Hoy, martes 6 de mayo de 2025, Perú continúa conmocionado tras el macabro hallazgo de los cuerpos de 13 mineros que fueron secuestrados, torturados y ejecutados en la provincia de Pataz, región La Libertad.
Este brutal crimen ha obligado a la presidenta Dina Boluarte a declarar toque de queda en la zona, en un intento desesperado por recuperar el control de un territorio disputado por mafias vinculadas a la minería ilegal y la extorsión.
Los hechos, que han sacudido a la opinión pública peruana, revelan una cadena de negligencias por parte de las autoridades y ponen de manifiesto la grave situación de inseguridad que se vive en esta región minera, donde el oro atrae tanto a empresas formales como a organizaciones criminales.
El secuestro de los 13 trabajadores de la empresa R&R, que prestaba servicios a la minera Poderosa (una de las principales extractoras de oro del país), ocurrió el 25 de abril. Sin embargo, durante varios días, tanto el Ejecutivo como la Policía Nacional pusieron en duda la veracidad del secuestro.
El 30 de abril, mientras los familiares de las víctimas marchaban desesperados buscando respuestas, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó públicamente la veracidad del secuestro: «Nuestros órganos y cuerpos de seguridad han estado actuando en Pataz y no tienen noticia de que el suceso que se informó sea veraz. No hay ninguna denuncia hasta el momento».
La realidad era mucho más trágica. El domingo 4 de mayo, se confirmó el hallazgo de los 13 cuerpos sin vida en el interior de un socavón. Las víctimas fueron encontradas desnudas, maniatadas y con disparos en el cuello, evidenciando una ejecución brutal.
Según testimonios de los familiares, los mineros habrían sido asesinados la misma noche de su secuestro, casi diez días antes del hallazgo. «Ellos ya sabían que los muchachos ya estaban fallecidos (…) desde un comienzo les dijimos que ellos se encontraban en el mismo punto porque a ellos nunca los movieron. Fueron asesinados la noche del secuestro», declaró uno de los familiares.
Negligencia gubernamental y policial
La indignación de los familiares se ha dirigido principalmente contra la Policía Nacional y las autoridades gubernamentales, a quienes acusan de inacción y negligencia. Según sus testimonios, fueron los propios compañeros de trabajo de las víctimas quienes encontraron los cuerpos, y no las fuerzas de seguridad.
«Ese video lo teníamos hace dos o tres días. La Policía también lo tiene (…) Desde mi punto de vista la Policía ya sabía esto. La propia minera ha sabido. Los familiares de los secuestrados… ellos han sido asesinados hace una semana, eso no ha sido de hoy», afirmó un familiar a medios locales.
El silencio del gobierno ha sido particularmente criticado. Tras conocerse el hallazgo de los cuerpos, el primer ministro Gustavo Adrianzén se limitó a publicar en su cuenta de X (antes Twitter) el hashtag «#LaMineríaIlegalAsesina», sin ofrecer condolencias a las familias ni explicaciones sobre su postura anterior.
Respuesta gubernamental tardía
Ante la magnitud de la tragedia, la presidenta Dina Boluarte finalmente anunció medidas drásticas el lunes 5 de mayo. En cadena nacional, declaró toque de queda en toda la provincia de Pataz, que regirá desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.
Adicionalmente, la mandataria ordenó la instalación de una base militar permanente en la zona y la suspensión de toda actividad minera en Pataz durante los próximos 30 días. Estas medidas buscan recuperar el control del territorio y erradicar las redes criminales que operan en la región.
El gobernador de La Libertad, César Acuña, había solicitado incluso la declaratoria de estado de sitio, calificándola como «una medida extrema pero necesaria para recuperar el control del territorio y erradicar las redes criminales que amenazan la seguridad del Estado».
El contexto: una zona en disputa
La provincia de Pataz se encuentra en estado de emergencia desde febrero de 2024 debido a diversos atentados perpetrados por mineros ilegales y mafias vinculadas a la extorsión. A pesar de que las Fuerzas Armadas y la Policía han realizado operativos en la zona, la violencia no ha cesado.
La minera Poderosa, una de las principales compañías auríferas del país, ha sido blanco de ataques por parte de mineros ilegales que intentan tomar el control de la zona. Los 13 trabajadores asesinados pertenecían a la empresa R&R, que realizaba labores legales para Poderosa bajo un contrato de explotación.
Según trascendió, los delincuentes habrían exigido cuatro millones de soles (aproximadamente 1,08 millones de dólares) por la liberación de los mineros, aunque la Policía desmintió esta información.
El principal sospechoso
Las autoridades han identificado a Miguel Rodríguez Díaz, alias «Cuchillo«, como el principal sospechoso del secuestro y asesinato de los 13 mineros. La investigación se encuentra en curso, y se espera que en las próximas horas el Ministerio del Interior ofrezca una conferencia de prensa para brindar más detalles sobre el avance de las pesquisas.
El ministro del Interior, Julio Díaz, se trasladó a Pataz la noche del lunes, y se ha anunciado que el comandante general de la policía, Víctor Sanri, también participará en las investigaciones.
Un video escalofriante
La brutalidad del crimen quedó documentada en un video difundido en redes sociales, presuntamente grabado por los propios secuestradores, donde se muestra cómo cada uno de los mineros fue ejecutado a quemarropa. Este material, según los familiares, estaba en poder de la Policía desde hace varios días.
Las imágenes muestran a las víctimas desnudas y con los brazos atados, siendo ejecutadas con disparos al cuello. La difusión de este video ha aumentado la indignación de la población y la presión sobre las autoridades para que actúen con contundencia.
Impacto en la industria minera
La crisis de seguridad en Pataz tiene graves implicaciones para la industria minera peruana, uno de los pilares de la economía nacional. La suspensión de actividades mineras durante 30 días, ordenada por la presidenta Boluarte, afectará no solo a las grandes compañías como Poderosa, sino también a miles de trabajadores y a la economía local.
La minería formal en Perú se ve constantemente amenazada por la minería ilegal, que no solo opera al margen de la ley, sino que recurre a la violencia y la extorsión para controlar territorios ricos en minerales. Este conflicto ha cobrado numerosas vidas en los últimos años y ha convertido zonas como Pataz en territorios prácticamente sin ley.
La masacre de los 13 mineros representa un punto de inflexión que podría llevar a un replanteamiento de las políticas de seguridad en las zonas mineras del país, así como a una mayor presencia del Estado en regiones donde su ausencia ha permitido el florecimiento de organizaciones criminales.
Mientras tanto, las familias de las víctimas exigen justicia y respuestas. La pregunta que muchos se hacen es si las medidas anunciadas por el gobierno serán suficientes para prevenir futuras tragedias o si, como ha ocurrido en otras ocasiones, la violencia volverá una vez que la atención mediática disminuya.
