Una narcolancha arrolla a una patrullera de Aduanas en plena persecución en Almería

La embarcación, dedicada al abastecimiento de combustible para redes del narcotráfico, embistió deliberadamente una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera en aguas del litoral almeriense durante una persecución nocturna en mar abierto. El choque fue violento y calculado. Los agentes salieron ilesos. Los narcotraficantes huyeron recogidos por una embarcación neumática de apoyo que esperaba en las proximidades. Nadie fue detenido.

La lancha interceptada transportaba garrafas de gasolina destinadas a surtir a otras embarcaciones rápidas del tráfico de drogas, la pieza logística conocida como «petaqueo»: una red de abastecimiento móvil que mantiene operativas las narcolanchas sin necesidad de acercarse a puerto. La embarcación no pudo ser trasladada a puerto. Los daños en la patrullera incluyeron una ventanilla lateral próxima al puente de mando completamente destrozada.

El incidente ocurre pocos días después de que dos guardias civiles, Germán y Jerónimo, murieran en aguas de Huelva durante otra persecución a narcolanchas. Es el mismo patrón, el mismo escenario y el mismo desequilibrio de medios que se repite en el Estrecho y el litoral mediterráneo con una frecuencia que ya no sorprende a nadie en el sector.

El desequilibrio que el Gobierno niega y los agentes sufren

Lo que ocurre en el litoral sur español tiene una descripción precisa que el Ministerio del Interior de Grande-Marlaska se niega a reconocer públicamente aunque sus propios documentos internos la corroboran: los agentes de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera se enfrentan al narcotráfico en una situación de inferioridad material y operativa que pone en riesgo sus vidas de forma sistemática.

Las narcolanchas que operan en el Estrecho de Gibraltar y el litoral almeriense son embarcaciones diseñadas específicamente para la velocidad y la evasión: semirígidas de alta potencia que superan ampliamente en velocidad y maniobrabilidad a las patrulleras de los cuerpos de seguridad. Los narcos conocen los fondos, conocen las rutas, tienen apoyo logístico en tierra y en el mar y disponen de comunicaciones cifradas que les permiten anticipar los operativos policiales.

Frente a eso, los agentes operan con embarcaciones más lentas, con equipamiento de protección insuficiente y con un armamento reglamentario que el Ministerio de Grande-Marlaska admitió en noviembre de 2025 en una resolución interna que resulta «imprescindible» reforzar porque los narcos usan «armas de guerra» como kalashnikovs de calibre 7,62 mientras los agentes tienen pistolas reglamentarias. El contrato para el nuevo material, 21 millones de euros, sigue en tramitación. El material no ha llegado.

Los protocolos que dejan indefensos a los agentes

Pero el problema no es solo de material. Es también de protocolos operativos que los sindicatos de la Guardia Civil llevan años denunciando como desquiciados y que el Gobierno no ha modificado pese a las muertes y los incidentes acumulados.

Los agentes que persiguen narcolanchas en el Estrecho y el litoral mediterráneo operan bajo restricciones de uso de la fuerza que en la práctica los dejan inermes frente a embarcaciones que los embisten deliberadamente, que los ciegan con punteros láser, que emplean maniobras en zigzag para hacer volcar sus zodiac y que en el caso Barbate de febrero de 2024 embistieron frontalmente contra una embarcación con la intención documentada por la Fiscalía de matar a sus ocupantes.

Los protocolos vigentes exigen una cadena de advertencias y procedimientos previos antes de que un agente pueda responder con la fuerza necesaria para detener una embarcación que está actuando como arma. En la práctica, a las velocidades a que se producen estas persecuciones y con la violencia con que actúan las organizaciones del narcotráfico, esos procedimientos son inaplicables. Los agentes tienen que elegir entre cumplir el protocolo y arriesgar su vida o protegerse y enfrentarse a consecuencias disciplinarias.

La consecuencia de ese marco es la que se repite en Huelva, en Barbate y ahora en Almería: los narcos embisten, huyen o matan, y los agentes recogen los daños sin poder responder con la contundencia que la situación exige.

La sofisticación creciente del narcotráfico

Francisco Mena, presidente de la plataforma Alternativas, alerta de que el auge del «petaqueo» confirma la expansión y la creciente sofisticación de estas redes. El «petaqueo» no es una improvisación: es una estructura logística diseñada para mantener operativas las narcolanchas durante travesías largas sin necesidad de acercarse a costa, reduciendo el riesgo de detención y aumentando la capacidad de carga de cada operación.

Las organizaciones que operan en el Estrecho y el litoral almeriense tienen recursos, coordinación y adaptabilidad que superan en muchos aspectos a las estructuras de respuesta del Estado. Mientras la Guardia Civil espera el material prometido en noviembre y opera bajo protocolos que la dejan en inferioridad, las redes del narco incorporan semisumergibles, embarcaciones de apoyo, comunicaciones cifradas y tácticas de evasión que evolucionan más rápido que los operativos policiales.

El incidente de Almería es una patrullera con la ventanilla destrozada y los narcos huyendo en la oscuridad. Huelva fue dos agentes muertos. Barbate fue otros dos agentes muertos y una condena de 42 años pedida por la Fiscalía.

La diferencia entre los tres episodios es solo el desenlace. El escenario, el desequilibrio y la desprotección institucional son los mismos.

Y el Gobierno que firmó en noviembre que sus agentes están en «riesgo extremo» sigue sin entregarles el material prometido y sin modificar los protocolos que los dejan indefensos frente a organizaciones criminales que no tienen ningún protocolo que cumplir.