Un asustado Maduro intensifica la represión en la Venezuela chavista, mientras crece el acoso internacional

Nicolás Maduro asumió su tercer mandato presidencial el 10 de enero en un contexto de crisis sin precedentes.

Desde entonces, ha puesto en marcha una estrategia sistemática de represión que incluye arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y un control total sobre las instituciones estatales.

Lo que comenzó como una contienda electoral en julio de 2024 se ha transformado en una de las peores crisis de derechos humanos que ha vivido América Latina en los últimos años.

La máquina represiva del régimen madurista opera a toda velocidad. Más de 1.900 prisioneros políticos siguen encarcelados desde finales de julio, según datos del Foro Penal, una organización dedicada a monitorear la situación de los derechos humanos.

Entre ellos se encuentran 42 adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años. Las cifras son alarmantes: desde 2014, Venezuela ha registrado un total de 17.882 detenciones con motivos políticos.

Sin embargo, las cifras no cuentan toda la historia. Lo que caracteriza al régimen actual es la complejidad de sus métodos. No se trata únicamente de encarcelamientos, sino de una estructura de control que utiliza la desaparición forzada como herramienta del Estado.

Desapariciones forzadas como arma de control

Las desapariciones forzadas se han convertido en el mecanismo más atroz de represión. Amnistía Internacional ha documentado 15 casos de personas desaparecidas entre julio de 2024 y junio de 2025, con 11 aún sin paradero conocido. Lo más preocupante es que las víctimas no son solo ciudadanos venezolanos.

El régimen ha capturado a personas provenientes de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay. Dos españoles, Andrés Martínez y Jose María Basoa, fueron detenidos en septiembre bajo acusaciones de ser agentes de inteligencia. Ambos ingresaron al país como turistas y las autoridades españolas han negado cualquier relación con ellos. Ambos continúan desaparecidos.

Esta práctica pone de manifiesto una estrategia dual: fortalecer el control interno mientras se utilizan a extranjeros como piezas en negociaciones internacionales.

Tras las elecciones, el régimen anunció haber capturado a más de 150 «mercenarios extranjeros». Sin embargo, ninguno ha sido presentado ante la justicia con transparencia y sus familias desconocen su paradero. Los gobiernos correspondientes no reciben respuestas a sus gestiones diplomáticas.

El sistema judicial actúa como cómplice en este entramado represivo. Los tribunales llevan a cabo audiencias secretas y asignan defensores públicos que carecen de autonomía para actuar con independencia; además, emplean juzgados especializados en «terrorismo» que no garantizan imparcialidad alguna. El resultado es predecible: condenas fabricadas y desapariciones legitimadas. La Misión de Investigación de Hechos de las Naciones Unidas ha señalado que estas prácticas constituyen crímenes contra la humanidad.

La represión electoral como modelo

Lo sucedido durante las elecciones de julio de 2024 estableció un patrón que se ha repetido desde entonces.

El régimen era consciente de que perdería si permitía un escrutinio transparente. Los registros electorales recopilados por la oposición indicaban que Edmundo González Urrutia había obtenido el 67 por ciento del voto popular; sin embargo, el gobierno proclamó a Maduro ganador con un 51,95 por ciento sin aportar pruebas verificables. Ante las protestas masivas en las calles, la respuesta fue brutal: se reportaron 23 muertos y miles fueron detenidos, junto a torturas documentadas.

Lo que vino después fue aún más sistemático. El régimen lanzó la «Operación Tun Tun», una serie coordinada de detenciones masivas dirigidas a manifestantes y críticos del gobierno.

Utilizó aplicaciones como Ven App para incitar a los ciudadanos a denunciar a sus vecinos; cerró 15 emisoras radiales y bloqueó el acceso a 35 sitios web informativos; censuró plataformas como X, Wikipedia y Signal. En los primeros ocho meses del año 2024 se registraron hasta 507 violaciones a la libertad de expresión.

Cuando la oposición intentó participar en las elecciones parlamentarias programadas para mayo del año siguiente, el régimen volvió a recurrir al mismo guion: nuevas detenciones y nuevas desapariciones se hicieron presentes nuevamente. Docenas de activistas y defensores derechos humanos fueron arrestados en esta ocasión también.

Con gran parte del sector opositor boicoteando el proceso electoral y una participación mínima registrada, el partido gobernante logró mantener el control sobre la Asamblea Nacional y la mayoría en las gobernaciones.

Las leyes represivas que formalizan el autoritarismo

Maduro no se limita solo a la represión extrajudicial; también ha promovido un paquete legislativo que legitima el autoritarismo imperante. En agosto del año pasado, la Asamblea Nacional aprobó la «Ley AntiONG», otorgando al gobierno un control extenso sobre las operaciones y financiamiento de organizaciones civiles; exige un registro detallado ante el ejecutivo e incluye disposiciones ambiguas que permiten disolver grupos sin justificación clara alguna. La ley «Antifascismo» amplía aún más lo que se considera delitos políticos; mientras tanto, la «Ley Simón Bolívar» completa este arsenal legal represivo.

Estos instrumentos legales no son casuales ni fortuitos; formalizan lo que ya sucedía en la práctica: la eliminación del espacio cívico disponible para los ciudadanos.

Durante el primer semestre del año pasado, los defensores derechos humanos sufrieron hasta 592 ataques, lo cual representa un aumento del 92 por ciento respecto al año anterior; además, más de 36 activistas vieron sus pasaportes cancelados impidiéndoles salir del país mientras otros fueron encarcelados sin contemplaciones.

Entre ellos destaca Carlos Correa, un prominente defensor cuyos arrestos recientes han levantado alarmas; mientras tanto, Edmundo González, quien ganó las elecciones opositoras tuvo que huir tras recibir una orden judicial por «conspiración» e «incitación a la desobediencia».

El aislamiento internacional y los procesos legales

La comunidad internacional ha comenzado a reaccionar aunque los resultados sean limitados hasta ahora.

Gobiernos como los de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile o Ecuador, así como otros países han condenado abiertamente los abusos cometidos por el régimen venezolano; además, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó recientemente por dos años adicionales el mandato para investigar estos hechos en octubre pasado; igualmente, la Corte Penal Internacional sigue evaluando lo ocurrido en Venezuela mientras un juez argentino emitió órdenes internacionales contra Maduro, su ministro del Interior Diosdado Cabello y varios funcionarios más por presuntos crímenes contra la humanidad.

No obstante estos pasos legales enfrentan serias dificultades prácticas: Maduro tiene bajo su dominio todas las instituciones estatales; aquí no existe separación real entre poderes ni autonomía judicial efectiva alguna—el Tribunal Supremo actúa meramente como una extensión del poder ejecutivo mientras que la Fiscalía se convierte en herramienta para persecuciones políticas selectivas—Los gobiernos vecinos como los de Colombia, Brasil o incluso México han intentado promover diálogos con resultados muy limitados hasta ahora; además hay que añadir que las sanciones económicas suelen afectar mucho más al pueblo llano que al propio régimen.

La crisis humanitaria como telón de fondo

Mientras Maduro consolida su férreo control represivo sobre Venezuela, el país atraviesa una auténtica catástrofe humanitaria sin precedentes: más de 20 millones viven sumidos en pobreza multidimensional sin acceso adecuado ni siquiera a alimentos básicos o medicinas esenciales; ocho millones han abandonado el país durante esta última década buscando mejores condiciones vitales fuera; encuestas recientes indican que hasta un 43 por ciento está considerando emigrar también—el Plan Humanitario Respuesta Humanitaria ONU sigue recibiendo menos del 28 por ciento necesario para poder operar eficazmente.

Es importante señalar cómo represión y crisis humanitaria están intrínsecamente conectadas: el régimen utiliza escaseces alimentarias o medicamentos para controlar aún más a su población canalizando recursos solo hacia aquellos leales al Estado—los llamados «colectivos», grupos paramilitares afines al gobierno operan con total impunidad cometiendo asesinatos extrajudiciales especialmente entre sectores más vulnerables—se estima que decenas miles han sido ejecutados extrajudicialmente durante estos años recientes principalmente hombres jóvenes entre los18 hasta los30 años.

Hacia dónde va Venezuela

Lo ocurrido hasta ahora no puede considerarse simplemente una crisis pasajera sino más bien consolidación firme hacia un sistema represivo totalmente autoritario—Maduro ha aprendido cómo actuar con total impunidad dentro del país—las investigaciones internacionales avanzan lentamente pero firmemente—los gobiernos latinoamericanos están divididos ante esta situación compleja—la oposición interna sigue debilitándose con miles tras las rejas y líderes exiliados lejos ya—los procesos electorales han sido secuestrados completamente.

La gran incógnita es si esta represión sistemática puede considerarse suficiente motivo para justificar acciones decididas desde gobiernos democráticos alrededor del mundo—la mencionada Misión Investigadora ONU clasifica todo esto dentro crímenes contra humanidad—mientras tanto desde Amnistía Internacional continúan documentándose desapariciones forzadas constantes—aún así palabras vacías sin consecuencias apenas representan algo tangible.

Todo lo ocurrido merece atención porque establece precedentes peligrosos: si un régimen puede perpetrar crímenes contra humanidad sin enfrentar consecuencias reales ni rendir cuentas ante nadie entonces otros regímenes podrán tomar nota fácilmente—la represión llevada adelante por parte Maduro no es solo tragedia nacional sino también prueba determinante para poner a prueba sistema internacional protección derechos humanos.