Kilmar Ábrego, símbolo de la lucha migrante: claves de un caso que desafía la deportación en Estados Unidos

A las puertas del edificio de inmigración de Baltimore, decenas de personas corean “Si se puede” mientras esperan noticias de Kilmar Ábrego. La escena, repetida una y otra vez en las últimas semanas, resume la tensión y el simbolismo del caso de este migrante salvadoreño que se enfrenta por segunda vez a la deportación de Estados Unidos. Su historia, marcada por errores judiciales, acusaciones cruzadas y un clima político hostil hacia la migración, se ha convertido en un emblema de la incertidumbre que viven miles de personas bajo las actuales políticas migratorias.

Una detención con eco internacional

A día de hoy, 25 de agosto de 2025, Kilmar Ábrego García vuelve a estar bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras presentarse a una cita judicial en Baltimore. La nueva detención se produce apenas unas semanas después de que un juez federal ordenase su regreso a Estados Unidos, tras una deportación errónea a El Salvador en marzo. Allí, Ábrego pasó casi tres meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión destinada a miembros de pandillas, pese a que un tribunal estadounidense ya había determinado que enfrentaba un “temor bien fundado” de violencia si regresaba a su país de origen.

El regreso de Ábrego en junio, bajo custodia y con nuevos cargos de tráfico de personas, no cerró su caso. Por el contrario, las autoridades estadounidenses insisten en que representa un “peligro claro” para la sociedad, mientras su defensa niega todas las acusaciones y denuncia una persecución política y judicial que busca convertirlo en ejemplo disuasorio para otros migrantes.

Las claves jurídicas: órdenes judiciales y limbos legales

El caso de Ábrego evidencia la complejidad y las contradicciones del sistema migratorio estadounidense. Actualmente pesan sobre él dos órdenes judiciales que prohíben su deportación inmediata. Una, emitida por el juez principal de la Corte de Distrito de Maryland, garantiza un periodo de gracia para cualquier inmigrante que presente una petición de habeas corpus en ese distrito. Otra, de la jueza federal Paula Xinis, le otorga 72 horas para defender su caso antes de ser expulsado de Estados Unidos continental.

Pese a ello, las autoridades del ICE le detuvieron en cuanto se presentó a la cita en los tribunales. Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, sostiene que Ábrego cumplía con todas las condiciones de su liberación: arresto domiciliario y monitor de tobillo. “La única razón por la que eligieron apresarlo es para castigarlo”, afirma.

Las alternativas propuestas por el gobierno estadounidense agravan el desconcierto. Tras fracasar la opción de enviarlo de nuevo a El Salvador —país donde su vida correría peligro—, se le ofreció la posibilidad de deportarlo a Costa Rica, opción que rechazó porque implicaba declararse culpable de tráfico humano y permanecer encarcelado hasta su traslado. Ahora, Uganda aparece como el destino probable, tras un acuerdo reciente entre ambos países para aceptar a ciertos deportados de Estados Unidos.

El trasfondo político y la presión social

La administración de Donald Trump ha endurecido su discurso y sus acciones contra la inmigración irregular. En palabras del propio presidente, Ábrego es un “animal” y “maltratador”, epítetos que han sido rechazados por organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes, quienes denuncian una estrategia de criminalización sistemática.

El caso ha generado movilizaciones en Baltimore y en otras ciudades estadounidenses. Unas 200 personas se congregaron frente a la oficina del ICE para exigir la liberación de Ábrego y denunciar la “instrumentalización política” de su situación. Los mensajes de solidaridad, como “Dejen de detener a nuestros vecinos” o “Liberen a Kilmar”, reflejan el impacto social de una historia que va más allá de lo individual.

Precedentes y escenarios futuros

La primera deportación de Ábrego fue reconocida por el propio Departamento de Justicia como un error procesal: se ejecutó pese a que existía una orden judicial que prohibía su expulsión. La posterior negativa del gobierno estadounidense a repatriarlo, alegando imposibilidad de reclamar su regreso a El Salvador, fue vista por la defensa como una táctica dilatoria y una muestra de desprecio hacia el Estado de derecho.

A nivel jurídico, la clave reside en la revisión de la petición de habeas corpus y en las posibles respuestas del gobierno en las próximas audiencias. Si la jueza Xinis mantiene la protección temporal, Ábrego podría ganar tiempo para rebatir los cargos y evitar una deportación exprés. Sin embargo, la presión política para mostrar mano dura es intensa y las opciones de asilo en terceros países siguen abiertas.

Los cargos de tráfico de personas, que Ábrego niega, serán fundamentales en el desenlace. El Departamento de Justicia insiste en que puede declararse culpable o ir a juicio, mientras la defensa denuncia que se trata de acusaciones infundadas usadas como pretexto para su expulsión.

¿Un caso aislado o un síntoma sistémico?

La historia de Kilmar Ábrego no es solo la de un migrante atrapado en una maraña judicial. Es, también, el reflejo de cómo la política migratoria de Estados Unidos, especialmente bajo la administración Trump, ha optado por la vía punitiva y la criminalización, generando inseguridad jurídica y temor en comunidades enteras. La movilización social y la atención mediática han convertido a Ábrego en un símbolo, pero miles de personas se enfrentan cada día a situaciones similares, sin la visibilidad ni el respaldo que ha logrado este caso.

La evolución del proceso judicial y las decisiones políticas que se tomen en los próximos días marcarán no solo el destino de Ábrego, sino también el rumbo de la política migratoria estadounidense en un contexto de polarización creciente.

El eco de las palabras de Ábrego frente a sus seguidores en Baltimore —“Aunque la injusticia nos está golpeando duro, no perdamos la fe”— resuena como recordatorio de una lucha que trasciende fronteras y cifras. Un proceso que, a falta de certezas, sigue abierto y mantiene en vilo a quienes ven en él una batalla por la dignidad y el derecho a la justicia.