barcelona y con jardines tenían que pagar el impuesto revolucionario de adquirir en la floristería de Marta Ferrusola, el hijo de ésta no le iba a la zaga a través del Grupo Copisa.

El informe de la Udef establece al menos dos casos de los que uno, sobre todo, es sangrante. Una empresa abonó a una sociedad de Copisa 226.576,93 euros por una supuesta intermediación en compras de fincas en Hospitalet a la empresa que las poseía, Focio.

La apoderada de ésta señaló ante los policías que fue contactada por una persona vinculada a Copisa, Antonio Lodeiro Guardiola, que le indicó que los problemas de sus fincas finalizarían si las enajenaban.

Mientras tanto, las fincas contaron con todo tipo de trabas administrativas: se precintó una dedicada a parking de camiones, se instaló una planta de tratamiento de residuos al lado de otra y se vetaron todo tipo de iniciativas inmobiliarias sobre ellas de forma administrativa, lo que deja en evidencia que los Pujol contaban con complicidades en el aparato gubernamental catalán.

El propio suegro de Pujol junior, Ramón Gironés, se encargó de reclamar a Focio un tres por ciento de la venta, valorada en 30.050.606 euros, tras la firma en el notario.

Al final la empresa optó por abonar un uno por ciento ante el miedo a sufrir más represalias.