Marlaska oculta lo que nos cuesta la broma de escoltar a Santaolalla, amparándose en la Ley franquista de Secretos Oficiales

Fernando Grande-Marlaska es, probablemente, el ministro que más ha decepcionado de todo el Gobierno de Sánchez. Y eso, en un ejecutivo que incluye a Óscar Puente negando que el apagón fuera posible horas antes del apagón, no es poca cosa.

Marlaska llegó al Ministerio del Interior con el aval de su trayectoria como juez y la promesa implícita de que gestionaría la seguridad del Estado con criterio técnico y sin contaminación política. Lo que ha hecho en la práctica es exactamente lo contrario: ha politizado la Policía Nacional, ha mirado hacia otro lado en los escándalos que afectaban a los suyos, ha gestionado la crisis migratoria con una mezcla de improvisación y negacionismo, y ha metido la pata de forma reiterada en asuntos que un ministro con mínima pericia política habría resuelto sin dejar rastro.

Su última pirueta es digna de antología. Ha decidido ampararse en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, una norma aprobada durante el franquismo, para ocultar los detalles de la escolta policial asignada a Sarah Santaolalla, la colaboradora de RTVE y pareja de Javier Ruiz.

Una ley franquista. Para proteger el secreto de una escolta a una tertuliana. En 2026.

El origen del escándalo

Todo empezó con el encontronazo entre Santaolalla y Vito Quiles en las inmediaciones del Senado. La colaboradora de RTVE acudió al hospital con un parte de lesiones, denunció los hechos y solicitó una orden de alejamiento contra el periodista de EDATV.

Un juzgado de Madrid denegó la orden. El motivo fue explícito: no existía riesgo real que la justificara. Los vídeos disponibles del incidente mostraban una confrontación verbal, no una agresión física. No había indicios de peligro para la integridad de Santaolalla.

El Ministerio del Interior decidió asignarle una escolta policial de todas formas.

Cuatro agentes. Un vehículo. Gasolina, dietas, manutención. Según el sindicato Jupol, el gasto mensual asciende a unos 12.000 euros solo en salarios, sin contar los costes adicionales. Todo para proteger a una tertuliana cuya seguridad, según el criterio judicial, no estaba en riesgo.

El secreto de Marlaska

Cuando los sindicatos policiales y varios grupos parlamentarios preguntaron por los detalles de esta decisión, el Ministerio respondió con un documento firmado por Eugenio Pereiro, director general de Coordinación y Estudios, clasificando el asunto como materia reservada. Revelar la información, argumenta el documento, podría comprometer la seguridad del Estado.

La seguridad del Estado. Por una escolta a una colaboradora de televisión.

La cobertura legal invocada son acuerdos del Consejo de Ministros de 1986 y sus ampliaciones de 1994, todos amparados en la Ley de Secretos Oficiales de 1968. El Gobierno que llegó al poder prometiendo derogar las leyes del franquismo usa una ley franquista para ocultar un gasto público que no sabe cómo justificar.

No se desvela el coste exacto. No se identifica quién autorizó la escolta. No se explica con qué criterios técnicos se evaluó el riesgo. Marlaska guarda silencio y espera a que pase la tormenta.

Santaolalla, Ruiz y la cuadrilla de mentirosos compulsivos

Pero hay otro elemento en esta historia que merece atención y que explica, al menos en parte, la presión que el entorno del Gobierno ejerció para conseguir esa escolta.

Javier Ruiz, presentador de Mañaneros 360 en TVE y pareja de Santaolalla, difundió públicamente que Vito Quiles pretendía asaltar su domicilio. Una acusación gravísima lanzada sin pruebas, sin denuncia formal que la respaldara, sin más sustento que la palabra de alguien cuyo historial de afirmaciones sin respaldo es ya un género en sí mismo.

El mismo Ruiz que dijo que el gran apagón era «un gran bulo» horas antes del apagón. Que llamó «ratas» a quienes se lo recordaron. Que presentó a una cocinera de UGT disfrazada de médico ante su audiencia. Que fue sancionado por la FAPE por inventarse que el 90% de las violaciones en España las cometen españoles. Que fue pillado por Villarejo negando conocerle y luego tuvo que retractarse en directo cuando apareció el audio.

Santaolalla, por su parte, aseguró haber sufrido una agresión física de la que no existe informe médico público. Apareció en pantalla con un cabestrillo cuya justificación clínica nadie ha podido documentar. Lloró en TVE contando su versión mientras el juzgado competente determinaba que no había riesgo real. Y como colofón, imparte talleres sobre fake news para las Juventudes Socialistas, lo que convierte su rol de víctima de la desinformación en algo difícil de sostener con cara seria.

Los tribunales han fallado dos veces en contra de las denuncias de este entorno: el juez rechazó la orden de alejamiento contra Quiles y otro juez desestimó la demanda de Antonio Maestre contra el mismo periodista, concluyendo que su actuación era periodismo legítimo. Quiles celebró ambos fallos con una frase que resume bien el estado de la cuestión: «Otro juez me da la razón y confirma que no he acosado a nadie».

Pero mientras los jueces fallaban en su contra, el Ministerio del Interior les asignaba una escolta con cargo al erario público.

Se lo están llevando crudo. Y lo están haciendo a la sombra del sanchismo, que les proporciona cobertura mediática a través de TVE, protección policial a través de Interior y legitimidad institucional a través de un Gobierno que los trata como aliados estratégicos en la guerra cultural que libra contra la prensa crítica.

Jupol y los juristas, indignados

El sindicato policial Jupol ha alzado la voz con contundencia. Sus agentes están siendo destinados a proteger a una tertuliana cuya necesidad de protección fue descartada por un juez, mientras otros servicios de seguridad sufren falta de medios. El dinero público tiene un coste de oportunidad: cada euro gastado en la escolta de Santaolalla es un euro que no va a donde debería ir.

Los juristas consultados sobre el caso señalan que el uso de recursos públicos para escoltas debe justificarse mediante criterios objetivos y un expediente técnico documentado. Nada de eso se ha presentado públicamente. La invocación de los Secretos Oficiales no es una justificación: es una forma de evitar la justificación.

El ministro que nunca acierta

Marlaska acaba de añadir este episodio a una lista de meteduras de pata que ya es larga.

El ministro que gestionó las primeras oleadas migratorias con improvisación y luego negó sistemáticamente los datos reales. El ministro bajo cuyo mandato la Policía Nacional fue señalada por irregularidades en la gestión de protestas. El ministro que no supo explicar con coherencia la actuación policial durante varios episodios de tensión social. El ministro que ahora usa una ley del franquismo para esconder el coste de una escolta a una colaboradora de televisión cuya necesidad de protección el poder judicial había descartado.

La decepción de Marlaska no es solo política. Es institucional. Ocupar el Ministerio del Interior con ese nivel de gestión, en un momento en que España enfrenta desafíos reales de seguridad, es un lujo que el país no puede permitirse.

Pero Sánchez lo mantiene en el cargo. Lo cual dice todo lo que hace falta saber sobre las prioridades del Gobierno.

Una ley de 1968. Doce mil euros al mes. Un juez que dijo que no había riesgo. Y un ministro que se esconde detrás del franquismo para no dar explicaciones.

A esto lo llaman transparencia democrática.

Lo que cobran del erario público

Conviene poner números a todo esto. Porque Santaolalla y Ruiz no son periodistas independientes que trabajan por su cuenta y riesgo. Son empleados o colaboradores de TVE, la televisión que pagan todos los españoles, incluidos los que votan al PP, a Vox y a todos los partidos a los que ellos atacan sistemáticamente desde sus micrófonos.

Javier Ruiz percibe un salario estimado de entre 80.000 y 120.000 euros anuales como presentador de Mañaneros 360 en TVE, según fuentes del sector. Una cifra que le sitúa en la franja alta de los presentadores de la cadena pública y que se complementa con colaboraciones en otros medios afines. Por ese dinero, el contribuyente español recibe a cambio un presentador que inventa estadísticas sobre violaciones, que llama bulo al apagón que luego ocurre, que disfraza a cocineras de médicos y que ahora acusa sin pruebas a un periodista de querer asaltar su casa.

Sarah Santaolalla cobra como colaboradora habitual de RTVE en programas como Malas Lenguas, con minutajes que, según el convenio colectivo de la corporación y las tarifas habituales para colaboradores de su perfil, pueden suponer entre 2.000 y 4.000 euros mensuales solo por apariciones en pantalla, además de sus otras actividades remuneradas como talleres de fake news para las Juventudes Socialistas. Todo ello mientras un juzgado determina que no corre ningún riesgo real y el Ministerio del Interior le asigna una escolta de 12.000 euros mensuales con cargo al presupuesto público.

La suma es obscena. Dinero público para el sueldo. Dinero público para la escolta. Dinero público para la televisión desde la que difunden sus mentiras. Y una ley franquista para que nadie pueda preguntar cuánto cuesta todo esto.

La lista de los beneficiados del periodismo sanchista

Santaolalla y Ruiz no son casos aislados. Son la punta visible de un iceberg de periodistas, tertulianos y comunicadores que han construido sus carreras al calor del sanchismo y que cobran, directa o indirectamente, del erario público o de medios financiados con publicidad institucional.

Ana Pardo de Vera, directora de Público, medio que ha recibido importantes contratos de publicidad institucional de administraciones socialistas. Figura habitual en los platós de TVE y en los actos del PSOE, donde su independencia periodística resulta difícil de calibrar.

Ángel Antonio Herrera, presentador en TVE con un sueldo público y una militancia ideológica que no disimula. Uno de los rostros del sanchismo mediático en la cadena pública cuya objetividad ha sido cuestionada por el propio Consejo de Informativos de RTVE.

Antonio Maestre, colaborador de La Sexta y eldiario.es, conocido por sus ataques sistemáticos a cualquier medio o periodista crítico con el Gobierno. Perdió su demanda contra Vito Quiles en los tribunales, pero sigue operando con total impunidad desde plataformas que reciben publicidad institucional.

Gonzalo Miró, tertuliano habitual en las cadenas del grupo Atresmedia y en TVE, cuya función principal parece ser la de ariete contra la oposición y defensor incondicional del Gobierno en cualquier circunstancia. Su independencia de criterio tiene los mismos límites que su capacidad para criticar al PSOE: ninguno.

Cristina Fallarás, colaboradora de varios medios afines y figura recurrente en los platós de la izquierda mediática, conocida por sus intervenciones incendiarias y su papel en campañas de acoso online contra periodistas críticos. Ha recibido contratos y subvenciones de administraciones controladas por partidos que apoyan al Gobierno.

Jesús Maraña, fundador de infoLibre, medio que ha recibido subvenciones públicas y publicidad institucional de administraciones socialistas mientras se presenta como medio independiente y crítico con el poder.

Ignacio Escolar, director de eldiario.es, el medio de referencia del sanchismo progresista, financiado en parte por sus lectores pero también beneficiario de contratos publicitarios institucionales. Su línea editorial ha sido consistentemente favorable al Gobierno de Sánchez en los momentos más delicados.

El modelo: así funciona el periodismo clientelar

El sistema tiene una lógica interna impecable. El Gobierno distribuye publicidad institucional entre los medios afines. Los medios afines contratan y promocionan a los periodistas y tertulianos que defienden al Gobierno. Esos periodistas y tertulianos atacan desde sus tribunas a quienes cuestionan al Gobierno. Y cuando alguno de ellos tiene un problema, el Gobierno responde con escoltas pagadas con dinero público, leyes franquistas para ocultar los costes y apariciones en TVE para llorar ante la cámara.

Es un ecosistema cerrado, autorreferencial y extraordinariamente costoso para el contribuyente. Un contribuyente que no tiene voz en la decisión de a quién se le asigna una escolta, a qué medios se les da publicidad institucional ni quién presenta los informativos de la televisión pública que paga con sus impuestos.

Vito Quiles ganó en los tribunales. Los jueces determinaron que su periodismo era legítimo y que no había acosado a nadie. Pero Quiles trabaja sin escolta, sin sueldo público y sin el respaldo de un ministerio dispuesto a usar leyes franquistas para protegerle.

La diferencia entre él y Ruiz o Santaolalla no es solo el  talento. Es a quién votan y a quién defienden.

En el sanchismo, eso lo cambia todo.