Trump habría violado la ‘Ley Posse Comitatus’ al desplegar a la Guardia Nacional en California

La reciente determinación del juez federal Charles Breyer marca un punto crítico en la defensa de las libertades civiles estadounidenses ante la tentación de la fuerza militar. Al declarar que el gobierno de Donald Trump no puede utilizar la Guardia Nacional como herramienta de control policial y represión de manifestantes en Los Ángeles, Breyer no solo invoca la Ley Posse Comitatus de 1878, sino que reivindica los principios fundacionales de la democracia estadounidense.

No es menor el contexto. El despliegue ordenado por Trump ocurrió sin el acuerdo del gobierno estatal y tuvo como objetivo frenar las protestas contra las acciones de ICE, acciones que, según el propio juez, nunca pusieron en peligro absoluto el orden civil ni constituyeron una rebelión. ¿Era realmente necesario llamar a la militarización? La respuesta, según Breyer, es contundente: no solo era innecesario, sino ilegal.

La Ley Posse Comitatus fue diseñada para evitar el abuso de poder del Ejecutivo, prohibiendo expresamente el uso de fuerzas armadas para hacer cumplir la ley civil. Si en 1878 el Congreso lo dejó claro, el fallo de Breyer lo recuerda en un momento especialmente delicado para las garantías ciudadanas en Estados Unidos.

La decisión, limitada a California y sujeta a apelación hasta el 12 de septiembre, podría ser solo el inicio de una larga batalla judicial, especialmente considerando que la administración Trump ya busca desplegar a la Guardia Nacional en otros estados como Illinois. Pero el mensaje es inequívoco: la paz social no se preserva a golpe de uniforme ni de botas militares. El gobierno federal debe dialogar con las autoridades locales y respetar los límites que impone la Constitución.

En tiempos de polarización y protestas, el espíritu de la democracia se pone a prueba en cada decisión de las cortes. Defender la independencia de los poderes y los derechos civiles nunca ha sido tan relevante. El fallo de Breyer debe servir como recordatorio: cuando el Estado cruza la raya entre protección y opresión, es la Justicia quien debe restaurar el equilibrio.