El Gobierno Sánchez dilapida 16 millones en embellecer el Ministerio de Vivienda mientras construye cero casas

Van a lo suyo.

Y lo hacen con nuestro dinero, con lo que nos sacan en impuestos.

Y cuando no mangan, dilapidan.

Mientras el Ejecutivo presenta planes ambiciosos para edificar 15.000 viviendas anuales mediante el fondo España Crece, las prioridades presupuestarias del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana revelan una realidad más complicada.

Se ha decidido invertir 16 millones de euros en reformas y ampliaciones de sus propias instalaciones, lo que incluye la expansión de la Casa de la Arquitectura y la reconfiguración de los espacios exteriores del ministerio.

Esta cifra se destaca notablemente frente a la escasa capacidad actual para construir viviendas públicas, que se encuentra prácticamente estancada.

Las reformas abarcan trabajos tanto de embellecimiento interior como exterior en las dependencias ministeriales. Este gasto ha generado dudas sobre cómo se están asignando los recursos públicos en un contexto donde el acceso a una vivienda se considera una de las principales crisis sociales del país.

El encargado de estas iniciativas es Iñaqui Carnicero Alonso-Colmenares, Secretario General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, quien mantiene una estrecha relación con el presidente Pedro Sánchez. Carnicero ha sido un actor clave en la formulación de la política habitacional del Gobierno, aunque sus decisiones relacionadas con la inversión en infraestructuras ministeriales han suscitado críticas sobre las prioridades del gasto público.

Inversiones decorativas en otros ministerios

Este fenómeno no se limita al Ministerio de Vivienda. También el Ministerio de Transportes, bajo la dirección de Ángel Víctor Torres, ha destinado 185.000 euros en papel pintado y mejoras decorativas para embellecer sus paredes y espacios interiores. Aunque esta cifra es inferior a la del Ministerio de Vivienda, ilustra una tendencia más amplia hacia el gasto en mejoras estéticas en instalaciones públicas mientras persisten déficits en servicios básicos.

Estos desembolsos ocurren justo cuando el Gobierno intenta proyectar un compromiso con la vivienda asequible. El fondo España Crece, presentado a mediados de febrero, movilizará 23.000 millones de euros en inversión pública y privada para financiar la construcción de viviendas. Sin embargo, existe una notable discrepancia entre los anuncios sobre inversiones en vivienda y la realidad actual de la construcción pública. Según datos oficiales, la construcción directa de viviendas públicas por parte del Ejecutivo sigue siendo casi inexistente, dependiendo mayoritariamente de colaboraciones público-privadas y del ingreso al parque público de viviendas ya existentes.

La brecha entre promesas y ejecución

La inversión destinada a reformas ministeriales se da en un contexto donde el Gobierno reconoce que España enfrenta una crisis habitacional estructural. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reconocido que hay «debilidades autóctonas» aún no superadas, aunque ha subrayado que el presupuesto asignado a vivienda se ha multiplicado por ocho en los últimos años y que están trabajando en un nuevo plan estatal para ampliar el parque público.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 destina el 30% de sus fondos a rehabilitar el parque residencial existente, actuando sobre más de 260.000 viviendas. Además, se prevé implementar el Pasaporte de Renovación, un instrumento que permitirá planificar intervenciones por fases adaptadas a las capacidades económicas de los propietarios. Estas iniciativas buscan transformar la política habitacional desde un enfoque integral que combine eficiencia energética, accesibilidad y regeneración urbana.

Sin embargo, persiste una paradoja: mientras se destinan millones a embellecer ministerios, la construcción nueva de viviendas públicas continúa siendo marginal. El Gobierno confía en que el sector privado asuma gran parte del reto al construir las prometidas 15.000 viviendas anuales, con el ICO ofreciendo financiación mediante préstamos hipotecarios y otros instrumentos financieros. Esta dependencia del sector privado genera dudas sobre si realmente se podrá alcanzar el objetivo de vivienda asequible sin una inversión pública más directa y significativa en nueva construcción.