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El centro de Los Ángeles vive horas críticas desde que el pasado viernes se intensificaran las protestas contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El conflicto ha desembocado en la imposición de un toque de queda, cientos de arrestos y la entrada en escena de la Guardia Nacional, lo que ha elevado aún más la tensión social y política en la ciudad.
La decisión del ayuntamiento, encabezado por Karen Bass, de restringir la movilidad desde las 20:00 hasta las 6:00 horas en una zona acotada del downtown intenta frenar los saqueos y daños materiales que han dejado huella en comercios y edificios públicos.
Según fuentes policiales, sólo en la noche del lunes se registraron más de 100 detenciones por actos vandálicos y robos en al menos 23 negocios, incluyendo tiendas emblemáticas como Apple o Adidas.
El martes, la cifra se disparó hasta los 197 arrestos, después de que varios grupos se negaran a abandonar la vía pública tras el inicio del toque de queda.
Escalada militar: Guardia Nacional y Marines en las calles
La gravedad del contexto llevó al presidente Donald Trump a ordenar el despliegue de cerca de 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines para proteger infraestructuras federales y apoyar a ICE frente a las protestas. Esta medida ha sido duramente criticada por el gobernador Gavin Newsom, que considera que vulnera la soberanía estatal e incrementa los riesgos para la población civil. De hecho, California ha recurrido judicialmente el uso federalizado de sus fuerzas armadas, aunque por ahora sin éxito judicial inmediato.
La operación militar no es exclusiva de California: Texas también ha desplegado la Guardia Nacional anticipando posibles disturbios asociados a protestas similares en varias ciudades del estado. La coordinación entre fuerzas locales y federales evidencia la dimensión nacional que han adquirido estas manifestaciones.
Dinámica de las protestas: entre la indignación social y el deterioro del orden público
Las protestas comenzaron tras varias redadas realizadas por ICE en barrios como Westlake, downtown o South LA, con decenas de detenciones migratorias. Las imágenes rápidamente viralizadas mostraron enfrentamientos directos entre activistas y agentes federales. Durante el día, las concentraciones han sido mayoritariamente pacíficas; sin embargo, al caer la noche se han producido altercados graves: incendios intencionados, ataques a vehículos autónomos y bloqueos masivos en autopistas como la 101.
El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (Jim McDonnell) ha señalado que «bloquear autopistas, calles o rampas, desobedecer órdenes legales para dispersarse e interferir con operaciones públicas es peligroso e ilegal». La policía insiste en que actuará con firmeza ante quienes desafíen el toque de queda o participen en actos violentos.
Reacciones políticas: pulso institucional y crisis social
El choque entre autoridades estatales y federales es ya abierto. Mientras Trump defiende su actuación como imprescindible para «proteger a los agentes federales y garantizar el cumplimiento de la ley», desde Sacramento acusan a Washington de crear una «crisis fabricada» con fines políticos. «Comandar la Guardia Nacional sin consultar al gobernador es ilegal e inmoral», ha afirmado Newsom, quien ha recibido apoyo público tanto del fiscal general californiano como de destacados congresistas.
La alcaldesa Bass ha justificado el toque de queda como una medida extrema pero necesaria para evitar más daños y proteger vidas. No obstante, organizaciones civiles denuncian «uso excesivo» de la fuerza policial y una «militarización» innecesaria del conflicto. En paralelo, algunos líderes locales temen un repunte en tensiones raciales y xenófobas.
Contexto nacional: protestas anti-ICE en otras ciudades
Este estallido social no es exclusivo de Los Ángeles. Ciudades como Nueva York, San Francisco o Dallas han sido escenario simultáneo de marchas contra las políticas migratorias federales. En Nueva York, miles marcharon desde Foley Square hasta sedes federales; en Texas, Austin vivió choques violentos con uso policial de gas lacrimógeno para dispersar multitudes.
El gobierno federal argumenta que estos despliegues buscan evitar un desbordamiento similar al ocurrido durante disturbios pasados; sin embargo, voces críticas advierten sobre los costes económicos (más de 134 millones según datos oficiales) y el impacto negativo sobre derechos civiles.
Escenarios abiertos para los próximos días
Con el toque de queda vigente al menos hasta finales de semana —y posibilidad realista de prórroga— todo indica que Los Ángeles seguirá siendo epicentro informativo. Las negociaciones judiciales sobre el papel militar federal en territorio californiano continúan mientras crecen las exigencias sociales para una salida política dialogada al conflicto migratorio.
En este clima incierto destacan algunas certezas:
- El número total de arrestados supera ya los 300 desde el inicio del fin de semana.
- Las protestas mantienen un tono reivindicativo anti-ICE pero también exigen reformas policiales.
- El pulso institucional entre estado y Casa Blanca puede redefinir competencias sobre seguridad ciudadana.
- Comerciantes locales denuncian pérdidas millonarias mientras crece el temor a nuevos brotes violentos.
A medida que avancen los días será clave observar si se consolida una desescalada real o si nuevos episodios vuelven a sacudir una ciudad acostumbrada —pero nunca insensible— a ser laboratorio social estadounidense.
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