¿Cómo es la pandilla Barrio 18 que desata el caos en Guatemala con motines carcelarios y asesinatos de policías?

El pasado domingo 19 de enero, Guatemala se despertó ante una crisis de seguridad sin precedentes.

Barrio 18, la pandilla calificada como terrorista por Estados Unidos hace solo un año, llevó a cabo una revuelta carcelaria que trascendió los muros penitenciarios.

El resultado fue trágico: siete agentes de la Policía Nacional Civil perdieron la vida, diez más resultaron heridos, al menos 37 personas fueron tomadas como rehenes y el país se vio obligado a declarar un estado de sitio que durará treinta días.

El reportaje de BBC Mundo no escatima en detalles.

Todo comenzó el sábado 18 de enero, cuando internos de Barrio 18 se amotinaron simultáneamente en tres cárceles: el Preventivo Zona 18, Fraijanes II y la prisión de máxima seguridad Renovación 1.

Los amotinados incendiaron las oficinas administrativas y retuvieron a guardias, personal administrativo y una psicóloga. Su objetivo era claro: forzar al Gobierno a trasladar a Aldo Duppie Ochoa, conocido como El Lobo, líder máximo de la organización, a un centro donde pudiera disfrutar de comodidades especiales y privilegios para su banda.

Ochoa, de 41 años, cumple una condena de 2.000 años. Su primer ingreso en prisión ocurrió cuando tenía apenas 16 años.

Actualmente está casado con María Marta Castañeda Torres, sobrina de la exprimera dama Sandra Torres, quien ha sido candidata presidencial en varias ocasiones en Guatemala. La captura de El Lobo, anunciada por la Policía Nacional Civil mediante videos y fotografías, fue el catalizador que encendió lo que vendría.

Pocos minutos después del anuncio sobre su detención, Barrio 18 ejecutó una represalia coordinada.

A primeras horas del domingo se registraron diez ataques simultáneos contra comisarías en Ciudad de Guatemala y sus alrededores. Los pandilleros utilizaron armas de fuego para asaltar las sedes policiales, resultando en siete policías muertos y diez heridos. El mensaje era claro: no permitirían que la captura de su líder quedara sin respuesta.

El Gobierno actuó con firmeza ante esta crisis. Durante la tarde del domingo, las fuerzas de seguridad recuperaron el control en las tres prisiones, logrando liberar a todos los rehenes. En cadena nacional, el presidente Bernardo Arévalo anunció el decreto del estado de sitio en todo el país por un periodo de treinta días. Esta medida extraordinaria permite al Estado movilizar toda su fuerza, incluyendo a la Policía Nacional Civil y al Ejército, para hacer frente a las pandillas. Arévalo dejó claro su postura: «No voy a realizar ningún acuerdo con ningún grupo terrorista. No voy a ceder ante este chantaje ni restaurar sus privilegios a cambio de que cesen sus acciones».

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, también fue contundente. Afirmó que no habría negociaciones con el crimen organizado y responsabilizó a los internos por la seguridad de los rehenes. Explicó que los motines surgieron como reacción directa a las medidas implementadas para eliminar privilegios otorgados a miembros de pandillas, incluyendo requisas destinadas a recuperar el control estatal y desmantelar centros dedicados a la extorsión.

Barrio 18 no es una agrupación cualquiera.

Calificada como terrorista tanto por Estados Unidos como por el Congreso guatemalteco el año pasado, esta pandilla es acusada de llevar a cabo actos violentos extremos junto con actividades delictivas sistemáticas como extorsiones, sicariato y tráfico de drogas. Son rivales de la Mara Salvatrucha 13 (MS-13). Su influencia se extiende por toda Centroamérica, y como la MS-13, también busca extender sus tentáculos hacia Europa; sin embargo, en Guatemala ha establecido una estructura poderosa que desafía abiertamente al Estado.

Los efectos de esta crisis traspasaron las prisiones y comisarías.

El Ministerio de Educación decidió suspender las clases en escuelas privadas, cooperativas y municipales como medida preventiva. Además, se decretaron tres días de luto nacional en honor a los policías fallecidos. Aunque Arévalo aseguró que el estado de sitio no afectaría la vida cotidiana ni el funcionamiento normal de instituciones públicas o privadas, la tensión se hizo palpable en todo el país.

La situación refleja una realidad más profunda: las pandillas han evolucionado desde simples grupos criminales hasta actores políticos que desafían directamente al Estado guatemalteco. Los motines carcelarios no fueron meros actos espontáneos; fueron operaciones planificadas con objetivos políticos claros. El ataque simultáneo contra diez comisarías evidenció una capacidad organizativa y armamentística inusual entre organizaciones criminales en la región.

Ahora el Gobierno enfrenta un dilema complicado.

Aunque el estado de sitio es una herramienta poderosa, su duración es limitada. Treinta días son insuficientes para desmantelar una organización que ha demostrado habilidades coordinativas notables, recursos financieros significativos y un arraigo profundo en la sociedad guatemalteca. La banda controla territorios estratégicos, extorsiona negocios e incluso trafica drogas; además ha mostrado su capacidad para llevar a cabo operaciones militares contra las fuerzas del orden.

La captura de El Lobo representó un golpe significativo para la pandilla pero también fue el detonante del conflicto actual. Su detención revela la disposición del Gobierno para confrontar abiertamente a esta organización criminal; sin embargo, también pone sobre la mesa que Barrio 18 está preparado para responder con violencia masiva. La muerte de siete policías es un recordatorio escalofriante: esta batalla no está ganada; más bien es apenas el inicio de un enfrentamiento que podría intensificarse en los meses venideros.

La comunidad internacional sigue atentamente lo ocurrido. Estados Unidos probablemente ofrecerá apoyo al Gobierno guatemalteco mediante inteligencia, capacitación y recursos tras haber designado previamente a Barrio 18 como terrorista. Sin embargo, encontrar una solución duradera exige más que operaciones militares; implica reformas profundas dentro del sistema penitenciario que permitan erradicar prácticas corruptas que han permitido operar con libertad a estas organizaciones criminales; además se requieren estrategias preventivas enfocadas en abordar las causas subyacentes del reclutamiento juvenil hacia estas bandas.

Lo acontecido en Guatemala durante ese fin de semana fue sin duda un punto crucial. No se trató simplemente de un motín carcelario; fue una muestra clara del nivel sofisticado alcanzado por las pandillas centroamericanas como amenazas serias para la estabilidad estatal. La respuesta gubernamental fue firme pero ahora vendrá la verdadera prueba: los próximos treinta días serán determinantes para decidir cómo continuará esta lucha contra una organización dispuesta a desangrar al país para mantener su dominio.