Grandes metrópolis como París, Madrid, y Berlín han convertido el sueño de un hogar digno y accesible en una pesadilla de cifras imposibles para el ciudadano común. ¿Por qué? Los factores son múltiples y complejos: el fenómeno Airbnb, los fondos buitre, el turismo masivo, y la escasa oferta de vivienda pública.
Sin embargo, al otro lado del espectro se encuentra una ciudad que parece haber encontrado el secreto de un mercado de alquiler justo: Viena.
Mientras en Madrid los inquilinos llegan a destinar hasta un 60% de su salario al pago de la renta, en Viena esa cifra se reduce a un 20%.
Esta brecha no es casual ni producto de la suerte, sino del fruto de una política de vivienda que ha convertido a la capital austriaca en una especie de «isla de alquileres accesibles» en un mar de precios inalcanzables.
Mientras muchas ciudades europeas optaron por vender su parque de viviendas sociales en la década de los 90, Viena decidió conservar y gestionar la mayoría de sus propiedades a través del Estado. ¿El resultado? Más del 60% de sus ciudadanos viven en viviendas municipales o subvencionadas, reduciendo la presión sobre el mercado de alquiler privado y evitando la especulación desenfrenada.
Este enfoque no solo es radical en comparación con otras capitales europeas; es también profundamente inclusivo. En Viena, el acceso a la vivienda social no depende de un código postal, un ingreso elevado o de una “solvencia financiera” intachable. Al contrario, cualquier residente con más de dos años en la ciudad puede solicitar el “papel amarillo”, un permiso que le otorga el derecho de acceder a este tipo de alquileres. Este sistema, que en otras ciudades del mundo se ha reservado para las personas de bajos ingresos, en Viena es visto como un derecho universal, en el que ricos y pobres conviven en los mismos edificios de alquiler asequible.
No obstante, Viena no está exenta de presiones. Como advierte Selim Banabak, experto en Planificación Espacial de la Universidad TU Wien, el crecimiento de la ciudad ha puesto en tensión el modelo, y es cada vez más común que las personas encuentren dificultades para acceder a una vivienda debido a la elevada demanda. Además, el auge de Airbnb y otros modelos de renta a corto plazo también han comenzado a amenazar este balance. Para contrarrestarlo, la ciudad ha limitado el alquiler vacacional a 90 días al año, intentando preservar así el objetivo inicial de la plataforma: el uso ocasional y no la explotación comercial.
Quizá el caso de Viena pueda abrir los ojos a otras ciudades que se han rendido ante los intereses privados, sacrificando el bienestar de sus ciudadanos. La vivienda, como bien insisten en Viena, no debería ser una mercancía ni un lujo. Es un derecho, y como tal, merece ser protegido por políticas sólidas y comprometidas.
¿Es posible replicar el modelo vienés en otros lugares? Sin duda, pero requerirá una voluntad política capaz de resistir las tentaciones de vender el patrimonio público a corto plazo. Mientras otras ciudades continúan hipotecando su futuro y el de sus ciudadanos, Viena nos recuerda que otra manera de vivir es posible. ¿Serán las demás ciudades capaces de escuchar esta lección?
