Las agresiones sexuales cometidas por extranjeros se triplican en España

La crónica de los sucesos va escribiéndose cada día con sangre fría y cifras que incomodan. El Ministerio de Igualdad puso sobre la mesa un dato contundente: el 68% de los agresores sexuales en España son españoles, el 32% extranjeros. A simple vista, parece que la mayoría de ataques provienen de nacionales, pero el matiz estadístico transforma la lectura: los inmigrantes representan apenas el 14% de la población, lo que se traduce en una probabilidad 3,43 veces mayor de acabar siendo autores de una agresión de este tipo.

En la calle, lo que queda es el eco de una realidad que no distingue ideologías. Siete agresores por cada 10.000 españoles. Veinticuatro agresores por cada 10.000 extranjeros. La operación matemática se convierte en un espejo que refleja una fractura social y políticas gubernamentales incapaces de tejer un relato coherente.

La polémica no es nueva. Cuando la ministra Pilar Alegría quiso defender la política migratoria afirmando que el “73% de los delitos los cometen españoles y el 27% extranjeros”, la aritmética la desdijo: con casi siete millones de extranjeros censados, sus tasas de criminalidad eran hasta 2,5 veces superiores en proporción. En los delitos sexuales, la diferencia se eleva aún más.

Los números de Igualdad no detallan su origen, pero la Fiscalía General del Estado sí lo hizo: en 2024 se abrieron 20.711 diligencias por agresiones sexuales, un 12,11% más que en 2023 y más del doble que en 2022. No hay precisión sobre nacionalidades, aunque el informe deja clara una tendencia: la explosión de casos enlaza directamente con la Ley del “solo sí es sí”, que unificó el abuso y la agresión sexual bajo una misma figura penal. La reforma, impulsada por Irene Montero, aún arrastra centenares de casos previos en tránsito judicial.

El relato del fiscal jefe se detiene en otro escenario inquietante: el silencio de las víctimas. Muchos delitos, por suceder en entornos de intimidad —familia, colegios, clubes deportivos—, nunca salen a la luz. Ese “índice indefinido de impunidad” se convierte en un muro para las estadísticas y deja fuera una parte oculta de la violencia sexual.

Tampoco termina ahí la espiral. La Fiscalía registró 3.283 delitos de violencia sexual cometidos por menores en 2024, un 3% más que el año anterior y parte de un ascenso constante desde 2017. Para explicar este repunte, la Fiscalía señala al consumo precoz de pornografía, al alcohol y drogas, y a la falta de formación en educación sexual. Asegura que la pornografía inspira conductas violentas en adolescentes y trivializa la intimidad.

Pero no todos comparten esa tesis. Investigadores como Richard Hartley y Chris Ferguson desmontan esa equivalencia: en los estudios internacionales, un mayor acceso a la pornografía se ha correlacionado con una disminución de las violaciones. El debate queda abierto, atrapado entre tendencias científicas contrapuestas, discursos políticos y un país que mira con alarma cómo las cifras crecen año tras año.

En los tribunales y en la calle, la sensación es la misma: España está ante una espiral ascendente de violencia sexual que desborda estadísticas y discursos. Una cifra recién publicada no es solo un porcentaje: es la cronología de un país que, entre cálculos y silencios, no logra atajar el verdadero epicentro de un delito que sigue multiplicándose.