Las declaraciones recientes del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, no solo subrayan esta preocupación, sino que advierten de las graves consecuencias que podrían derivarse si no se actúa con transparencia.
El hecho de que Nicolás Maduro insista en afirmar su victoria sin proporcionar las actas electorales para su verificación, no es solo un desafío a la oposición interna, sino un desprecio hacia la comunidad internacional que, en última instancia, podría desencadenar una crisis aún mayor en el país. Como bien señaló Borrell, sin una verificación de los resultados, estos no pueden ser aceptados. Es una verdad simple, pero poderosa, que Maduro parece decidido a ignorar.
La negativa de Maduro a mostrar las actas electorales es, en el mejor de los casos, un acto de desdén hacia el proceso democrático y, en el peor, una confirmación de la manipulación y el fraude.
La comunidad internacional, y en particular la Unión Europea, no pueden permitirse el lujo de mirar hacia otro lado. La legitimidad de un gobierno no se basa solo en el número de votos, sino en la transparencia y la confianza en el proceso que lo llevó al poder.
Borrell ha sido claro: si los resultados no son verificables, no se pueden aceptar. Este es un principio que debe ser defendido con firmeza, no solo por el bien de Venezuela, sino por el bien de la democracia en toda la región. La apelación de Maduro al Tribunal Supremo de Venezuela para que lo defienda es un intento desesperado de validar lo que parece ser una elección ilegítima. Como bien dijo Borrell, el tribunal no tiene la función de contar los votos, y cualquier sentencia que emita será vista con escepticismo.
La represión en Venezuela, con más de 2.000 personas detenidas, es una prueba más de que el gobierno de Maduro está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder, incluso si eso significa sofocar las voces disidentes y negar los derechos básicos de sus ciudadanos. La comunidad internacional debe mantener su presión y exigir una verificación independiente de los resultados electorales. No se trata solo de Venezuela; se trata de defender los valores democráticos en todo el mundo.
Lo que está en juego es la legitimidad de un gobierno y la estabilidad de una nación. Sin transparencia, no hay confianza, y sin confianza, no hay democracia. Es imperativo que la comunidad internacional se mantenga firme en su exigencia de verificación, no solo por el bien de Venezuela, sino por el bien de todos los que creen en la democracia.
