La UE endurece y acelera las expulsiones de irregulares mientras Sánchez regulariza en masa ilegales

Bruselas y Madrid marcan posturas opuestas en materia migratoria.

Este jueves, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a un Reglamento de Retorno que sustituye la antigua directiva por una normativa que debe ser cumplida como ley nacional. El objetivo es armonizar y endurecer las expulsiones ante el fracaso de una tasa media del 20% en la UE.

En este contexto, España se destaca por tener una baja tasa de ejecución.

En 2024, se emitieron más de 62.000 órdenes, pero solo se llevaron a cabo 6.105, lo que representa un escaso 9,7%. Desde Bruselas, esto se considera un problema serio y se limita la capacidad de cada país para forzar los retornos.

Antecedentes de la brecha

El nuevo reglamento establece una decisión de retorno europea estándar. Esto implica que las órdenes deben ser reconocidas mutuamente: si alguien es expulsado por Francia y luego aparece en España, su expulsión se ejecuta sin necesidad de iniciar un nuevo proceso.

Además, amplía el periodo de detención hasta 24 meses para garantizar la presencia del individuo. También introduce alternativas como la obligación de presentarse periódicamente o residir en un lugar fijo.

Las garantías se mantienen. Se prohíben las expulsiones a países donde haya riesgo vital, se veta la expulsión colectiva y se protege a los menores no acompañados asegurando que cuenten con representantes legales.

En España, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, la tendencia ha ido a la baja desde 2022.

• En 2022: se ejecutó el 8,2% de 46.000 órdenes.
• En 2023: el porcentaje subió al 9,3% sobre 64.000.
• Para 2024: se alcanza un 9,7% con respecto a 62.000 órdenes.

En años anteriores los resultados eran mejores. Con Rajoy en el poder, la cifra superaba el 50%; con Zapatero, era del 30%. Actualmente, miles de órdenes caducan sin llegar a ser efectivas.

El plan español choca con Europa

Mientras la UE refuerza su enfoque hacia las expulsiones forzosas, Sánchez opta por llevar a cabo regularizaciones masivas. Un informe del comisario jefe de Extranjería estima que más de 1,2 millones podrían beneficiarse de esta medida.

Esto agrava aún más la situación anómala. España emite muchas órdenes –siendo la segunda tras Francia en el primer trimestre de 2025 con 14.545– pero su tasa de ejecución es muy baja. La media en la UE ronda entre el 20% y el 30%, igualmente insuficiente.

Desde el PP critican esta situación en el Congreso: prevén una tasa del 5% para 2025 con unas 41.315 órdenes emitidas y apenas 2.156 ejecuciones hasta noviembre.

¿Cómo evolucionará?

El reglamento avanza a buen ritmo. La comisión LIBE lo aprobó en marzo de 2026 con apoyo del PPE y partidos ultraderechistas. Las negociaciones en trílogo podrían concluir en la segunda mitad del año.

España tendrá que adaptarse a esta nueva normativa. El texto obliga a establecer criterios comunes sobre riesgo de fuga y contempla un aumento en los periodos de detención. Se discute incluso sobre posibles centros fuera de la UE para gestionar casos familiares con menores acompañados.

Bruselas está presionando para incrementar las tasas de ejecución. Si España decide ignorar estas directrices, podría enfrentarse a sanciones o perder fondos europeos. Aunque Sánchez defiende su modelo actual, las presiones desde Europa no cesan.

Los datos proporcionados por Eurostat reflejan esta disparidad: España acumula un número significativo de irregulares con órdenes pendientes y no cuenta con estadísticas oficiales claras al respecto.

El choque entre Bruselas y Madrid será clave para definir cómo evolucionarán estas políticas migratorias en el futuro inmediato. Europa parece dispuesta a endurecer su postura; mientras tanto, España sigue apostando por una vía diferente mediante regularizaciones masivas. Habrá que ver quién cede primero ante esta tensión creciente.