Los madrileños deberán abonar la tasa de basuras en 2026 a pesar de su anulación judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la ordenanza referente a la tasa de basuras del año 2025, que había sido aprobada por el Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de José Luis Martínez-Almeida.

Este fallo, que se hizo público esta semana, responde a errores significativos en el proceso: el informe técnico-económico no fue publicado en su totalidad durante el periodo de información pública.

Este documento era crucial, ya que explicaba cómo se calculaban los importes y contenía anexos esenciales sobre la generación de residuos por parte de actividades económicas que quedaron sin visibilidad.

Los ciudadanos ya comenzaron a pagar esta tasa desde septiembre de 2025, con un recibo medio que rondaba los 140 €, aunque variaba notablemente según las zonas: desde 60 € hasta más de 200 € o incluso 300 €.

La medida afectaba a aproximadamente 1,7 millones de inmuebles, con una recaudación esperada por parte del Ayuntamiento que ascendía a 300 millones de euros.

Sin embargo, la nulidad no implica una devolución automática del dinero. Solo aquellos 130.000 contribuyentes que presentaron reclamaciones dentro del plazo ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal (TEAMM) o la Agencia Tributaria tienen posibilidades de recuperar lo pagado, lo que podría sumar hasta 18 millones si se confirma el fallo.

¿Cuáles fueron los errores en la tramitación?

El TSJM determinó que se vulneró el derecho ciudadano a participar y supervisar este tributo. El informe técnico-económico es fundamental: debe especificar los costes del servicio, cómo se distribuyen y establecer criterios como el valor catastral (80% del cálculo) y la generación de residuos (20%). En este caso, faltaron anexos con estudios estadísticos sobre residuos generados por sectores económicos y áreas homogéneas, lo que impidió confirmar si la tasa era justa y proporcionada.

Esto está alineado con la Ley 7/2022 sobre residuos, que establece que «quien contamina paga». Sin embargo, el tribunal hizo hincapié en la necesidad de total transparencia. No es suficiente con presentar datos finales; hay que mostrar todo el proceso. El Ayuntamiento intentó corregir la ordenanza en 2025 tras recibir quejas, incluyendo aspectos relacionados con empadronados por vivienda, pero los errores procedimentales eran irreparables.

La OCU y expertos como Juan Manuel Herrero de Egaña (AEDAF) subrayan la importancia de que la tasa sea clara y equitativa. La oposición, representada por Más Madrid y su portavoz Rita Maestre, ha calificado esta situación como una «chapuza ilegal» e instó a los ciudadanos a reclamar. También asociaciones vecinales y partidos como Vox han tomado cartas en el asunto.

La tasa del 2026: paga primero y reclama después

Este es un punto crucial para los madrileños. La ordenanza correspondiente al año 2026 ya ha sido aprobada y Más Madrid ha presentado un recurso, alegando fallos similares a los detectados anteriormente. El Ayuntamiento comenzará a cobrar desde octubre: entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre de 2026, a través del portal tributario. Se aplica aquí el principio conocido como solve et repete, lo que significa que primero hay que pagar y luego reclamar dentro del plazo de 30 días tras recibir la notificación.

• Recibo medio: alrededor de 140 €, con rangos desde 60 € hasta más de 200 €+.
• Plazo para reclamaciones: dentro de los siguientes 30 días tras recibir el aviso correspondiente. Si el fallo sobre 2025 tiene impacto, podría echar abajo esta nueva tasa.
• Devolución por lo pagado en 2025: no será automática. Solo aquellos que presentaron reclamación antes del 9 de febrero de 2026 podrán optar por ella. Además, podrían acumular intereses legales (hasta cinco años).
• Situación del Ayuntamiento: está considerando presentar un recurso ante el Tribunal Supremo en un plazo máximo de 30 días, centrándose solo en aspectos formales sin entrar al fondo (fórmula utilizada para calcular).

Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha realizado ninguna devolución; además, la sentencia aún no es firme. Tanto desde la perspectiva de organizaciones como MVGM y OCU se advierte sobre la necesidad urgente de proteger tu derecho reclamando ya para evitar sorpresas con respecto a 2026, especialmente considerando antecedentes como el caso de plusvalía anulado en 2021 por inconstitucionalidad.

La presión tanto política como social crece para conseguir una devolución generalizada; sin embargo, las vías judiciales son individuales. El consistorio está analizando cómo esto podría impactar sus ingresos destinados a la gestión de residuos en los 21 distritos. Mientras tanto, los madrileños siguen atentos al desarrollo en el Tribunal Supremo y preparan sus recibos con cierta desconfianza.

Esta situación pone en evidencia que las tasas ambientales requieren un mayor rigor desde su inicio para evitar complicaciones innecesarias.