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El daño que Podemos ha hecho a las mujeres se estudiará en los libros de Historia. Perpetrar una estúpida y nefasta ley que establece que porque un hombre diga que es mujer, así se le inscribe en Registro Civil, es la negación misma de la esencia femenina. Si cualquier hombre puede decir que es una mujer entonces ¿qué es realmente ser una mujer?. Anular la esencia y naturaleza de algo con una ley positiva es una muestra de aberración y ponzoña ideológica propia de personas obtusas, malvadas o ambas a la vez.
Pero no le bastó con eso a los ‘morados’. Tuvieron que venir a dar lecciones de derecho penal y cambiar la tipificación de los delitos sexuales con el gran éxito de que más de 150 delincuentes sexuales fueron liberados y a más de 1.500 se les han rebajado los años que deben permanecer en prisión pagando por el daño causado a sus víctimas.
Ahora, por suerte ya fuera del Gobierno, los de Ione Belarra han parido otra gran aportación a la sociedad española: crear otro coladero para que más inmigrantes ilegales puedan quedarse en España. Concretamente, la ideica sería que las mujeres que están España de forma ilegal puedan obtener papeles si dicen ejercer la prostitución. Y, claro, la maldad de la medida es obvia: se da como verdadera la afirmación que haga cada mujer extranjera porque ni se requiere ni hay forma de comprobar que su testimonio sea cierto.
En el modus operandi habitual de la izquierda, tan nefasta medida se envuelve de buenismo pueril y se justifica en «facilitar el acceso a derechos y ayudas sociales para mujeres migrantes en situación irregular». Sin embargo, sus detractores denuncian que esto es un “coladero” y advierten que se fomentan vías espúreas de legalización de mujeres que entraron a nuestro país sin cumplir la ley.
El contexto social y político
La regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales ha sido un asunto recurrente en la política española, con diversas iniciativas legislativas y propuestas de partidos que en la práctica vienen a premiar a quienes han hecho las cosas mal entrando a nuestro país sin respetar las leyes. De aprobarse esta nefasta medida la consecuencia lógica sería disparar el efecto llamada al dar a las mujeres extranjeras la posibilidad de quedarse aquí habiendo entrado de forma ilegal, regularizar su situación y encima pedir ayudas y paguitas varias. Festival del despropósito por tanto.
Por si no fuera suficiente chapuza, colectivos feministas y organizaciones sociales advierten sobre el peligro de institucionalizar la explotación sexual y perpetuar el estigma hacia las trabajadoras sexuales, muchas de las cuales son víctimas de trata y violencia.
¿Cuántas extranjeras inmigrantes ilegales ejercen la prostitución en España?
Una actividad que es ilegal o alegal y que no puede inscribirse como tal es imposible cuantificarla porque no hay registro de personas trabajando en ella, como todo el mundo puede comprender. No obstante, se da por cierto que el 90% de las personas que ejercen la prostitución en España son mujeres, muchas de ellas inmigrantes ilegales o también víctimas de trata. En este sentido, en 2024, más de 1.700 mujeres fueron liberadas por las fuerzas de seguridad de redes dedicadas a la trata y explotación sexual. De ellas, el 96% de las víctimas atendidas por Cruz Roja son inmigrantes, siendo muchas de ellas forzadas a ejercer la prostitución pero también a realizar trabajos domésticos.
Esta realidad pone de manifiesto que aunque la propuesta busca ofrecer protección, puede tener efectos contradictorios: incrementar el número de mujeres que quieran venir a España con la idea de declarar una vez aquí que han ejercido la prostitución y poder quedarse, pero en realidad acabar siendo captadas en sus países de origen por organizaciones criminales que les ofrezcan traerlas para luego obligarlas a prostituirse de verdad al llegar a España.
Por otra parte, otro efecto secundario de esta alocada idea sería tensionar aún más los servicios sociales de los que hacen uso los inmigrantes ilegales, como la Sanidad. Que lleguen más ilegales a España y que encima se puedan quedar de forma regularizada sólo con un testimonio inverificable añadirá más saturación a los servicios públicos. Así, la Comunidad de Madrid ha alertado días atrás de que el año pasado su sistema sanitario tuvo que atender a más de 190.000 inmigrantes ilegales y que en sólo un año, este tipo de usuarios de la sanidad se había incrementado un 44%.
La regulación del régimen jurídico para extranjeros es competencia del Estado; sin embargo, aspectos relacionados con asistencia social y sanitaria dependen de las comunidades autónomas. Esto genera desigualdades territoriales significativas en la atención brindada a inmigrantes ilegales. Además, aunque se han incorporado cambios para facilitar que los ilegales se queden en España tras una reciente reforma del Reglamento de Extranjería, no se contempla explícitamente la prostitución como una opción válida para regularizarse.El reto de proteger sin estigmatizar
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