En un trágico desenlace que ha conmocionado a todo Perú, los 13 mineros secuestrados en la provincia de Pataz, región de La Libertad, fueron encontrados sin vida este domingo 4 de mayo de 2025.
Los trabajadores, que prestaban servicios a la empresa minera Poderosa, una de las principales compañías de extracción de oro del país, habrían sido ejecutados por sus captores tras casi una semana de cautiverio en el interior de un socavón.
Las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos en la madrugada del domingo, después de intensas labores de búsqueda realizadas por equipos especializados de la Policía Nacional.
Las víctimas presentaban signos evidentes de haber sido torturadas antes de ser asesinadas con disparos a quemarropa en la cabeza y el cuello.
El secuestro de los 13 trabajadores se produjo el pasado 26 de abril, cuando un grupo de mineros ilegales, presuntamente coludidos con elementos criminales, atacó las operaciones de un minero artesanal contratado por la empresa Poderosa. Los hombres, identificados como trabajadores de la empresa R&R, fueron retenidos contra su voluntad en medio de una escalada de violencia que ha azotado la zona en los últimos meses.
La situación en Pataz se ha deteriorado gravemente debido a la pugna por el control de la explotación aurífera entre empresas formales y grupos vinculados a la minería ilegal. De hecho, la provincia se encuentra bajo estado de emergencia desde febrero de 2024 debido precisamente a la creciente violencia relacionada con la denominada «fiebre del oro».
Un video difundido en redes sociales, presuntamente grabado por los secuestradores, muestra cómo cada uno de los mineros era ejecutado por sus captores. Las imágenes, de extrema crudeza, han generado indignación en todo el país y han puesto de manifiesto la brutalidad con la que operan las bandas criminales en la zona.
Reacción de las autoridades
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha ordenado el despliegue de equipos de élite especializados en crimen organizado y de divisiones de investigación para capturar a los responsables de este brutal crimen. El Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que indica que los agentes «están plenamente facultados para hacer uso de sus armas de fuego si las circunstancias lo ameritan, en estricto cumplimiento del marco legal vigente».
Jorge Luis Montero, ministro de Energía y Minas, declaró a la radio RPP: «Tenemos que recuperar la gobernabilidad, el orden y la paz en Pataz. Lo que está pasando allí es inaceptable». Estas declaraciones reflejan la preocupación del Ejecutivo ante una situación que parece haberse desbordado a pesar de la presencia policial en la zona.
Por su parte, la empresa Poderosa ha hecho un «llamado urgente» a replantear la estrategia de seguridad del gobierno, señalando que «suman ya 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales que han tomado el control» de la localidad.
El drama de las familias
Los familiares de las víctimas, que habían denunciado su desaparición hace una semana, confirmaron al canal América Televisión que los 13 trabajadores que brindaban servicios de seguridad en la mina fueron hallados muertos. El dolor y la desesperación se han apoderado de estas familias, que ahora exigen justicia y medidas efectivas para combatir la criminalidad en la región.
Las imágenes difundidas por la policía muestran a los efectivos explorando los oscuros socavones con ayuda de linternas y cuerdas para recuperar los cuerpos de las víctimas, una tarea compleja debido a las condiciones del terreno y la profundidad de las galerías mineras.
La minería ilegal: un problema estructural
Este trágico suceso pone de relieve el grave problema que representa la minería ilegal en Perú, uno de los mayores productores de oro en América Latina. La actividad minera es un impulsor económico clave para el país, pero la proliferación de explotaciones ilegales ha generado un entorno de violencia, corrupción y degradación ambiental.
Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, entre 2013 y 2023 se identificaron operaciones por 8.241 millones de dólares sospechosas de provenir de la minería ilegal. Esta cifra da una idea de la magnitud del problema y de los intereses económicos que están en juego.
La «espiral de violencia descontrolada» que vive Pataz, como la ha descrito la empresa Poderosa, se da a pesar de la declaración del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial que, lamentablemente, no ha podido frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona.
Un país bajo la amenaza de la criminalidad
El asesinato de los 13 mineros se enmarca en una ola de extorsiones y criminalidad violenta que ha llevado a las autoridades peruanas a decretar el estado de emergencia en varios puntos del país. La situación es especialmente grave en zonas donde la presencia del Estado es débil y donde actividades económicas como la minería generan importantes flujos de dinero.
Los expertos señalan que la lucha contra la minería ilegal requiere un enfoque integral que combine medidas de seguridad con políticas de formalización, desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional. Sin embargo, la complejidad del problema y los intereses en juego dificultan la implementación de soluciones efectivas.
Mientras tanto, los cuerpos de los 13 trabajadores asesinados son recuperados del interior de la mina para ser entregados a sus familias, en medio de un clima de dolor, indignación y exigencia de justicia. La masacre de Pataz quedará grabada como uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de la minería peruana y como un triste recordatorio de los desafíos que enfrenta el país en su lucha contra la criminalidad y la ilegalidad.
