Perú: el primer ministro Adrianzén dimite para esquivar la censura del Congreso

Hoy, 14 de mayo de 2025, la crisis política en Perú ha dado un nuevo giro con la dimisión del primer ministro Gustavo Adrianzén, quien presentó su renuncia irrevocable ante la presidenta Dina Boluarte apenas un día antes de enfrentar una moción de censura en el Congreso.

La salida del premier se produce en un contexto de fuerte cuestionamiento a su gestión, principalmente por su manejo de la creciente ola de criminalidad que azota al país andino.

«Presidenta, pensando en los altos intereses de la patria, me asiste hoy el deber de presentar ante usted mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del Consejo de Ministros», declaró Adrianzén visiblemente emocionado durante una conferencia de prensa junto a Boluarte y el gabinete ministerial.

En su discurso, el ahora ex primer ministro destacó haber ejercido sus funciones «con gran sentido de responsabilidad y compromiso», aunque evitó referirse directamente a las razones de su dimisión.

Una renuncia anticipada a la censura

La salida de Adrianzén se produce en circunstancias particularmente tensas, apenas horas después de que la presidenta Boluarte formalizara cambios en tres ministerios clave: Economía, Transportes e Interior. Esta reestructuración ministerial, que incluyó la designación de Raúl Pérez Reyes en Economía, Carlos Malaver en Interior y César Sandoval en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, parecía un intento desesperado por garantizar la permanencia del primer ministro.

Sin embargo, estos movimientos no lograron aplacar el descontento parlamentario. El factor determinante para la dimisión habría sido la postura de Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori, que con sus 21 congresistas anunció que votaría a favor de la censura. A esta fuerza se sumaron otras bancadas como Renovación Popular y Podemos Perú, esta última promotora de una de las mociones contra el premier.

La situación se complicó aún más cuando Alianza Para el Progreso (APP) anunció acciones disciplinarias contra el recién nombrado ministro de Transportes, César Sandoval, por aceptar el cargo sin la autorización del partido, señalando que «no negocia ni negociará cargos públicos ni intereses con el Estado».

La masacre de Pataz: el detonante final

Uno de los principales detonantes de la crisis fue la reacción de Adrianzén ante el secuestro y posterior asesinato de 13 mineros en Pataz. El premier fue duramente criticado por minimizar inicialmente este grave incidente. Las víctimas fueron posteriormente halladas «sin vida, desnudas y con signos de tortura al interior de un socavón», un hecho que conmocionó a la opinión pública peruana y evidenció la gravedad de la situación de seguridad en el país.

Fuerza Popular expresó en un comunicado su «profunda preocupación por la reacción tardía del gobierno frente a la masacre en Pataz», así como por «las declaraciones del premier ministro que minimizaron la gravedad de los hechos y mostraron una total desconexión con el principal problema del país: la inseguridad».

La criminalidad desbordada: el gran fracaso de la gestión

El aumento de la criminalidad ha sido uno de los principales puntos débiles de la administración Boluarte-Adrianzén. Según el Sistema de Información de Defunciones con Datos Abiertos (Sinadef), más de 640 homicidios se han registrado en Perú en lo que va del 2025, lo que representa un alarmante incremento del 19% respecto al mismo periodo de 2024.

Esta tendencia al alza viene de meses atrás. Ya en enero de 2025, el Ministerio de Salud reportaba 145 muertes violentas en apenas 26 días, con Lima (43 casos), La Libertad (18) y Callao (17) como las regiones más afectadas. A esto se sumaban 78 muertes por accidentes de tránsito y 66 suicidios en el mismo periodo.

La tasa de homicidios en Perú ha experimentado un incremento dramático, pasando de 3.5 por cada 100,000 habitantes en 2019 a 6.1 en 2024, lo que representa un aumento del 74%. Departamentos como Madre de Dios, Tumbes y La Libertad han sido particularmente golpeados por esta ola de violencia.

Las denuncias por extorsión también han mostrado un crecimiento alarmante, ascendiendo a 64.7 por cada 100,000 habitantes en 2024, un incremento del 438% respecto a las 12 registradas en 2019. Esta situación ha llevado al gobierno a declarar estados de emergencia en Lima y Callao, medidas que, sin embargo, no han logrado contener el avance de la delincuencia.

Un gobierno en caída libre

La salida de Adrianzén deja a Boluarte en una posición extremadamente vulnerable. Según el ex primer ministro, su gestión tuvo que gobernar el país «en sus horas más difíciles», aunque llegó al cargo cuando ya había terminado la ola de protestas que tuvo que gestionar su predecesor, Alberto Otárola.

A pesar de que Adrianzén consideró que sus logros en quince meses de gestión son «imposibles de enumerar», la última encuesta publicada muestra una aprobación casi del 0% a la presidenta Boluarte, lo que refleja el profundo descontento de la población peruana con la actual administración.

La mandataria deberá ahora nombrar a un nuevo primer ministro, que será el cuarto en sus dos años y medio al frente de Perú. Según el protocolo, el nuevo jefe de gabinete deberá acudir al Congreso para solicitar un voto de confianza, en un escenario político extremadamente fragmentado y hostil.

El crimen organizado: una amenaza transnacional

La crisis de seguridad en Perú no es un fenómeno aislado. El país enfrenta la expansión de redes criminales como el Tren de Aragua y Los Pulpos, que han extendido sus operaciones a otros países de la región. Esta dimensión transnacional del crimen organizado requiere esfuerzos coordinados entre los países afectados.

En marzo de 2025, el gobierno de Boluarte decretó nuevamente estado de emergencia debido a la fuerte crisis de seguridad, que tuvo como uno de sus episodios más mediáticos el asesinato de un reconocido músico. Este tipo de incidentes de alto perfil han contribuido a aumentar la percepción de inseguridad entre la población.

La situación de inseguridad en Perú representa un desafío urgente no solo para el país sino para toda la región. El próximo primer ministro tendrá la difícil tarea de implementar estrategias efectivas contra el crimen organizado y recuperar la confianza de una ciudadanía cada vez más escéptica sobre la capacidad del Estado para garantizar su seguridad.

Mientras tanto, el Congreso peruano, con una fragmentación que dificulta la gobernabilidad, deberá evaluar al próximo jefe de gabinete en un contexto de creciente polarización política y social. La renuncia de Adrianzén es solo el último capítulo de una prolongada crisis institucional que parece lejos de resolverse.