El cardenal Brenes denuncia la profanación de tumbas por parte de los sandinistas

Coincidiendo con el Día de los Difuntos, grupos sandinistas han profanado las tumbas de algunos manifestantes asesinados durante las protestas contra el régimen del dictador Daniel Ortega, lo que ha provocado la condena del cardenal arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes.

Una de las tumbas destrozadas ha sido la de Josué Mojica, asesinado el 8 de julio del año pasado en el departamento de Carazo cuando tenía 18 años de edad. Su madre, Elizabeth Velázquez, ha denunciado el hecho manifestando que aunque ya arruinaron su vida, parece que no tienen bastante con ello.

La Comisión Justicia y Paz del Arzobispado del de Managua advierte en un comunicado que el país sigue sometido a violencia, injusticias y saqueo de sus bienes. No se puede construir una nación a base de miedo y de presiones, manifiesta este organismo diocesano, que reclama un ambiente de confianza, justicia, libertad de expresión para conocer las críticas constructivas provenientes de amplios sectores de la sociedad.

También exige la independencia de los poderes del Estado para evitar la concentración del poder, una cultura política que piense en el bienestar de todos, que quiera servir a todos y no se convierta en un «modus vivendi» para el bienestar de algunos o de sus grupos.

La denuncia de este clima social está colocando a la Iglesia en el punto de mira del régimen, que acusa a los obispos de «golpistas». Ante eso, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, ha respondido que los obispos han elegido acompañar a la gente, y continúan con su misión centrada en la catequesis, el trabajo social y la promoción humana, con más fuerza cuando las situaciones son difíciles.

Álvarez asegura que la Iglesia no tiene miedo, vive, celebra y ayuda a los demás. Además, insiste, se está produciendo un cambio porque la gente en Nicaragua ya no tiene miedo.

Desde abril de 2018, el país vive una crisis que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 651.

El CIHD ha señalado al régimen de Ortega como responsable de crímenes «de lesa humanidad», en el marco de la crisis.