Silvia Intxaurrondo exige a RTVE recuperar un salario de más de 250.000 euros anuales

A pillar hasta que se acabe el chollo.

Según a una información a la que ha accedido El Mundo, la presentadora Silvia Intxaurrondo reclama un salario anual de 253.356,96 euros, casi el doble de lo que recibe actualmente.

La vista judicial está programada para la primavera de 2026, justo cuando La hora de La 1 cosecha sus mejores cifras de audiencia.

Este escenario plantea una paradoja incómoda para la dirección de RTVE: mientras el programa florece, su rostro más visible se encuentra en plena batalla legal con su empleador.

Este conflicto tiene su origen en decisiones tomadas hace unos meses.

Hasta septiembre de 2025, Intxaurrondo percibía cerca de 269.757 euros anuales a través de su empresa Sukun Comunicación, una fórmula que le permitía cobrar 182.000 euros por sus funciones como directora y presentadora, además de otros 87.757 euros por cada programa emitido.

Este modelo es habitual en el sector audiovisual para figuras destacadas, pero todo cambió cuando la Inspección de Trabajo detectó indicios de «falsa relación de autónomo» tras una denuncia anónima presentada en primavera de 2024.

La investigación concluyó que la periodista trabajaba bajo horario fijo, con recursos proporcionados por RTVE y sin capacidad real para gestionar su propia empresa, lo que hacía que su situación contractual fuera irregular.

De la estructura mercantil al régimen laboral

La regularización era inevitable. José Pablo López, presidente de RTVE, confirmó públicamente que Intxaurrondo fue dada de alta en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajadora por cuenta ajena. Sin embargo, este cambio contractual significó una transformación radical en sus condiciones económicas. Desde el 1 de septiembre, la presentadora pasó a ser personal no fijo bajo el convenio colectivo de RTVE, con un salario base mensual de 2.201,84 euros en 14 pagas, además del complemento por «plus de programas», que suma unos 10.000 euros en 11 pagas, alcanzando un total aproximado anual de 45.000 euros. Esta cifra representa apenas el 17% del salario que ganaba anteriormente.

En su demanda, Intxaurrondo sostiene que sus funciones no han cambiado significativamente. Sigue dirigiendo y presentando diariamente su programa informativo y considera que debería mantener un nivel salarial acorde al anterior. En el escrito se menciona «vulneración del derecho fundamental consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución Española» y se solicita una compensación por «el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual» derivado del cambio en sus condiciones laborales. Además, reclama recuperar beneficios logísticos perdidos, como el vehículo asignado para desplazamientos, así como la autonomía editorial completa que disfrutaba en su contrato previo.

Tensiones internas y posiciones encontradas

Este caso ha generado un considerable malestar entre los trabajadores de RTVE. Mientras la corporación ha reducido su masa salarial global apenas un 0,9% —en contraste con el aumento del 2,5% que han recibido los empleados públicos— algunos trabajadores observan con asombro cómo una figura mediática como Intxaurrondo lucha por mantener salarios extraordinarios en medio del contexto actual marcado por restricciones presupuestarias. Los sindicatos han calificado esta situación como «indecente», señalando que la presentadora recibe «un sueldo elevado» mientras otros empleados enfrentan recortes salariales. Fuentes sindicales comentaron a El Mundo que «gran parte del personal está atónito» ante una demanda que consideran llega en el peor momento posible: justo cuando se están reduciendo salarios a nivel general.

No obstante, desde otros sectores se reconoce que Intxaurrondo ha contado con un asesoramiento legal riguroso. El bufete dirigido por Jon Zabala, experto en litigios laborales, ha fundamentado la demanda en la continuidad funcional. Según su equipo legal, si las tareas realizadas por la periodista no han cambiado, su retribución debería reflejar cierta proporcionalidad respecto al pasado. La presentadora acepta formar parte del convenio colectivo de RTVE, pero con un salario base fijado en 30.814 euros anuales, además del plus necesario para alcanzar los mencionados 222.542,96 euros, sumando así los totales anteriores.

La posición de RTVE y el silencio estratégico

Ante esta situación, la corporación pública ha decidido adoptar una postura estratégica basada en el silencio. Cuando El Mundo se puso en contacto con RTVE para conocer su respuesta sobre la demanda, desde la institución decidieron no hacer declaraciones al respecto. Desde la dirección argumentan que el nuevo régimen contractual no puede compararse al anterior debido a las diferencias legales entre un contrato mercantil y uno laboral, las cuales son «radicalmente distintas». Los sindicatos corroboran que tras la intervención de la Inspección de Trabajo, RTVE no tenía margen para maniobrar: debían regularizar la situación dando alta a la periodista como empleada o enfrentarse a sanciones severas.

Existen preocupaciones entre algunos directivos sobre cómo cualquier declaración pública respecto al litigio pudiera afectar los excelentes resultados auditivos alcanzados por La hora de La 1. «La dirección está satisfecha con los resultados obtenidos gracias a Intxaurrondo«, comentan fuentes cercanas a la gestión interna; añaden que «cualquier declaración podría perjudicar esos números». Este cálculo estratégico mantiene al conflicto atrapado en un limbo incómodo: mientras ella litiga por recuperar sus condiciones anteriores, continúa siendo el rostro visible uno de los programas informativos más exitosos del ente público.

La cuestión del contrato anterior y sus irregularidades

Un punto clave en este litigio es entender cómo era realmente el contrato que mantenía Intxaurrondo con RTVE a través de Sukun Comunicación. Aunque ahora reconoce haber ganado más allá del umbral mencionado —una cifra previamente desmentida como «bulo»— también es cierto que ese acuerdo presentaba irregularidades legales evidentes. La intervención laboral determinó que no había cumplido con lo correspondiente hacia la Seguridad Social debido a las características mercantiles del contrato establecido inicialmente; esta situación llevó a cuestionar modelos alternativos seguidos por otros profesionales externos vinculados a RTVE mediante contratos artísticos personales, los cuales ofrecen mayor flexibilidad salarial pero implican también mayores responsabilidades fiscales.

En los pasillos del ente público surge una pregunta recurrente: ¿quién permitió esa estructura contractual irregular? «Sería pertinente indagar quién elaboró ese contrato fraudulento», argumentan desde los gremios; cuestionando quién asumió responsabilidad al permitirlo cuando luego resultó ser ilegal. Aunque RTVE guarda silencio sobre este tema específico, queda constancia sobre las irregularidades señaladas por parte del organismo inspector.

Las perspectivas legales y el resultado probable

Desde los sindicatos advierten sobre lo complicado del panorama judicial al cual se enfrenta Intxaurrondo; si bien su demanda gira alrededor cuestiones económicas específicas, varios expertos laborales dudan sobre su capacidad para revertir dicha situación contractual actual: “No podrá conseguir judicialmente convertirse en personal indefinido”, explican voces gremiales; añadiendo que si está catalogada como personal no fijo implica relación directa con publicaciones futuras sobre puestos disponibles; lo cual significaría tener que competir mediante oposiciones incluso si triunfara con éxito ante las instancias correspondientes.

La regularización referente a complementos salariales percibidos igualmente está siendo sometida a normalización; según indican fuentes sindicales estos pluses son discrecionales y están siendo objetivados conforme establecen convenios específicos; “no puedes simplemente otorgar cantidades arbitrarias provenientes del dinero público sin objetivarlas o justificarlas”, enfatizan desde los gremios; esta revisión podría reducir aún más lo actualmente percibido por Intxaurrondo complicando aún más su situación financiera presente.

En resumen claro está: este caso protagonizado por Silvia Intxaurrondo simboliza tensiones profundas dentro del entorno laboral existente dentro RTVE: lidiar con situaciones laborales irregulares; conflictos entre figuras mediáticas percibiendo salarios extraordinarios y empleados enfrentando condiciones mucho más modestas; además dilemas relacionados con mantener calidad informativa frente restricciones presupuestarias actuales; mientras se acerca esa vista judicial programada para primavera del año 2026 continúa liderando frente cámaras La hora De La 1, convirtiendo así este conflicto singular dentro panorama contemporáneo televisión pública española.