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Pedro Sánchez ha retocado su gabinete tras la salida al matadero electoral de María Jesús Montero.
Y, entre los cambios, ha elegido a Arcadi España, miembro del clan de Ximo Puig, como sucesor de la «mujer más poderosa de la historia de la democracia». La elección ha sido curiosa tanto por su cercanía con el expresidente valenciano como por el hecho de que, a los pocos minutos de su nombramiento, se haya conocido que está salpicado por la corrupción.
Quizá sea un requisito para formar parte del equipo de gobierno.
Y es que el periodista Alejandro Entrambasaguas ha desvelado que el nuevo «fichaje» de Sánchez está salpicado por la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo. Además, ha detallado que no necesitó mucho tiempo para encontrar indicios relevantes:
«Ha nombrado a este señor ministro de Hacienda, Arcadi España; nos hemos puesto a investigarle y hemos descubierto en cuestión de minutos que también está ligado a una de las tramas de corrupción. El nuevo ministro de Hacienda está vinculado a una trama de corrupción, concretamente a la que está investigando el Tribunal Supremo, porque hemos descubierto que, durante la etapa en la que fue consejero de la Comunidad Valenciana, adjudicó un millón de euros en obras a una de las empresas de la trama, la constructora Levantina, cuyo responsable está siendo investigado por delitos de corrupción gravísimos».
El periodista explica que la empresa del constructor está siendo investigada por la UCO por el pago de comisiones ilegales y también por el pago de prostitutas a miembros de la red como parte de los favores a cambio de contratos públicos adjudicados.
Señala que, en realidad, no es un millón de euros, sino seis, porque, en paralelo al contrato adjudicado, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) también obtuvo otro de cinco millones de euros a través de otra de las ramas de la consejería.
Estima que «habría que poner el foco» en los nombramientos de Sánchez porque, en los últimos casos, se ha tratado de personas salpicadas por casos de corrupción.
En este sentido, ha analizado los casos más recientes:
«Tenemos, por ejemplo, a la ministra de Educación, Milagros Tolón, a la que nombró miembro del Consejo de Ministros justo después de que trascendiera que, durante su etapa como alcaldesa de Toledo, había recalificado una finca de José Bono que le hizo ganar muchísimo dinero.
Tenemos también el caso de Elma Saiz, a la que nombra ministra de Inclusión y portavoz del Gobierno justo después de que la Guardia Civil acreditara que su papel fue clave en Navarra para alargar la vida laboral del funcionario que adjudicó la famosa obra de los túneles de Velate, que nutrió también de comisiones ilegales a la constructora de Cerdán.
O, por ejemplo, Rebeca Torró, que sustituyó a Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del Partido Socialista y resulta que también adjudicó contratos a Levantina, esta empresa de la trama».
Tras describir estos casos, la conclusión de Entrambasaguas es una losa que cae sobre Moncloa:
«Esto no es una coincidencia, esto es un modus operandi».
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