Los tiranos Ortega y Murillo declaran propiedad del Estado la tierra y todo lo que hay a menos de 15 km de las fronteras de Nicaragaua

Los caprichos del tirano.

De la pareja, porque en este caso los alocados e insaciables sátrapas son dos y están casados.

La madrugada del pasado 5 de agosto, la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó sin debate real una ley que declara propiedad estatal toda franja de tierra situada a menos de 15 kilómetros de las fronteras nacionales.

La medida, impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, supone la nacionalización forzosa de más de 18.000 km² y afecta directamente a alrededor de un millón de personas, según estimaciones recientes.

El Gobierno sandinista justifica la ley como una respuesta para fortalecer la soberanía y combatir el crimen transnacional, pero para la oposición y analistas independientes se trata de una confiscación masiva sin precedentes.

Un nuevo salto en la política confiscatoria

A día de hoy, 15 de agosto del 2025, la estrategia del régimen sandinista avanza en su lógica confiscatoria. Desde el estallido social de 2018, el matrimonio gobernante ha ido ampliando sistemáticamente la apropiación estatal sobre medios privados: primero fueron empresas mediáticas y organizaciones civiles; después, instituciones educativas y templos religiosos. Ahora, el Estado se adjudica el control total sobre los territorios fronterizos, bajo un pretexto legal que elimina cualquier derecho privado en estas zonas.

La Ley 1258 sustituye a la anterior Ley de Régimen Jurídico de Fronteras (749) y establece que toda propiedad ubicada en esa franja “queda como exclusiva del Estado nicaragüense”. Las consecuencias son inmediatas: miles pierden títulos y derechos sobre tierras heredadas o compradas legalmente. Además, según denuncian organizaciones civiles y expertos legales, se abre la puerta a desalojos forzosos y a nuevas olas migratorias internas.

Centralización absoluta: poder político y judicial

El mismo paquete legislativo que incluye la Ley de Territorio Fronterizo refuerza aún más el control del régimen sobre el aparato judicial. La creación acelerada de una Procuraduría General de Justicia —órgano que absorbe funciones del Ministerio Público— centraliza todo el poder persecutorio en manos del Ejecutivo. Esta estructura elimina cualquier separación funcional en el sistema judicial e institucionaliza la represión política bajo argumentos anticorrupción.

• Todo el trámite legislativo se realizó sin participación ciudadana.
• La Asamblea Nacional aprobó la ley por unanimidad entre diputados oficialistas.
• No existen mecanismos claros para compensar a los afectados.
• Las nuevas instituciones tienen potestad para investigar, procesar y penalizar cualquier acto considerado “delito” contra los intereses del Estado.

“Matrimonio de ladrones sandinistas”: la concentración patrimonial

La figura del “matrimonio sandinista” como motor del expolio estatal no es retórica vacía. El control directo sobre bienes confiscados permite a Ortega y Murillo perpetuar un sistema clientelar donde las tierras y empresas expropiadas se destinan a proyectos afines al régimen o se reparten entre funcionarios leales. De acuerdo con observatorios independientes, desde 2018 se han calculado confiscaciones por más de 250 millones de dólares, afectando a universidades privadas, medios opositores e incluso congregaciones religiosas.

En la práctica:

• La confiscación actúa como castigo ejemplarizante contra sectores críticos.
• Los recursos obtenidos engrosan las arcas estatales o benefician a allegados al poder.
• La ley refuerza la idea del Estado patrimonialista controlado como un feudo familiar.

Este modelo no solo erosiona el derecho a la propiedad privada, sino que también debilita cualquier atisbo de independencia económica o social fuera del círculo gobernante.

Argumentos oficiales frente a críticas internacionales

El régimen presenta su legislación como una medida defensiva frente a supuestas amenazas externas e internas: narcotráfico, trata de personas o lavado de activos. Afirma que países como México, Brasil o Rusia aplican restricciones similares en sus fronteras para resguardar su soberanía. Sin embargo, organismos internacionales y gobiernos extranjeros han reaccionado con dureza. Estados Unidos calificó la medida como una “confiscación masiva” que pone en riesgo la vida y sustento de miles. Además, advierte a sus ciudadanos sobre los peligros legales y económicos al invertir en Nicaragua.

Juristas independientes subrayan que lo ocurrido supone no solo un atropello al derecho constitucional nicaragüense —que prohíbe las confiscaciones— sino una violación flagrante del derecho internacional sobre protección a la propiedad privada.

Un precedente peligroso para Centroamérica

La extensión abrupta del control estatal sobre las fronteras marca un antes y un después en la deriva autoritaria nicaragüense. Afecta especialmente a comunidades rurales e indígenas que habitan tradicionalmente estas zonas; muchas dependen exclusivamente del uso agrícola o ganadero de sus tierras para subsistir.

Analistas advierten:

• La medida puede replicarse en otras áreas geográficas consideradas “estratégicas” por el régimen.
• El precedente legal facilita futuras confiscaciones sobre sectores económicos clave.
• El despojo incentiva nuevos movimientos migratorios internos o hacia países vecinos.

El contexto interno es delicado: tras recientes fugas y purgas dentro del sandinismo histórico —como la huida del exjefe Lenin Cerna— Ortega y Murillo buscan blindar su núcleo duro ante posibles fracturas internas o presiones externas.

Resistencia silenciosa y futuro incierto

En las zonas fronterizas reina ahora un clima tenso. Agricultores temen perder sus cosechas; líderes comunitarios denuncian amenazas si protestan; familias enteras ven evaporarse décadas de esfuerzo patrimonial sin compensación ni recurso legal efectivo. El miedo paraliza cualquier intento visible de resistencia.

Aun así, voces disidentes dentro y fuera del país insisten en documentar lo ocurrido y denunciar ante organismos internacionales lo que consideran una estrategia sistemática para borrar cualquier vestigio opositor mediante el despojo económico.

El régimen sandinista avanza así hacia un modelo totalitario donde territorio, justicia y recursos quedan bajo férreo control familiar. Mientras tanto —y pese al silencio oficial— cada día crece entre los damnificados una sensación amarga: “En Nicaragua ya no existen ni fronteras ni dueños fuera del círculo Ortega-Murillo”.