¿Y la Operación Tun Tun?

Resulta llamativo, por no decir hipócrita, que algunos se desgasten en críticas a la valiente resistencia clandestina que lidera María Corina Machado, enfrentándose a un régimen que reprime sin piedad, mientras guardan un silencio cómplice, por ejemplo, ante la brutal Operación Tun Tun, orquestada por Diosdado Cabello.

Esta cacería despiadada, que persigue, encarcela y silencia a ciudadanos declarados en resistencia con métodos propios de una dictadura oprobiosa, hoy clasificada como plataforma del “cartel de Los Soles”, no merece ni una palabra de reproche de estos críticos. ¿Cómo se puede cuestionar la lucha por la libertad de un pueblo y, al mismo tiempo, ignorar la maquinaria de terror que busca aplastarla? La coherencia exige denunciar primero la tiranía antes de señalar a quienes la enfrentan con coraje.

La Operación Tún Tun es una estrategia represiva impulsada por la dictadura que impera  en Venezuela, asociada a su operador “estrella”, Diosdado Cabello, quien popularizó el término durante las protestas antigubernamentales de 2017.

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Cabello utiliza su programa de televisión y redes sociales para amenazar a opositores, apuntándolos como objetivos de la operación, que representa un mecanismo de control y represión en Venezuela, marcado por allanamientos ilegales, detenciones masivas y secuestros de opositores. Su implementación ha generado un impacto significativo en la población y ha sido ampliamente criticada por su brutalidad y falta de apego a los principios legales y humanitarios. La operación implica incursiones nocturnas o sorpresivas, principalmente llevadas a cabo por la Guardia Nacional Bolivariana, la DGCIM, el SEBIN y otros cuerpos de seguridad del Estado que se mueven en alianza con los Colectivos y los estigmatizados “Patriotas Cooperantes”.

Esta operación se ha caracterizado por allanamientos de hogares sin órdenes judiciales, violando el derecho a la inviolabilidad del domicilio, practicando detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y, en algunos casos, secuestros de dirigentes de la oposición, con el objetivo de reprimir y neutralizar la disidencia política y social. Actúan en vehículos sin placas, sin portanombres y con el rostro tapado. Después de llevarse a alguien pueden pasar muchos meses sin informar en qué sitio de reclusión lo tienen o si hay alguna causa judicial en la que pudiera estar inmerso.

El afectado no puede tener defensor privado porque también se lo llevan preso. Le prohíben a la familia que publiquen nada al respecto so pena de volver negarles el acceso a su familiar. Extorsionan a familiares pidiéndoles rescates imposibles de pagar. Ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo actúan, ya que son parte de los montajes que justifican las acciones de los funcionarios policiales y militares. A quien se llevan se le meten a la casa y/oficina, una y otra vez, y se roban desde vehículos, computadoras, equipos electrónicos, enseres y todo objeto que represente algún valor sin acta, sin responsabilidad y en total anonimato e impunidad (lo roban tipo mudanza).

Según organizaciones como Human Rights Watch y Foro Penal, los afectados han incluido a líderes políticos, activistas, estudiantes, periodistas, empresarios, gremialistas, y ciudadanos comunes que han expresado críticas al régimen. Las personas son arrestadas sin cargos claros ni respeto al debido proceso. Por ejemplo, María Oropeza, jefa de campaña de la oposición en el estado Portuguesa, fue detenida en su propia casa de habitación durante una transmisión en vivo en 2024.

Tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 en las que ganó contundentemente Edmundo Gonzalez Urrutia, la operación recobró fuerza. 24 ciudadanos fueron asesinados y 2,200 personas fueron detenidas en el contexto de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, según datos de organizaciones locales. Estas detenciones masivas reflejaron un aumento en la escala y la intensidad de las tácticas represivas, afectando tanto a líderes opositores como a ciudadanos que salieron a las calles.

La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación: La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han condenado estas prácticas por violar derechos fundamentales como la libertad personal, la seguridad y el debido proceso. Informes de organismos independientes han destacado el uso sistemático de la Operación Tún Tun como una herramienta de represión política que da lugar al “Terrorismo de Estado” que desarrolla la dictadura madurista.

La Operación Tún Tun ha sido señalada por su carácter ilegal bajo el marco jurídico venezolano e internacional. La ausencia de órdenes judiciales, las detenciones sin cargos formales y el uso de la tortura contravienen la Constitución de Venezuela y tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¡Que dignidad exhiben las mujeres y los hombres de nuestro país! Luchar en medio de esas condiciones requiere demasiada valentía, fe, esperanza y un infinito amor de Patria. Afortunadamente no será en vano. Viene la libertad. ¡Va a pasar!

Antonioledezma.net