Como es bien sabido, el sistema universitario español lleva años estancado en los ránquines internacionales. En la última edición del más famoso de ellos, el llamado ranquin de Shangai (Academic Ranking of World Universities), el correspondiente al año 2024, sólo la Universidad de Barcelona se situaba entre las 200 mejores del mundo. En concreto en el ultimo cuarto, en un grupo que recoge a las universidades que se sitúan entre el puesto 151 y 200 mundial. Puesto que ha recuperado, porque en la edición del 2023, la universidad de Barcelona “había descendido”, y se situaba en la categoría que recoge a las universidades situadas entre el puesto 201 y 300 mundial, junto a la Universidad de Granada. En la edición del 2024, en el tramo 201-300, no encontramos a la Universidad de Valencia, y a las autónomas de Barcelona y Madrid. La complutense de Madrid aparece junto a la Pompeu Fabra, Granada y la del País Vasco, en el tramo siguiente, es decir en el tramo entre las 301 y las 400 mejores universidades del mundo.
Es difícil encontrar a una universidad privada española en los primeros puestos de estos rankings, ya que se valora mucho la producción y éxito investigador, y como sabemos, la universidad privada española cuenta con la gran desventaja de partida, de no contar con todo el montante de subvenciones y ayudas, con el que cuentan las de titularidad pública, que cubren aproximadamente el 85% de los costes de estas. En cualquier caso, en el tramo entre la 501 y la 600, de este ranquin encontramos a la Universidad de Navarra.
A pesar de que no levantamos cabeza en los ránquines internacionales, y de la multitud de informes que vienen recomendado desde hace años cambios no menores en nuestro sistema universitario, la última ley universitaria, la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, no reconoció ningún fallo relevante del sistema universitario español, y parece limitar todos los problemas de este a la insuficiencia de la financiación. Esa insuficiencia de financiación se pretende paliar – de modo muy poco realista-, estableciendo el objetivo de que el total de las ayudas y subvenciones de todos los poderes públicos a la universidad llegue el 1% del PIB, cuando lleva años sin superar el 0,8%. Y esta especie de mandato/deseo, se establece (muy al estilo de como se viene legislando últimamente), sin aclarar quién va a poner el 0,2% que falta, porque recordemos es a las CCAA a quien corresponde financiar a las universidades públicas de su región. Al referirse a esta ley, algunos presidentes de CCAA, incluso socialistas, han echado mano de la conocida frase: “muy fácil, tu invitas y yo pago”.
Mientras todo esto sucede, mientras el sistema no reconoce ningún de sus fallos, y en todo caso prefiere limitar o entorpecer la competencia que les viene de las privadas (los gobiernos regionales son juez y parte en gran medida, ya que por un lado financian a un competidor, y por otro regulan el mercado) y promulgan normas con objetivos tan ilusorios – en los parámetros actuales -, como el alcanzar el 1% del PIB en el gasto público en el SUE, las universidades de titularidad privada no dejan de crecer.
Como se puede comprobar en el siguiente cuadro, elaborado partiendo de los informes Datos y Cifras del Sistema Universitario Español, que publica cada año el Ministerio de Universidades el porcentaje de alumnos de grado que corresponde a los matriculados en las universidades privadas ha crecido desde el 15,44% del curso 18-19 al 20,56% del curso 22-23.
Es decir, cada curso, las universidades privadas, a pesar de que compiten con un gigante que tiene sus gastos financiados en un 85% aproximadamente, ganan alrededor de un 1% de la cuota de los alumnos de grado del SUE.
Y en el caso de los Masters la situación todavía es más favorable a la universidad privada que ha igualado prácticamente a la universidad pública en cuota de mercado. En el cuadro elaborado por la misma fuente, se puede comprobar que en 5 años se ha crecido en 13 puntos, alcanzando ya un 49,51%, con un crecimiento de 2,5 puntos anuales.
Esto sucede por motivos muy diversos, incluido porque ha crecido el número de números de universidades privadas, y las existentes se han desarrollado, pero qué duda cabe, que un factor muy decisivo tiene que ver con la calidad creciente en la oferta de servicios, tanto estrictamente académicos como complementarios de estas universidades, lo cual debería ser de estímulo para la mejora de todo el sistema, y no para poner cortapisas al desarrollo de los servicios universitarios a través de fórmulas diferentes, tentación en la que cae tanto el gobierno de España, como gobiernos regionales.
