El contrato laboral ‘amo-perra’ que el Tribunal de Estrasburgo aprueba y deja como la chata a la justicia francesa

Una mujer denunció a su jefe por abuso sexual, pero el tribunal francés lo absolvió porque ambos habían firmado un documento privado, conocido como “contrato amo-perra”, que supuestamente avalaba una relación de sumisión y dominación.

Sin embargo, la reciente intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha cambiado radicalmente el sentido del caso y ha reabierto el debate sobre los límites del consentimiento y la protección de las víctimas en el ámbito laboral.

A día de hoy, 7 de septiembre de 2025, la decisión de Estrasburgo ha generado un intenso debate en medios y redes sociales, no solo en Francia, sino en toda Europa.

El caso se ha convertido en un símbolo de las dificultades para delimitar la frontera entre la autonomía de los adultos y el deber de los Estados de proteger frente a situaciones de abuso de poder, especialmente en relaciones laborales marcadas por jerarquías y desigualdades de poder.

El caso del “contrato amo-perra” ya se estudia en facultades de Derecho y en foros de derechos humanos como ejemplo de los retos que plantean las nuevas formas de abuso y las dificultades para proteger a las víctimas en entornos cada vez más complejos.

La sentencia de Estrasburgo no solo repara el daño sufrido por la víctima, sino que lanza un mensaje claro: el consentimiento, para ser válido, debe ser libre, informado y ajeno a cualquier forma de presión o coacción, especialmente cuando hay una relación de poder de por medio.

La historia, aún sin cerrar, deja una pregunta en el aire: ¿están preparadas las legislaciones nacionales para garantizar una protección real y efectiva frente a los abusos de poder disfrazados de acuerdos privados? El debate, sin duda, acaba de empezar.

El contrato y la absolución inicial: un precedente inquietante

En el centro del caso está el llamado “contrato amo-perra”, un acuerdo escrito en el que la mujer, empleada de una empresa, aceptaba una relación sexual y de dominación con su superior jerárquico. Cuando la mujer denunció posteriormente sentirse coaccionada y víctima de abuso sexual, la justicia francesa absolvió al acusado, argumentando que el contrato evidenciaba consentimiento explícito y consciente.

Esta sentencia provocó una ola de indignación entre colectivos feministas, sindicatos y juristas. El fallo se interpretó como una peligrosa banalización del consentimiento y un desconocimiento de las dinámicas de poder en el ámbito laboral. La clave del debate: ¿puede un contrato privado justificar prácticas que, en otro contexto, serían consideradas delito?

Estrasburgo interviene: el consentimiento bajo la lupa

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos revisó el caso y dictaminó que la sentencia francesa no protegió adecuadamente a la víctima. Los jueces de Estrasburgo subrayaron que el consentimiento en contextos de desigualdad jerárquica —como el laboral— puede estar viciado por presiones, amenazas implícitas o miedo a represalias. El tribunal recordó que los Estados tienen la obligación de garantizar un entorno laboral seguro y de proteger los derechos fundamentales, incluso frente a acuerdos privados aparentemente voluntarios.

Como consecuencia, el tribunal condenó a Francia a indemnizar a la mujer con 20.000 euros por daños morales, reconociendo el sufrimiento causado por la falta de protección judicial y la revictimización sufrida durante el proceso judicial inicial.

Claves del debate: consentimiento, poder y derecho laboral

La sentencia de Estrasburgo pone el foco en varias cuestiones de fondo:

• Consentimiento y poder: El consentimiento no es absoluto si existen relaciones de poder desiguales. En el trabajo, la subordinación puede condicionar la libertad real de aceptar o rechazar propuestas sexuales, aunque haya un documento firmado.
• Límites de los contratos privados: Un contrato no puede legitimar prácticas contrarias a los derechos fundamentales ni eximir al Estado de su deber de protección.
• Obligación de los Estados: Las autoridades judiciales deben analizar los contextos y no limitarse a la literalidad de los documentos, especialmente cuando hay indicios de coacción o abuso de poder.

La decisión de Estrasburgo ha sido recibida con alivio por organizaciones de defensa de las mujeres y expertos en derecho laboral, que ven en la sentencia una advertencia clara contra la trivialización del consentimiento en contextos de subordinación. Al mismo tiempo, ha abierto un intenso debate sobre los límites de la autonomía privada y la necesidad de reforzar la formación de los jueces en materia de género y relaciones laborales.

Entre los puntos que destacan los analistas en medios especializados:

• El precedente europeo marca una pauta para casos similares en otros países de la Unión Europea.
• Se espera una revisión de los protocolos internos en empresas y administraciones públicas para prevenir y detectar posibles situaciones de abuso encubiertas bajo acuerdos privados.
• El caso podría incentivar nuevas denuncias y reforzar la protección de las víctimas de violencia y acoso en el ámbito laboral.