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Hoy, 25 de junio de 2025, Florida vive un nuevo capítulo en la historia migratoria de Estados Unidos.
La creación del centro de detención conocido como ‘Alligator Alcatraz’ —o el ‘Alcatraz de los caimanes’— en pleno corazón de los Everglades ha desatado polémica, miedo y protestas.
No se trata solo de una instalación para encerrar a migrantes: es el símbolo más visible del giro radical en las políticas migratorias bajo la administración Trump, que afecta con dureza a las comunidades hispanas.
Un megaproyecto entre pantanos y reptiles
El Gobierno de Florida ha iniciado la construcción acelerada del centro, previsto para abrir sus puertas en las próximas semanas. Se ubica en un área remota a unos 70 kilómetros al oeste de Miami, dentro del extenso sistema de humedales conocido como Everglades. El lugar elegido, el Dade-Collier Training Facility, es una vieja infraestructura aeroportuaria rodeada literalmente por caimanes y pitones, lo que reduce costes en seguridad y dificulta cualquier intento de fuga.
Con capacidad para 5.000 personas y un coste estimado de 450 millones de dólares anuales, la instalación se compone principalmente de grandes tiendas de campaña. Según el fiscal general James Uthmeier, aliado clave del presidente Trump, aquí se retendrán “extranjeros criminales detenidos en todo el país”, aunque la experiencia reciente sugiere que también llegarán muchos migrantes cuyo único delito es estar indocumentados.
El nombre ‘Alligator Alcatraz’ no es casualidad. Remite tanto al legendario penal insular como a la fauna local y responde a viejas fantasías políticas: Trump ya propuso en su primer mandato construir una fosa con caimanes en la frontera sur. Ahora, con esta prisión temporal, materializa esa visión extrema dentro del propio territorio estadounidense.
Hispanos: los más afectados por las expulsiones
El endurecimiento migratorio ha impactado con especial fuerza a las comunidades hispanas. En apenas cinco semanas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos ha deportado a 4.745 latinoamericanos irregulares, 4.094 de ellos mexicanos. Los operativos se han intensificado en espacios públicos y lugares de trabajo; los acuerdos entre la policía local y agencias federales permiten redadas masivas en colaboración directa con ICE.
Estos son algunos datos clave:
- México encabeza la lista con miles de deportados cada semana, lo que agrava la crisis humanitaria fronteriza.
- Guatemala, Honduras y El Salvador sufren incrementos récord en detenciones y retornos forzosos.
- Colombia ha visto expulsiones masivas tras incidentes como los disturbios previos a la Copa América 2024. El reciente rechazo inicial del gobierno colombiano a aceptar vuelos con deportados generó tensiones bilaterales y sanciones económicas.
- Los migrantes venezolanos también han quedado desprotegidos tras el fin del TPS (Estatus de Protección Temporal), lo que acelera su expulsión o reubicación en terceros países.
Este clima ha tenido efectos devastadores sobre negocios latinos en Florida y otros estados: la clientela cae hasta un 60% por miedo a redadas y agentes federales; empleados abandonan sus puestos; muchas familias viven pendientes del próximo operativo o cambio legal que pueda dejarles fuera del país.
¿Cómo se ha llegado aquí?
La narrativa política dominante vincula inmigración irregular con criminalidad —una idea reforzada por el discurso oficial—, aunque numerosos detenidos no han cometido delitos más allá de su estatus administrativo. La eliminación o restricción acelerada de protecciones como TPS o programas de parole humanitario deja sin opciones legales a miles que llevan años construyendo su vida en EE.UU..
El ‘Alcatraz de los caimanes’ es resultado directo del mandato dado por Trump al aparato federal y estatal: ampliar al máximo la capacidad de detención y acelerar las deportaciones. La colaboración entre más de 200 cuerpos policiales locales con ICE facilita operativos conjuntos incluso en espacios tradicionalmente seguros para los migrantes. El Departamento de Seguridad Nacional prevé que parte del centro esté listo ya en julio, aunque autoridades locales piden más tiempo para evaluar el impacto ambiental y social del proyecto.
Mirando al futuro: ¿qué puede venir?
La prisa en habilitar esta prisión temporal responde tanto a la presión política interna como al calendario internacional: EE.UU. acogerá el Mundial 2026 junto a Canadá y México, lo que preocupa por posibles incidentes similares a los vividos durante la Copa América. Las autoridades buscan así disuadir cualquier intento irregular, incluso recurriendo a sanciones económicas para quienes no pueden ser expulsados rápidamente.
Mientras tanto:
- Las economías latinoamericanas temen un descenso drástico en remesas debido al retorno forzoso.
- Muchos países receptores no tienen capacidad para absorber ni emplear a quienes regresan.
- Organizaciones humanitarias advierten sobre riesgos extremos para quienes quedan atrapados entre fronteras o son enviados a entornos hostiles.
En este contexto, el ‘Alcatraz de los caimanes’ no solo es una prisión física: es un potente mensaje político dirigido tanto hacia dentro como hacia fuera. Marca un punto crítico en la relación entre Estados Unidos y sus comunidades inmigrantes —particularmente hispanas— e inaugura una etapa más dura e incierta para quienes buscan oportunidades o refugio al norte del Río Bravo.
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