Los tiranos sandinistas Ortega y Murillo duplican su poder en Nicaragua

Voraces.

Crueles y cleptócratas.

Y además, miserables.

La acumulación de poder en Nicaragua ha alcanzado dimensiones extraordinarias.

Desde esta semana, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo se ha dotado de una copresidencia formal, sino que también ha nombrado a dos ministros de relaciones exteriores y a dos jefes policiales.

Esta estrategia, presentada por el régimen como una reforma constitucional, acentúa la tendencia autoritaria y la confusión institucional que atraviesa el país.

La “copresidencia”: de la pareja presidencial al poder compartido

El giro decisivo ocurrió en febrero de 2025, cuando una reforma constitucional, promovida y aprobada por una Asamblea leal al régimen, definió que “la Presidencia de la República está integrada por un Co-Presidente y una Co-Presidenta”. De este modo, la pareja presidencial consolidó su control familiar sobre el Estado al formalizar la figura de la “copresidencia”, algo inédito en América Latina. Solo se puede comparar, desde el punto de vista formal, con diarquías como las de San Marino o Andorra, aunque sin los mecanismos democráticos que existen en esos lugares.

En este marco, Rosario Murillo ha ido acumulando poder mientras que el liderazgo de Daniel Ortega mostraba signos evidentes de desgaste. Lo que comenzó como su papel de asesora y portavoz ha evolucionado hasta convertirla en co-jefa del Estado. Esto ha ocurrido tras años participando activamente en la represión y control social, además del escándalo familiar relacionado con la denuncia por abuso sexual realizada por su hija, Zoilamérica Ortega Murillo.

Duplicidad diplomática: dos cancilleres bajo una misma voz internacional

El martes 23 de septiembre de 2025, el régimen anunció el Acuerdo Presidencial 151-2025, designando como ministros de relaciones exteriores a Valdrack Jaentschke y Denis Moncada. Este hecho marca un precedente inusual en la diplomacia actual. La decisión se tomó tras un año cargado de movimientos internos: en septiembre de 2024, Moncada fue destituido como canciller aduciendo “motivos de salud”, momento en el que Jaentschke asumió el cargo. Sin embargo, Moncada fue reubicado como “ministro asesor para políticas y asuntos internacionales”, lo que permitió que ambos compartieran ahora oficialmente el mismo puesto.

La presencia de dos titulares en una cartera tan crucial como la Cancillería suscita serias interrogantes sobre cómo será representada Nicaragua a nivel internacional. ¿A quién reconocerán las organizaciones multilaterales? ¿Quién tiene la autoridad para firmar tratados? Este tipo de duplicidad suele observarse más frecuentemente en contextos de fractura institucional o guerra civil (como sucede en Libia o Yemen). Refleja así la desconexión del régimen respecto a los estándares internacionales y agudiza aún más su aislamiento diplomático.

Policía Nacional: dos jefes para un control absoluto

No solo la diplomacia enfrenta esta “bicéfalia”. A finales de agosto, la Asamblea aprobó otra reforma que permite a la Presidencia nombrar dos jefes para la Policía Nacional. Con esto, el régimen oficializó a Juan Victoriano Ruiz como cojefe junto al primer comisionado Francisco Díaz, consuegro del matrimonio presidencial. Ambos ahora comparten el mando sobre una fuerza policial que ya actúa como brazo represor y parapolicial desde los violentos sucesos de 2018.

La existencia de dos jefaturas no busca alcanzar un equilibrio; más bien se enfoca en asegurar un control familiar absoluto y lealtad incondicional. La Policía nicaragüense se ha convertido en garante del régimen ante cualquier amenaza a su supervivencia. Este escenario abre las puertas a posibles conflictos entre sus mandos, creando una cadena organizativa confusa y fragmentada. Las contradicciones operativas y las ambigüedades legales son evidentes, complicando aún más los temas relativos a derechos humanos y seguridad dentro del país.

Antecedentes: el Estado cleptocrático sandinista

Este fenómeno no es casual. Forma parte de una lógica clara orientada hacia la acumulación tanto de poder como riqueza por parte de la familia Ortega-Murillo y su círculo cercano. La oposición lo describe como una dictadura cleptocrática donde los sandinistas actúan como ladrones. Desde 2018, el régimen ha intensificado su represión con medidas drásticas como despojos de nacionalidad y confiscaciones dirigidas contra opositores, periodistas y activistas.

El sistema legal y político se adapta continuamente a los intereses personales del dúo presidencial, desmantelando cualquier vestigio institucional. La reciente reforma que priva a quienes obtienen otra nacionalidad del estatus nicaragüense es solo un ejemplo del uso del Estado como herramienta para venganzas personales y saqueos sistemáticos.

¿Qué puede suceder?

La duplicidad en los cargos podría extenderse a otros ámbitos del Estado. Hay quienes advierten sobre la posibilidad de ver copresidencias también dentro de la Asamblea Nacional e incluso intentos similares dentro del Ejército; aunque aquí el riesgo podría ser aún mayor. La institucionalización de esta diarquía ya es reconocida globalmente; sin embargo, su singularidad radica no solo en la falta total de controles sino también en esa peligrosa concentración familiar del poder—nada tiene que ver con buscar consensos o equilibrios reales.

La consecuencia inmediata es un desorden institucional palpable junto con una parálisis funcional del Estado. En términos internacionales, esta falta claridad sobre quién representa realmente a Nicaragua podría desembocar en disputas diplomáticas severas y un mayor aislamiento del país dentro de foros multilaterales. A nivel interno, las confusiones alrededor del mando policial sumadas a las carencias legales para proteger a los ciudadanos intensifican un clima marcado por el miedo y la arbitrariedad.

Claves del nuevo esquema de poder

• Reforma constitucional que establece formalmente la copresidencia Ortega-Murillo.
• Nombramiento simultáneo como ministros de relaciones exteriores: Valdrack Jaentschke y Denis Moncada.
• Designación conjunta como jefes policiales: Francisco Díaz y Juan Victoriano Ruiz.
• Consolidación clara hacia un modelo cleptocrático represivo.
• Amenazas latentes sobre desorden institucional e incremento del aislamiento internacional.

Mientras tanto, esta pareja presidencial continúa innovando dentro del autoritarismo; Nicaragua se adentra así en aguas desconocidas donde los límites entre legalidad y arbitrariedad comienzan a disolverse. La duplicidad en los cargos no fortalece al Estado; más bien pone al descubierto el temor que sienten Ortega-Murillo ante una posible pérdida del control total. Esto abre paso a una etapa llena incertidumbre y desconfianza en todos los rincones del país.