¿Adios a las Zonas de Bajas Emisiones?: otro tribunal sentencia que las multas son ilegales

En un breve lapso, las Zonas de Bajas Emisiones han evolucionado de ser un emblema de la movilidad sostenible a convertirse en un campo de batalla legal en las urbes españolas. Multas que ascienden a 200 euros, cámaras escaneando matrículas y ayuntamientos aumentando su recaudación han chocado frontalmente con los tribunales, que comienzan a cuestionar la manera en que se han impuesto estas restricciones.

La última resolución en este enfrentamiento proviene de Málaga, donde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado el régimen de circulación de su ZBE, argumentando que discrimina a ciertos conductores dependiendo del lugar donde tienen registrado su vehículo. Este fallo trasciende la mera ordenanza y plantea una incómoda interrogante para numerosos ayuntamientos: ¿qué sucederá con el dinero recaudado por las multas?

Qué ha dicho exactamente el tribunal sobre la ZBE de Málaga

La sentencia del TSJ de Andalucía anula las disposiciones de la ordenanza de movilidad de Málaga que regulaban la circulación dentro de la ZBE, al considerar que el sistema infringe principios fundamentales como la unidad de mercado y la libertad de empresa. No es que no deba existir una ZBE, dado que es una exigencia legal para las grandes ciudades, sino que se cuestiona la implementación que se ha llevado a cabo.

Hasta la fecha, el modelo malagueño permitía que los vehículos sin etiqueta ambiental circularan por las 34 calles incluídas en la ZBE, siempre que estuvieran empadronados en la ciudad. En cambio, se sancionaba con 200 euros a los mismos vehículos si su registro era de fuera de Málaga. Esta desigualdad, fundamentada únicamente en el lugar de registro del vehículo, es lo que el tribunal considera discriminatorio.

La resolución:

• Anula el régimen de circulación de la ZBE estipulado en la ordenanza de movilidad.
• Mantiene el resto de la normativa, incluyendo la obligatoriedad de tener una ZBE por requerimientos estatales y europeos.
• Abre la posibilidad para que los sancionados puedan presentar recursos y solicitar la devolución de las cifras abonadas por dichas multas.

Cabe destacar que la sentencia no es definitiva y el Ayuntamiento tiene la opción de recurrir ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la ZBE y el sistema de cámaras siguen operativos, lo que coloca a muchos conductores en una situación incierta respecto a si las multas actuales también estarán en entredicho.

¿Tienen que devolver las multas? Madrid como precedente

Para entender lo que podría suceder con las multas en Málaga, resulta clave observar lo que ha ocurrido en Madrid, donde la lucha legal por las ZBE avanza con más celeridad. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró inválidos los preceptos que sustentaban la ZBE general, así como las zonas de especial protección del Distrito Centro y Plaza Elíptica. El Tribunal Supremo inadmitió el recurso presentado por el Ayuntamiento, y la sentencia se hizo firme en abril de 2026.

Este fallo tiene repercusiones generales y retroactivas sobre todos los actos emitidos bajo la norma, incluida la anulación de sanciones. Asociaciones de automovilistas calculan que desde 2021 se han impuesto más de 3,3 millones de multas en las ZBE madrileñas, con un monto que supera los 650 millones de euros, los cuales ahora deberán ser anulados y devueltos a quienes los pagaron. Algunas proyecciones elevan el impacto total a cerca de 700 millones de euros.

A pesar de esto:

• El Ayuntamiento de Madrid ha señalado que no devolverá el dinero automáticamente, argumentando que las sentencias no tienen efecto retroactivo más allá de los recursos que se hayan presentado.
• Los conductores deberán reclamar de forma activa la nulidad de las multas y la devolución de ingresos no debidos, caso por caso.
• Una reciente resolución de un tribunal de instancia en Madrid obliga al Consistorio a extender la anulación a todas las multas derivadas de las ZBE que carezcan de sentencia firme, lo que amplía aún más la gravedad de la situación.

Este choque entre la interpretación judicial, que aboga por la nulidad y los efectos retroactivos, y la postura de ciertos ayuntamientos, que intentan restringir las devoluciones, es el mismo escenario que podría repetirse ahora en Málaga y, potencialmente, en otras localidades.

Las cifras de recaudación: un negocio arriesgado para los ayuntamientos

Mientras los jueces ponen en duda la legalidad de muchas ZBE, la recaudación por multas ha sido un verdadero maná para las grandes ciudades. En Madrid, solamente en 2025, el Ayuntamiento recaudó cerca de 191 millones de euros por sanciones vinculadas al acceso no autorizado a las ZBE, con multas de 200 euros como estándar. Desde 2022, las ZBE autonómicas habrían generado más de 105 millones de euros en la región, concentradas en su capital.

Otros ejemplos reflejan el impacto:

• Valladolid: casi medio millón de euros en ocho meses de funcionamiento de la ZBE.
• Granada: más de 11.000 multas en dos meses, con una recaudación que supera los 1,2 millones de euros.
• San Sebastián: alrededor de 200 sanciones semanales, lo que implica unos 160.000 euros al mes.

A nivel nacional, estudios de organismos especializados apuntan a ingresos superiores a 800 millones de euros por multas y tasas ligadas al tráfico y las ZBE en 2026. En este contexto, se destaca que hasta el 98 % de las sanciones relacionadas con ZBE que llegan a los tribunales acaban anuladas por defectos de señalización o problemas legales en las ordenanzas.

Si la tendencia marcada por los casos de Madrid y Málaga se expande, los ayuntamientos podrían enfrentar situaciones de:

• Revisión de millones de expedientes sancionadores.
• Devoluciones masivas por ingresos indebidos, impactando directamente en las cuentas municipales.
• Presión política para ajustar o rehacer las ZBE, garantizando mayores avales legales y mejor señalización.

¿Y ahora qué? Entre la transición ecológica y la inseguridad jurídica

Las Zonas de Bajas Emisiones han venido para quedarse. Son una obligación recogida en la legislación estatal y en los compromisos ambientales de Europa, que requieren reducir la contaminación en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. No obstante, lo que se cuestiona es su diseño y aplicación: desde la señalización ambigua hasta criterios de sanción que tratan de manera desigual a los conductores sin justificación válida.

Las consecuencias económicas y sociales son evidentes:

• Los tribunales demandan normas más sólidas y sistemas de sanción que respeten principios básicos del derecho y del mercado.
• Los ayuntamientos se ven obligados a replantearse las ordenanzas, afrontar posibles devoluciones y mejorar su relación con la ciudadanía.
• Los conductores transitan entre el impulso real a cambiar de vehículo o utilizar el transporte público y la sensación de inseguridad jurídica, preguntándose si las multas serán eventualmente consideradas nulas.

Mientras se redefine este equilibrio, cada nueva sentencia, como la de Málaga, no solo reorganiza una ZBE específica, sino que incrementa la presión sobre un modelo en marcha que nació para purificar el aire de nuestras ciudades y que ahora necesita, con urgencia, limpiar también su marco legal.