La justicia de Bolivia ordena liberar a todos los presos políticos encarcelados por los izquierdistas Evo Morales y Luis Arce

La noticia ha sacudido la política boliviana en las últimas horas: el Tribunal Supremo de Justicia ha dado la orden de liberar a todos los presos políticos encarcelados durante los mandatos de Luis Arce y Evo Morales.

La instrucción llega apenas días después de la histórica debacle electoral del Movimiento al Socialismo (MAS), lo que marca una ruptura con más de dos décadas de hegemonía socialista y reabre el debate sobre la independencia judicial en Bolivia.

A día de hoy, 24 de agosto del 2025, el país asiste a escenas insólitas: figuras como Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari —símbolos de la oposición— saldrán en libertad tras años de prisión bajo cargos considerados por muchos como fabricados.

Los jueces disponen solo de 24 horas para revisar los expedientes y verificar los plazos legales, en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la necesidad, según el Supremo, de una “correcta y pronta administración de justicia”.

La excarcelación masiva marca un antes y un después en Bolivia. Para muchas familias supone el fin de un calvario; para otros, una oportunidad para reconstruir puentes rotos por años de enfrentamiento político. El futuro inmediato dependerá tanto del comportamiento institucional como del clima social en las calles.

El eco internacional refuerza la idea: Bolivia encara un ciclo donde la justicia debe ser garantía —no amenaza— para sus ciudadanos.

En palabras recientes recogidas en redes sociales bolivianas: “Bienvenidos a la libertad”.

Un sistema judicial bajo presión

Durante años, organizaciones nacionales e internacionales han denunciado el uso sistemático y desproporcionado de la detención preventiva como herramienta política. El propio ministro de Interior del gobierno saliente, Roberto Ríos, ha admitido recientemente el “uso desmedido” de esta figura legal. Las estimaciones varían: hay entre 180 y 300 personas consideradas presos políticos por organismos independientes.

El caso más visible es el de Jeanine Áñez, expresidenta interina, encarcelada por decisiones políticas reconocidas incluso por Evo Morales en declaraciones públicas. Lo mismo ocurrió con líderes como Camacho o Pumari, perseguidos por supuestos delitos como terrorismo o sedición. Sin embargo, según análisis jurídicos y sentencias recientes, ninguna acusación llegó a probarse bajo los estándares exigidos por el código penal boliviano.

La cifra negra: ¿cuántos presos políticos?

Las cifras exactas son difíciles de determinar debido al hermetismo estatal y la falta de transparencia judicial. No obstante:

• Organizaciones como Prisoners Defenders cifran el número en torno a 200.
• La Fundación Observatorio de Derechos Humanos eleva ese número hasta casi 300.
• El Parlamento Europeo y otras instancias internacionales han exigido repetidamente la liberación inmediata y han condenado las detenciones arbitrarias desde 2019.

Estas detenciones han afectado no solo a líderes visibles sino también a activistas sociales, exfuncionarios públicos e incluso ciudadanos anónimos involucrados en protestas o publicaciones críticas.

El factor electoral: colapso del MAS y ventana para la justicia

La orden judicial llega tras las elecciones generales del pasado 17 de agosto. El MAS sufrió un revés sin precedentes: perdió su mayoría parlamentaria y vio desplomarse su apoyo popular. En este contexto, el debilitamiento del control político sobre las instituciones permitió que la justicia boliviana actuara con mayor independencia.

Este giro ha sido interpretado tanto dentro como fuera del país como una señal clara: la democracia boliviana busca recuperar su equilibrio tras años marcados por persecución política y polarización extrema. La excarcelación masiva representa un gesto simbólico hacia una posible reconciliación nacional.

El refugio cocalero y las sombras del pasado

No se puede entender este proceso sin mencionar el papel que ha jugado el llamado “refugio cocalero” de Evo Morales en la región del Chapare. Tras dejar la presidencia, Morales convirtió esta zona en su bastión personal y político. Desde allí ejerció influencia sobre el MAS, movilizó bases sociales y —según denuncias opositoras— dirigió estrategias para mantener presión sobre jueces, fiscales e incluso sobre miembros del Ejecutivo.

El control ejercido desde el Chapare ha sido uno de los factores que dificultaron hasta ahora cualquier avance real hacia una justicia independiente. La caída electoral del MAS debilita ese cerco y abre una etapa donde actores antes silenciados recuperan margen para actuar.

Claves para entender lo que viene

El escenario se mantiene volátil:

• La liberación efectiva dependerá del cumplimiento estricto por parte de los tribunales regionales.
• Grupos afines al MAS advierten sobre riesgos para la estabilidad social.
• Organizaciones civiles exigen garantías para evitar represalias o nuevas persecuciones políticas.
• La comunidad internacional —incluido el Parlamento Europeo— mantiene su atención sobre Bolivia ante posibles retrocesos o incumplimientos.

Las próximas semanas serán decisivas para calibrar si este giro es solo un gesto simbólico o representa realmente un punto final a años de judicialización política.