La ruptura entre EE.UU. y Colombia desata una tormenta en la lucha antidroga

Durante décadas, la relación entre Estados Unidos y Colombia ha sido un pilar fundamental en la lucha contra el narcotráfico a nivel global.

Washington ha destinado miles de millones de dólares a asistencia militar, inteligencia y programas sociales, con el objetivo de erradicar cultivos ilegales y desmantelar redes criminales.

Sin embargo, la reciente tensión entre Donald Trump y Gustavo Petro está poniendo en riesgo este engranaje estratégico justo cuando las amenazas del narcotráfico y la corrupción política alcanzan niveles alarmantes.

Las acusaciones directas de Trump, quien ha calificado a Petro de “narco” y “lunático”, han provocado una reacción contundente del presidente colombiano, rompiendo así la confianza diplomática.

EE.UU. ha decidido suspender la ayuda económica y aplicar aranceles, mientras que Colombia denuncia amenazas de invasión y retira a su embajador en Washington.

Las repercusiones de esta fractura van más allá del conflicto personal: podrían arruinar años de cooperación y dejar el terreno preparado para el crecimiento de la narcoguerrilla y el fortalecimiento de los llamados narcopolíticos.

Colombia recibe más de 200 millones de dólares anuales en ayuda estadounidense destinada principalmente a inteligencia, erradicación y apoyo agrícola. El 80% de la inteligencia estratégica que utiliza Washington en su lucha contra el narcotráfico en América Latina proviene de fuentes colombianas.

Los programas de cooperación abarcan entrenamiento militar, vigilancia tanto aérea como marítima, así como desarrollo alternativo para comunidades rurales.

La presión ejercida por EE.UU. ha impulsado reformas institucionales y ha condicionado gran parte del enfoque político colombiano en materia de seguridad y justicia. A pesar de sus críticas hacia el modelo tradicional, Petro había mantenido una relación pragmática con Washington hasta que se produjo esta ruptura.

El choque Trump-Petro: consecuencias inmediatas

La disputa personal entre ambos líderes ha escalado rápidamente. Trump ha acusado a Petro de liderar el narcotráfico, afirmando que el presidente colombiano fomenta la producción y protege a organizaciones criminales. Por su parte, Petro ha respondido defendiendo su historial al denunciar los vínculos entre el narco y la política nacional, acusando a Trump de actuar movido por ignorancia y cálculos electorales.

Este enfrentamiento trae consigo varios efectos inmediatos:

• Suspensión de la ayuda estadounidense: El corte de fondos impacta directamente en programas destinados a erradicación y desarrollo en áreas vulnerables.
• Aislamiento internacional de Colombia: El país se ve expuesto a sanciones y pierde interlocución con su principal socio estratégico.
• Ventaja para el crimen organizado: La falta de coordinación y recursos crea un vacío que facilita la expansión tanto de la narcoguerrilla como de los clanes criminales, quienes aprovechan este desinterés estatal.
• Deterioro económico: Los nuevos aranceles afectan gravemente al comercio colombiano, especialmente en sectores agrícolas y manufactureros.

Un escenario de riesgo compartido

Las acusaciones lanzadas por Trump no solo impactan a Petro como individuo; también alimentan una narrativa que sostiene que la política colombiana está infiltrada por intereses delictivos. Esto erosiona aún más la credibilidad institucional y complica la gobernabilidad. Petro argumenta que estas afirmaciones buscan desestabilizar su proyecto político mientras alinean a la oposición interna con intereses foráneos.

La ruptura entre EE.UU. y Colombia se produce en un momento crítico, cuando tanto la narcoguerrilla como los narcopolíticos están ganando terreno. Grupos armados, muchos herederos de las FARC o vinculados al ELN, controlan rutas clave para el tráfico e imponen su poder en amplias zonas rurales.

La disminución de cooperación internacional puede traducirse en una mayor capacidad para reclutar y financiarse por parte de estos grupos; mayor impunidad para políticos y funcionarios vinculados a redes criminales debido a una menor presión judicial y diplomática y la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones y en el Estado de derecho.

El conflicto actual beneficia a los actores que ambos países afirman combatir. Como advierten analistas e exmandatarios, es el crimen organizado quien emerge como único ganador ante esta escalada. La desconexión entre Bogotá y Washington limita las capacidades para hacer frente a amenazas transnacionales, debilitando así un frente común contra el narcotráfico.

Si se mantiene esta ruptura, Colombia podría buscar alianzas alternativas con gobiernos como el venezolano, lo cual incrementaría aún más la polarización regional.

Por su parte, EE.UU. perdería acceso privilegiado a inteligencia operativa en el continente, debilitando su influencia e impidiendo su capacidad para contener el tráfico ilegal.

Además, podría generar un fortalecimiento tanto de la narcoguerrilla como de los narcopolíticos pondría en peligro no solo la estabilidad democrática en Colombia sino también el control territorial.

Más allá del ruido mediático generado por esta disputa, las realidades en las zonas rurales y urbanas colombianas reflejan una vulnerabilidad ante violencia, corrupción y pobreza relacionadas con el narcotráfico. La cooperación internacional no se reduce únicamente a cuestiones económicas; también es fundamental construir confianza mutua junto con voluntad política. Si este enfrentamiento entre Trump y Petro no encuentra solución pronta, ambos países se verán debilitados ante un enemigo común que no entiende ni fronteras ni campañas electorales.